Ley de costa, necesidad impostergable en México

Por: Luis  Capurro Filograsso*

Hace años que, por todos los medios a mi alcance y con resultados poco halagüeños, he tratado de destacar una realidad indiscutible: el reconocimiento de que México es un país marítimo. Tal vez no he sido muy claro al explicar lo que es un país bordeado en casi todo su perímetro por el mar, y de allí que no haya tenido muy buenos resultados. Por eso, a pesar de que me acusen de ser de repetitivo u obstinado con el tema,  insisto en mis publicaciones en el rol que juegan los mares que bañan nuestro litoral marítimo, en particular las costas, humedales costeros y hinterlands,  en la grandeza socioeconómica y el desarrollo sostenible de nuestro país.

A diferencia de una nación continental, cuyos recursos estratégicos y otros intereses materiales son de naturaleza terrestre, somos dueños de una formidable extensión territorial de agua marina con todos sus recursos naturales y usos del suelo cuyo valor es difícil de concebir. En pocas palabras, tenemos un enorme valor agregado como país marítimo, que debemos reconocer por principio vital y, en consecuencia, utilizar para nuestro desarrollo sostenible. Ese valor agregado proviene de lo que conocemos en la jerga científica  como  intereses marítimos. Desgraciadamente, hemos sido incapaces de reconocer la magnitud y, por lo tanto, de evaluar y usar en lo que valen, esos intereses especiales debido a nuestra ventajosa característica geográfica. Podría insistir desde esta metodología pero considero más conveniente describir cómo un gran país marítimo, como lo es Estados Unidos, encaró tal condición ya que he sido testigo interesado en su evolución.

Llevo más de sesenta años participando en los asuntos del mar luego de haber vivido la época en que su estudio era motivo de atracción romántica; de haber sido activo participante en la década de 1950 cuando se despertó un interés genuino en conocer la naturaleza y comportamiento de nuestro planeta en el mundo entero, que culminó con un sensacional ataque científico masivo como fue el Año Geofísico Internacional, ya que su legajo de resultados científicos nos ha llevado al estado actual del conocimiento de nuestro planeta y de su rol en nuestra galaxia. Fue en esa época que la potencia marítima más grande del mundo actual captó la importancia del rol que el mar juega en su destino, mismo que pretendo ilustrar en este artículo para “La Jornada” con la esperanza de tener más suerte que en mis esfuerzos anteriores

La década de 1960 fue instrumental en el desarrollo de la ciencia oceánica en el mundo entero y particularmente tomó enorme impulso en los Estados Unidos cuando el Presidente J.F.Kennedy destacó en su mensaje a la nación el apoyo que su gobierno daría al estudio y aprovechamiento de lo océanos, como lo requería un país como el suyo Este interés oficial por el estudio del mar tuvo una reacción de magnitud inesperada en la comunidad científica marina, ya que la poderosa máquina industrial norteamericana se alistó a cooperar en tal esfuerzo. Tal declaración de interés al más alto nivel gubernamental, tuvo resultados científicos y repercusiones globales que estamos viviendo actualmente. Pero la cosa no paró allí, ya que además promovió y estimuló el movimiento ambiental de la ética del uso de la tierra, que culminó con la Ley Nacional de Política Ambiental de 1961 y con una década de legislación ambiental en numerosas áreas del ambiente humano. Empero, no es aquí donde termina mi interés del tema, sino en un movimiento genial que deseo destacar que concentra mi interés en el tema marino y costero que pretendo cubrir en este artículo de divulgación.

En medio del despertar ambiental mundial de los años sesenta, el presidente de esa nación marítima que es Estados Unidos, reconoció el rol que el mar que los rodeaba tendría en su futuro desarrollo y creó una Comisión en Ciencias, Ingeniería y Recursos  Marinos, la cual produjo, después de dos años de intensa actividad, un informe titulado “Nuestra Nación y el Mar - Un Plan para Acción Nacional”,  más conocido como el Informe Stratton, que proveyó la primer revisión comprensiva y evaluación de la política oceánica de los Estados Unidos. Este documento de 305 páginas incorporó sugerencias para la creación de una Comisión del Congreso a sus efectos, la cual culminó en 1972 con la aprobación de la Ley de Manejo de la Zona Costera para estimular a los Estados a “preservar, proteger y desarrollar hasta donde fuera posible la zona costera nacional”, y de la Administración Nacional del Océano y la Atmósfera ” conocida como NOAA, agencia federal que nos provoca envidia por no contar con algo similar, que sirva en México a los que trabajamos en la ciencia oceánica y atmosférica en otros países marítimos. La NOAA es hoy día una agencia federal basada en la ciencia dentro del Departamento de Comercio, con responsabilidades en un servicio regulatorio, operacional, y de información y un presupuesto de 3.900 millones de dólares, 12,800 empleados y con una presencia en cada estados y territorios de los Estados Unidos.   

Todo lo que he citado antes de este párrafo es simplemente para destacar la envergadura y el reconocimiento que un país marítimo otorga a sus intereses marítimos y expresar que modestamente desearía algo similar en nuestro caso, como integrantes del gran país marítimo que somos y que tanto nos cuesta admitir. En palabras más sencillas, la Comisión Stratton y el Congreso de los Estados Unidos reconocieron que sus intereses marítimos eran muy importantes para que fueran manejados por distintas agencias menores del país de diferentes departamentos gubernamentales, con presupuestos reducidos y con interferencias en la concepción de sus responsabilidades en el tema. Además, muy interesante es que la responsabilidad de tal manejo ambiental del mar y aire se lo otorgara al Departamento de Comercio y no a la Agencia de Protección Ambiental, como sugiriendo que el organismo más interesado en que ese gran ecosistema rindiera sus frutos es el Departamento de Comercio, ya que de allí adquiere sentido el gran presupuesto operacional de la NOAA.

¿Por qué deseamos contar con una Ley de Costa en México?

La respuesta está bien clara en todos los motivos que tuvo el gobierno norteamericano en su Ley de  Manejo Costero, que son exactamente similares a los nuestros, además que en la actualidad no contamos con nada que se acerque a tal concepción, mismo que nos coloca en una situación muy desventajosa para lidiar con los serios problemas de cómo manejar los grandes intereses en el mar. Un simple ejemplo de tal situación se puede ilustrar con las realidades actuales que vivimos en la península de Yucatán. Nuestros intereses marítimos actuales incluyendo el aspecto científico de los mismos, está repartido en diferentes secretarías y otras agencias de gobierno que no cuentan con planes de manejo integrado y sostenible de los intereses marítimos que les competen y con un grado de prioridad relativo a sus otras responsabilidades, y con posibles puntos de vista diferentes con otras agencias gubernamentales con similares responsabilidades en otros aspectos de dichos intereses, potenciales generadores de interferencias y por ende mal manejo.

Personalmente, he vivido en el campo científico cerca de la principal fuente de apoyo con que contamos para investigación que es el CONACYT, dentro del cual unos debemos competir con otras disciplinas científicas y, si tenemos la posibilidad de que se apoye algún proyecto de cierta magnitud relacionado con los océanos, cuando terminamos administrativamente con él pero debemos continuar con su monitoreo científico para verificar la bondad de sus conclusiones o la sostenibilidad de algún aspecto de la costa, encontramos que no hay  respaldos federales o estatales para tal monitoreo y que nuestra investigación ha de quedar en una simple contribución científica sin posibilidades de ser de utilidad o de impacto. El panorama es desalentador desde las cosas tal como en México en ausencia de una Ley de Costa.

Cuando dispongamos de una ley de costa federal y las consiguientes leyes de los estados marítimos, entonces dentro de las mismas podrán identificarse los grandes temas de investigación costera y oceánica que, por figurar dentro de la ley, tendrán asegurados fondos sobre bases continuas durante la formulación anual de los presupuestos nacional y estatal, y ello nos evitará el andar mendigando por fondos hacer ciencia y manejo serio. Este problema de la falta de respaldos federales o estatales para la investigación científica de los océanos es grave en lo relacionado con la península de Yucatán por varias razones a saber: 1) porque, por los fines de sostenibilidad del uso del suelo, somos “todo costa”; 2) porque nuestro principal uso del suelo es el turismo costero; 3) porque evidentemente el plan federal es hacer a la península la capital del turismo costero nacional -bienvenido por cierto ya que en tal sentido estamos en pleno desarrollo turístico costero-, pero sin contar con las bases científicas al respecto, y 4) porque somos la región del país más vulnerable a las amenazas ambientales globales.

A pesar de las carencias y omisiones en torno al respaldo a la ciencia que tanto nos interesa desarrollar para el futuro de la región, una luz de esperanza no las ha dado el Congreso del Estado de Yucatán que está considerando la confección de una ley de costa estatal, que podría originar una reacción similar de los otros congresos en otros dos estados de la Península y cuyo impulso deseamos que alcance también para impulsar otra del Ley de Costa desde el Congreso Federal.

Perdón por la insistencia, pero debemos tener claro que el problema de intereses marítimos es un asunto muy serio dentro del panorama nacional y como tal merece y debe ser tratado en forma particular. México es una nación “muy marítima” y lo menos que podemos  hacer por ella es reconocerlos y cuidarlos, y una ley de costa no es mucho pedir.

*Profesor-investigador CINVESTAV-IPN Unidad Mérida