La obesidad y el conflicto de intereses

Por: Arturo Jimenez Cruz*

El subsecretario de salud, en su carácter de presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades y con fundamento en la Ley Orgánica de la Administración Pública  Federal, ordena la publicación en el diario oficial de las Normas Oficiales Mexicanas. Estas son de observancia obligatoria para individuos e instituciones de los sectores públicas y privadas. Por lo tanto, deben estar basadas en las evidencias científicas disponibles. Sin embargo, el proceso para su elaboración y publicación presenta deficiencias importantes, que van desde los individuos e instituciones que participan hasta el conflicto de intereses.

La medicina basada en evidencias se trata de la utilización consciente, razonada y explícita de la evidencia actual para la toma de decisiones en la práctica médica. Para realizar recomendaciones para el diagnóstico, prevención y tratamiento se han jerarquizado los niveles de evidencia de acuerdo al tipo, calidad y cantidad de la evidencia. Las evidencias más fuertes son las que resultan de estudios sistemáticos o meta análisis de ensayos clínicos aleatorios, mientras que las que están basadas en evidencias menores se incluyen los estudios transversales y los consensos de expertos. Los consensos a los que se refieren se trata de la opinión de expertos con nombre y apellido, de tal manera que mediante una búsqueda en una base de datos cualquier persona pueda determinar la experiencia que los llamados “expertos” tienen sobre estudios relacionados con las recomendaciones propuestas. Sin embargo, en las normas oficiales mexicanas, participan instituciones de investigación o de servicios, representantes de profesionales y de empresas privadas, pero no individuos que se les pueda identificar. No se puede determinar la experiencia de los llamados expertos sobre las prácticas de diagnostico, prevención y tratamiento obligatorias normadas por el gobierno. Estos consensos anónimos no están ni siquiera considerados en ninguna recomendación sobre medicina basada en evidencias. Este ha sido hasta ahora  el nivel de evidencia de las normas oficiales mexicanas.

Por otro lado, el gobierno tiene la responsabilidad de la salud de los mexicanos y por ello es el subsecretario de salud quien ordena la publicación de las normas. Sin embargo, el gobierno invita a participar a instituciones, empresas e individuos que tienen o pueden tener conflicto de intereses. Por ejemplo, para la Norma de Orientación Alimentaria participó el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, A.C., y asociaciones de profesionales, que cuentan entre sus miembros profesionales socios o que trabajan en empresas o consultorios de orientación alimentaria o que son asesores de las empresas alimentarias o farmacéuticas. En la Norma vigente para la prevención y control de la obesidad participó la industria farmacéutica y representantes de profesionales propietarios o socios de empresas, consultorios, clínicas u hospitales que recibieron beneficios económicos por sus actividades de reducción de peso. Algunos son consultores o han recibido financiamiento de la industria alimentaria o farmacéutica. El conflicto que existe entre el interés por el beneficio económico de estas empresas e individuos y el gobierno que tiene como responsabilidad la salud de la población no solamente no se evita sino se comparte con quienes tienen como principal objetivo el beneficio económico. Los gobiernos de todos los países y México no es la excepción, reciben presiones de la industria alimentaria y farmacéutica para la formulación de guías alimentarías y las guías para la prevención y control de la obesidad. Estas presiones han cambiado las políticas de salud en los Estados Unidos y en México. El proceso para la elaboración de las Normas Oficiales Mexicanas, con el anonimato de los participantes y la participación de las empresas e individuos que pueden obtener beneficios económicos, pone en riesgo la salud de los mexicanos. 

El pasado 15 de mayo, en el comunicado No. 147 de la Secretaria de Salud, se anunció que la Secretaría de Salud: “ elabora un proyecto de Norma Oficial Mexicana para el Tratamiento Integral del sobrepeso y la obesidad, con el fin de controlar este problema que afecta a casi 70% de la población mexicana, y es considerada una de las grandes amenazas del siglo XXI al incrementar de manera notable el riesgo de padecer trastornos cardiovasculares, diabetes, procesos articulares y ciertos tipos de cáncer”.

Por lo tanto es necesario que en la elaboración de esa Norma se reporte el nombre de los individuos que participaron en las recomendaciones, el nivel de consenso que se logro en cada recomendación, y una declaración que establezca que los participantes no han recibido en los últimos 5 años financiamiento de empresas o fundaciones relacionadas con la producción o manufactura de alimentos o de productos farmacéuticos, por consulta nutricional o por consulta médica para la reducción de peso. Además cada recomendación debe ir acompañada con la referencia del nivel de evidencia, y se debe establecer explícitamente  que no participaron ni el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, A.C, el Consejo de la Industria Farmacéutica, ni asociaciones de profesionales que cuenten con miembros que se  benefician económicamente del tratamiento de la obesidad. Las Normas que ordene publicar el gobierno para la salud de los mexicanos deben estar basadas en la evidencia científica y para su elaboración deben participar expertos que no tengan conflictos de intereses.

*Profesor de la Universidad Autónoma de Baja California. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias