Forum Noticias. El senador Patricio Martínez García, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una iniciativa con proyecto de decreto para que al menos el 10 por ciento de los presupuestos de las dependencias públicas sean ejercidos mediante la modalidad de compras públicas de innovación. El objetivo es incentivar la participación del sector privado, para que a través de desarrollos innovadores apoyen la solución de problemas gubernamentales que eficiente el gasto y la actividad de las dependencias públicas.

Para fomentar las compras públicas innovadoras -con las reformas propuestas- las entidades interesadas aprobarían y crearían un fondo especial para tal objetivo, el cual cofinanciarían y podrían integrarse recursos de los programas de apoyo a Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) existentes.

También se busca que el objetivo del contrato sea la adquisición de algún bien o la prestación de un servicio innovador, o que cuente con avances tecnológicos incorporados en los mismos, mediante el cual, la dependencia o entidad pueda incrementar su capacidad para cumplir con algún servicio que recibe la población, y además eficiente el ejercicio del gasto público y se aproveche o use la propiedad industrial desarrollada en el país.

La iniciativa con proyecto de decreto busca reformar los artículos 20 y 22 fracciones I, III segundo párrafo y VI incisos D, E y F, y la fracción XVI del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En la exposición de motivos, el documento publicado el 14 de junio en la Gaceta de la Comisión Permanente, señala que es prioritario que México continúe impulsando el desarrollo científico y tecnológico de manera contundente, por la sencilla razón de que hoy, ninguna economía en el mundo puede aspirar a una mayor competitividad y productividad si no basa la misma en acciones que fomenten la innovación. La palabra innovación es el futuro y la falta de innovación es atraso.

En ese tenor, las contrataciones públicas representan un instrumento de política macroeconómica indiscutible en la medida que el ejercicio del gasto público es un factor que incentiva el mercado y la innovación nacionales.

“Actualmente la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público contempla medidas para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, mediante diversas obligaciones tendientes a que las dependencias y entidades contraten mayores recursos públicos a este sector de la economía del país.

“Las compras públicas innovadoras o que incorporan o cuentan con avances tecnológicos incorporados en los bienes o servicios, han demostrado en los países en los cuales se realizan, una forma muy adecuada para eficientar el ejercicio del gasto público a favor de la población e impulsar la investigación y el desarrollo a través de la compra de bienes y servicios que no existen en el mercado y ayudan a reconocer la innovación como elemento fundamental para la productividad, la competitividad y un mecanismo de crecimiento sostenido de las industrias”, enfatiza el exgobernador de Chihuahua.

El escrito menciona que de acuerdo a un estudio realizado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, en la actualidad, diversos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) están usando contrataciones públicas, regulación, estándares e iniciativas dirigidas por el mercado, así como políticas de consumo e iniciativas de innovación guiadas por los usuarios para estimular la innovación.

Por ejemplo, Finlandia, Holanda, España y Suecia han fijado entre el 2 y 5 por ciento de su presupuesto para compras públicas de innovación; Australia busca con su concepto propio, que las empresas desarrollen productos innovadores y ecoeficientes para el gobierno; Noruega lanzó en 2013 su “Estrategia para Reforzar el Efecto Innovación de las Compras Públicas”, estrategias similares que se han lanzado en Canadá, Dinamarca, Alemania, Corea del Sur, Reino Unido, Costa Rica y Colombia.

“La planeación de las contrataciones públicas es un gran pendiente que tienen las dependencias y entidades, no obstante, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece la obligación de contar con un programa anual de contrataciones. Sin embargo, la norma que contempla la elaboración de este documento considera aspectos que no se cumplen porque no aportan elementos necesarios que promuevan realmente un orden en el ejercicio del gasto público.

“La necesidad de contar con una norma que integre los elementos necesarios para que las dependencias y entidades ordenen la contratación a lo largo del ejercicio fiscal, y por lo tanto, definan el momento más adecuado para salir a contratar, representa un elemento clave en todos los casos, pero en especial para las compras públicas innovadora, ya que estas deben planearse con el debido tiempo y su programación es necesaria para considerar el plazo que cada proyecto debe tener para que se conozcan o evidencien sus beneficios económicos y sociales”, detalla el legislador del Partido Revolucionario Institucional.

Agrega que el proyecto que se presenta plantea que las dependencias y entidades cuenten con una adecuada programación de los procedimientos de contratación, lo cual solo será posible si se adecua la norma a la realidad y contempla esta los datos indispensables para conseguir mejores resultados al momento de ejercer los recursos públicos.

Anayansin Inzunza/FCCyT