Aborto y tendencias políticas actuales

Adriana Ortiz-Ortega

Una pregunta habitual que surge cuando se discute el tema del aborto, es si su despenalización en México podría dividir las aguas entre los que la apoyan y los grupos conservadores, mayoritariamente católicos. Esta pregunta se ha vuelto particularmente relevante a raíz de la participación de instancias federales que apoyan la defensa de los derechos del feto desde la concepción, frente a la despenalización del aborto propuesta por partidos diferentes al Partido Acción Nacional (PAN) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Por un lado, el hecho de que la reforma a las leyes de aborto fuese promovida por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, y apoyadas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), confirma la voluntad de estas agrupaciones de hacer un contrapeso al partido en el poder dada su agenda conservadora en materia de aborto. Por otro, el PAN y los grupos conservadores aprendieron la lección que les dejó la llamada Ley Robles. Vale la pena contrastar las movilizaciones de 2000 y 2007.

En 2000, el PRD trabajó a favor de aumentar las causas de exculpación del delito del aborto y se fijaron además procedimientos para hacer efectivo el aborto por violación; frente a estas acciones, la opinión pública era favorable a las reformas, a consecuencia de la indignación provocada por la intención de los legisladores de Guanajuato de excluir la violación como causal para el aborto legal en ese estado, y las reacciones del PAN tuvieron un carácter desarticulado. Sin embargo, en 2007 las fuerzas conservadoras orquestaran su resistencia apegándose más a las reglas de la democracia, pues movilizaron a la opinión pública (a través de marchas, la recolección de firmas y una intensa campaña mediática que incluyó spots de radio y televisión, diversos desplegados en los diarios de circulación nacional y la apertura de varios sitios web) y buscaron alianzas con otros actores políticos. Asimismo, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Procurador General de la República (José Luis Soberanes y Eduardo Medina Mora, respectivamente) presentaron cada uno sus impugnaciones para solicitar su anulación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por supuesta anticonstitucionalidad; éstas ya fueron admitidas por el magistrado Sergio Salvador Aguirre Anguiano; pero el proceso para llegar a una sentencia definitiva será largo, al parecer.

Para explicar mejor la postura de distintos partidos frente al conservadurismo es conveniente mencionar la consolidación de la laicidad: de acuerdo con distintas encuestas públicas llevadas en el último año a nivel nacional, más del 60% de las personas encuestadas manifestaron estar a favor de que las mujeres decidan continuar o no con un embarazo.

Frente al creciente laicidad que aleja el fantasma de la polarización, es importante profundizar en los beneficios que arrojan a las mujeres mexicanas que sean los partidos políticos los que tomen la iniciativa de incluir nuevas medidas atenuantes frente al aborto. En una primera instancia, es de celebrarse el contrapeso de distintos partidos políticos frente a la creciente sagacidad del PAN para detener la despenalización del aborto. Sin embargo, desde una perspectiva más crítica, llama la atención que fuese necesario que los partidos políticos tomaran la iniciativa de proponer las demandas. Esta iniciativa puede leerse tanto como el resultado de una inclusión del tema del aborto en la agenda pública, como una muestra del debilitamiento de los movimientos sociales y su dependencia hacia los partidos políticos para el cabildeo de sus demandas.

Dada la presencia del PAN en el poder, para los partidos políticos antes mencionados, temas como el aborto o la legalización de las Sociedades de Convivencia, ofrecen oportunidades para consolidar su postura frente a las demandas de los movimientos sociales en un escenario político donde avanza la laicidad en México.

Desde una postura crítica, debe llamarse la atención sobre el posible uso electoral de los temas de la agenda feminista. Por lo mismo no debe olvidarse que el tema de género figuró de manera tangencial durante el periodo electoral en la agenda electoral. En el caso del aborto, sigue existiendo un trecho entre las medidas para su despenalización y el acceso de las mujeres pobres a dicho servicio pese a las recientes declaraciones que nos muestran la disminución de la mortalidad materna gracias al acceso a los servicios. Queda por tanto pendiente que el debate social en México lleve no sólo a la despenalización del aborto, sino a su legalización. Por el momento, domina entonces una liberalización que incluye un amplio debate social sobre su práctica, pues éste no se castiga penalmente, al tiempo se cumplen ciertas circunstancias, entre las que cabe resaltar aquella a la que se le llamó coloquialmente “la quinta causal”, que fue aprobada hace dos meses en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y que se refiere a la posibilidad del aborto legal cuando el embarazo interfiere con el proyecto de vida de la mujer.

Doctora en Ciencia Política por la Universidad de Yale, Profesora-investigadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer de El Colegio de México.