Forum noticias. El pasado 1 de marzo, el titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa, Juan Carlos Guzmán, concedió el amparo promovido por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el 29 de enero, con lo cual se ha suspendido por tiempo indefinido la construcción de las dos torres del conjunto Be Grand en la Avenida Universidad.

La solicitud de la UNAM -ahora respaldada por un juez federal- se basaba en que la Ciudad Universitaria (CU) podría perder su denominación como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), debido a la construcción de las torres de departamentos a tan solo 400 metros de la entrada principal de la institución y que transformaría la visión panorámica del campus.

Desde el inicio de los trabajos de cimentación, a finales de 2017, los focos rojos se encendieron en la comunidad universitaria hasta llegar a la rectoría. En el pasado Consejo Universitario, el rector Enrique Graue Wiechers manifestó que el tema era de “una preocupación importantísima para la universidad, no solo por lo que representa en el impacto ambiental, explotación de agua y generación de tráfico en la zona, sino además por la afectación a la visibilidad de este Patrimonio de la Humanidad”.

Por lo tanto, la UNAM, a través del despacho de su Abogada General y de su Dirección de Asuntos Jurídicos, interpuso una demanda de amparo contra las autoridades correspondientes de la capital que expidieron los permisos para la construcción de dos torres, de 23 y 27 pisos, frente a la entrada principal de CU, sobre el número 75 de avenida Copilco.

Hace algunas semanas, durante el foro “Ciudad Universitaria y el desarrollo urbano de sus alrededores. Desafíos y oportunidades”, realizado en la Facultad de Arquitectura, Raúl Aguilar, director general de Asuntos Jurídicos de la UNAM, había manifestado que de acuerdo con el artículo 133 constitucional, los tratados y convenciones internacionales de las cuales México es parte, la ley suprema de carácter internacional está por encima de las leyes locales —las cuales fueron omisas al permitir la construcción de la inmobiliaria Be Grand. Dentro de esta protección, la UNESCO establece zonas de amortiguamiento, en una de las cuales se encuentra el desarrollo inmobiliario y que restringe su altura a dos niveles (las torres de Be Grand Universidad serían de hasta 27).

“Conforme la declaratoria, la documentación que tuvo la UNESCO para aprobar CU como patrimonio, esas zonas de amortiguamiento están bajo el control de la Ciudad de México. Entonces, al igual que todas las autoridades correspondientes, tiene la obligación de hacer compatibles las normas de desarrollo urbano con las autorizaciones o licencias que expide, considerando las restricciones que la declaratoria de patrimonio mundial emitió para proteger a CU”, refirió el representante de la Abogada General de la UNAM. No  obstante, no lo hizo, la autoridad fue omisa y no realizó esas consideraciones y la primera instancia por donde pasa tal regulación es la competencia delegacional, en este caso Coyoacán.

“Desde esa perspectiva, tanto la regulación urbana, y en concreto el programa delegacional de Coyoacán, no tiene compatibilidad y viola las zonas de amortiguamiento establecidas para la protección de CU. Volviendo a la supremacía de las normas, evidentemente el Estado mexicano está obligado a respetar la Convención, y en consecuencia desde la perspectiva de la Universidad, revisar la autorización que deja de lado estas zonas de amortiguamiento. Esto transgrede a la Convención y pone en riesgo la permanencia de CU como Patrimonio Cultural de la Humanidad”, se explicó.

Si la legislación internacional y la Constitución no son suficientes para comprender la violación del espacio visual de CU como patrimonio del ser humano, también hay decretos nacionales que la UNAM buscaría hacer valer junto con el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), así como con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.

Por otra parte, la representante de la UNESCO en México, Nuria Sanz, informó hace varios días que estaba a la espera de un informe realizado por la UNAM sobre la construcción de un inmueble, para enviarlo a París, Francia, sede del organismo de las Naciones Unidas.

“Las autoridades universitarias quedaron en presentarme las conclusiones del debate que han tenido. Estoy esperando que nos comuniquen el resultado, para poder analizarlo y comunicarlo a París para que se tomen las decisiones correspondientes”.

El viernes 23 de febrero se llevó a cabo una marcha organizada por estudiantes de la universidad, que tuvo como punto de reunión la Biblioteca Central.

De acuerdo fuentes judiciales, la empresa constructora cuenta con un plazo de 10 días para impugnar la suspensión ante un tribunal colegiado de circuito.

FCCyT