DGDC-UNAM. Si algo ha demostrado la historia es que por su geografía y condiciones climáticas México es un país en constante exposición a los desastres naturales, pero ¿qué tan preparados estamos para enfrentarlos?

Para la doctora Naxhelli Ruiz Rivera, investigadora del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), nuestro país aún está muy lejos de conseguir la perfección en materia de prevención de riesgos, a pesar de que informes como el de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre el Sistema Nacional de Protección Civil, o el Índice de Gobernabilidad de Políticas Públicas en Gestión de Riesgo de Desastres 2015, señalan que “México es el ejemplo internacional para todos los países en términos de lo que se tiene que hacer y cómo se tienen que diseñar las políticas públicas en gestión de riesgo”.

Frente a estos enfoques optimistas, Ruiz Rivera aclara que “cuando hablamos realmente de cómo se desarrollan los procesos de prevención y de atención reactiva estos siempre ocurren en lo local, en contextos específicos, bajo una serie de condiciones no necesariamente favorables y que desafortunadamente, como ya lo sabemos en muchas dimensiones de la vida pública de México, está permeado por otros intereses que no necesariamente están ligados al bienestar de la población”.

La investigadora atribuye las grietas en el terreno de respuestas rápidas y eficientes a varios factores que no necesariamente tienen que ver con la escasez de recursos sino a una falta de comunicación entre sectores y una mala estandarización al momento de recolectar la información para crear estrategias inteligentes de prevención.

“Existen muchos problemas de terminología. Que uno asuma que es lo mismo hablar de peligro, amenaza, desastre y siniestro hace que haya una serie de imaginarios en la población que lo interpretan de modo diferente”, reconoció la especialista de la UNAM, institución que forma parte de la mesa directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

Esta dispersión terminológica lleva a que los grupos no se comuniquen entre sí. “La gestión de riesgos no es una política sino un campo en el que intervienen muchos actores diciendo lo que cada uno quiere”. Añadió que además existen sectores con mucha influencia como “los empresarios inmobiliarios, quienes están tomando las decisiones sobre dónde tienen que crecer las ciudades y de qué manera tienen que crecer (…) Muchas construcciones que se hacen en áreas de riesgo son por decisión de la élite económica”, apuntó.

Por si lo anterior no fuera suficiente, el mapeo de la información para encontrar respuestas y mejorar la planeación estratégica es un problema en sí mismo. El cuestionario del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para sondear las capacidades de los municipios tiene información errónea y no estandarizada. “Sabemos qué tienen los municipios y los estados, lo que no sabemos es cómo se desempeñan con esos recursos y los resultados que dan (…) La Secretaría de Hacienda no tiene realmente una información detallada de cómo gastan los municipios su presupuesto”, dijo la integrante del Sistema Nacional de Investigadores.

Una de las recomendaciones de la experta fue que el fondo reactivo del Fondo de Desastres Naturales necesita cambiarse por un fondo que identifique en dónde va a tener mejores resultados para mejorar la gestión de los gobiernos locales que finalmente son los primeros que tienen que lidiar con los problemas.

Myriam Vidal/DGDc-UNAM