La CIMARES y el camino a la Ley de Costa

Por: Luis Capurro Filograsso, Jorge Franco Cáceres y Víctor Castillo Escalante*

Durante los últimos meses, hemos atendido la presentación de conferencias sobre los impactos del cambio climático por distinguidos colegas, que nos ilustraron sobre el tema y sugirieron la adopción de medidas para mitigar esta amenaza. Evidentemente, está creciendo la preocupación al respecto y todo parecería indicar que a fin de año pudiera lograrse un acuerdo global sobre cómo enfrentar el cambio climático. Esto sería un gran logro que acogeríamos con gran beneplácito.  

Sin embargo, debemos admitir que, a pesar de la que podría ser la gran noticia del año, seguimos experimentando una inquietud que hemos compartido como equipo académico.  Se trata de que casi todas esas brillantes conferencias sobre el cambio climático, soslayan al ambiente marino. Consideramos que esta postura es inaceptable para un país con grandes intereses marítimos como es el nuestro. 

A pesar de todo, no todo ha estado extraviado en torno al ambiente marino ya que se ha encausado un Acuerdo de la Presidencia de la República, que dispone la adopción de medidas institucionales que consideramos en conjunto como un paso fundamental en la marcha para conseguir una Ley de Costa nacional, que reconozca lo que valen a los intereses marítimos de México.  

La Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES), fue creada con carácter permanente por Acuerdo de la Presidencia de la República el 13 Junio 2008, y quedó constituida por los titulares de la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, Secretaría de Marina, Desarrollo Social, Energía, Economía, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Turismo y Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien preside la comisión.  

La República Mexicana tiene 32 entidades federativas; 17 tienen apertura al mar y representan en conjunto el 56% del territorio nacional. En dichos estados, 156 municipios presentan frente litoral y constituyen aproximadamente el 21% de la superficie continental del país.  La superficie insular es de 5,127 Km2 (INEGI, 2009). 

En consecuencia, la CIMARES se propuso como primer proyecto, derivado de la propuesta de SEMARNAT, “dotar a México de una política nacional en materia de mares y costas, para fortalecer la gobernabilidad en estas regiones, impulsar la competitividad económica de los sectores productivos asegurando la sustentabilidad ambiental. Además, promover un sistema de decisiones y acciones de los diferentes órdenes de gobierno, cimentado  en un ejercicio continuo de planeación participativa, en el que el gobierno, la sociedad civil y los agentes económicos y de interés contribuyan a lograr el desarrollo sustentable de estas regiones. 

En breve se presentará al país el proyecto de la CIMARES, una política de Estado que pretende ser un puntal en el proceso de gestión integral de las áreas marinas y costeras del país. Se intentará  proporcionar a México un referente para mejorar las condiciones de vida de sus pobladores, a través del aumento en la competitividad y diversificación de las actividades productivas, considerando el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales y el respeto a los ambientes y procesos naturales. Estas metas serán la guía del trabajo y el compromiso público de la CIMARES. 

Los temas marinos y costeros se han empezado a visualizar de manera integral en la agenda política y del desarrollo nacional apenas en la última década. El trabajo coordinado del gobierno y los diferentes sectores de la sociedad, ha permitido sentar las bases para dar cumplimiento a una serie de compromisos nacionales e internacionales tendientes a la conservación y desarrollo sustentable de los mares y costas.    

Debido a la multiplicidad de actores, sectores, instancias de gobierno e instrumentos jurídicos que tienen competencias, atribuciones, intereses  que convergen en las zonas marinas y costeras, la política nacional de la CIMARES propone un marco de referencia general que articula y oriente, los diferentes esfuerzos sectoriales. De igual forma, perfila los lineamientos que han de seguirse en el futuro, para garantizar que los valiosos recursos que existen en los mares y costas mexicanos perduren en un horizonte temporal de largo plazo. Esta política debe ser entendida como una herramienta dinámica para la gestión, la cual tendrá que ser actualizada y adecuada de manera periódica y sistemática, con el fin de incorporar las necesidades de investigación, conservación, aprovechamiento y gestión que surjan con el paso del tiempo. 

Las conclusiones a grandes rasgos  que podemos extraer de estos estudios son las siguientes: 

1. El 56% del territorio nacional está rodeado por agua, es decir que en materia de superficie somos evidentemente un país  marítimo.

2. En el aspecto socioeconómico, es decir del uso concerniente a los intereses marítimos, la CIMARES mantiene ocupadas a 10 Secretarías de Estado.

A partir de estos dos simples argumentos, nos preguntamos: ¿es posible o, mejor dicho, puede  manejarse eficientemente la tremenda cantidad de intereses nacionales en torno al recurso agua de los mares y las costas, a través de tan compleja organización administrativa de perfil intersecretarial, que además no está directa y exclusivamente  dedicada a esa tarea? En otras palabras: ¿no sería aconsejable contar con organismo público dedicado exclusivamente a manejar el recurso agua de los mares y las costas?  Creemos que la respuesta es muy evidente. 

Tenemos ya un acuerdo que ha dado lugar a una política nacional a seguir en el uso del recurso agua. Se trata de un logro notable de la CIMARES, pues nos está diciendo que finalmente las autoridades nacionales, quienes vuelcan ese reconocimiento formulando una política nacional que indica cómo debe ser manejado, han reconocido el recurso agua de los mares y las costas. No nos queda duda que hemos dado un gran paso al reconocer el valor del recurso agua, en particular la de las costas y los mares. Sin embargo, si nos conformamos con la política de su uso, podemos finalizar con una “simple expresión de deseos”.  ¿Qué hacer al respecto para que esto no suceda?  

No se nos ocurre nada más que trabajar en lo siguiente: 

1. Una respuesta de carácter táctico sería que, a través de un decreto del Ejecutivo, se procediera a declarar que nuestro litoral está en serio peligro ante el cambio climático, y con referencias en lo que sucedió en Europa, apoyar financieramente el desarrollo de un proyecto de “Playas en Riesgo”, y

2. Perpetuar estratégicamente el sentir que aquí planteamos, en el sentido de que, a través del recurso más poderoso de un país democrático, se impulse una iniciativa de nuestro Congreso Nacional para concretar una ley nacional sobre cómo manejar el valioso recurso agua.  Esta sería la Ley de Costa que tanta necesitamos en México.

* Investigadores del Cinvestav-Unidad Mérida