Desde que se domesticaron los primeros cultivos y animales de granja, hemos alterado su composición genética a través de la cría selectiva y la fertilización cruzada. Como resultado se obtuvo una mayor productividad agrícola y mejoró la alimentación de los seres humanos.

En los últimos años, los avances en las técnicas de la biotecnología nos han permitido cruzar la barrera de las especies al transferir genes de una especie a otra. Actualmente, tenemos plantas transgénicas, como los tomates y las fresas, que se han modificado utilizando un gen de un pez de aguas frías para proteger a las plantas del frío. Algunas variedades de papa y maíz recibieron genes de una bacteria que permite que produzcan su propio insecticida y de este modo se reduce la necesidad de fumigar con insecticidas químicos.

Otras plantas se han modificado para que toleren herbicidas fumigados para combatir las malezas. Los organismos vivos modificados (a veces se los conoce como organismos genéticamente modificados) integran cada vez más productos, entre los que se encuentran alimentos y aditivos alimentarios, bebidas, medicamentos, pegamentos y combustibles. La industria de los organismos vivos modificados agrícolas y farmacéuticos es multimillonaria.

La biotecnología se ha potenciado como una mejor manera de hacer crecer los cultivos y de producir medicamentos, pero han surgido preocupaciones relativas a sus potenciales efectos secundarios sobre la salud humana y el medio ambiente, que comprenden riesgos para la diversidad biológica. En algunos países, los productos agrícolas genéticamente modificados se han vendido sin un gran debate al respecto, en tanto que en otros hubo bulliciosas protestas contra su uso, especialmente cuando se los vendía sin identificarlos como genéticamente modificados.

En respuesta a estas preocupaciones, los gobiernos negociaron un acuerdo complementario al convenio para hacer frente a los riesgos potenciales que plantean el comercio transfronterizo y las liberaciones accidentales de los organismos vivos modificados. El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología se adoptó en enero de 2000. Éste permite que los gobiernos indiquen si están dispuestos o no a aceptar la importación de productos agrícolas que incluyan organismos vivos modificados mediante la comunicación de su decisión a la comunidad mundial a través del Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología, un mecanismo establecido para facilitar el intercambio de información y de experiencias relativas a los organismos vivos modificados. Además, los productos agrícolas que puedan contener organismos vivos modificados deben indicar claramente esta característica cuando se los exporta.

Procedimientos más estrictos de acuerdo fundamentado previo se aplicarán a las semillas, los peces y otros organismos vivos modificados que se introduzcan de manera intencional en el medio ambiente. En estos casos, el exportador debe presentar información detallada a cada país importador con antelación al primer embarque y el importador recién entonces lo autoriza. Esto se realiza con el objetivo de que los países receptores tengan tanto la oportunidad como la capacidad para evaluar los riesgos que pueden conllevar los productos de la biotecnología moderna. El protocolo entrará en vigor después de que haya sido ratificado por 50 gobiernos.

 

Distribuir los beneficios de los recursos genéticos

 

Una parte importante del debate sobre la diversidad biológica refiere al acceso a los beneficios que surgen de la comercialización (u otros usos) de material genético, como los productos farmacéuticos así como también a la distribución de dichos beneficios. La mayor parte de la diversidad biológica mundial se halla en los países en desarrollo, que la consideran un recurso para activar su desarrollo económico y social. Históricamente, los recursos fitogenéticos se recogían para comercializarlos fuera de su región de origen o como insumos para la mejora vegetal. Algunos prospectores biológicos han buscado sustancias naturales para desarrollar nuevos productos comerciales, como los medicamentos. Frecuentemente, los productos se venden y están protegidos por patentes u otros derechos de propiedad intelectual, sin que los países de origen obtengan ningún beneficio equitativo.

El tratado reconoce la soberanía nacional sobre todos los recursos genéticos y estipula que el acceso a los recursos biológicos valiosos se realice en “términos mutuamente acordados” y sujetos a un “consentimiento fundamentado previo” del país de origen. Cuando un microorganismo, una planta o un animal se usan para una aplicación comercial, el país del que provengan tiene derecho a algún beneficio. Éste puede ser de varios tipos: monetario, muestras de lo que se ha recolectado, la participación de investigadores del país o su capacitación, la transferencia de equipamiento y conocimientos sobre biotecnología, y la participación de los beneficios del uso de los recursos.

El trabajo en pos de que este concepto se convierta en realidad se ha iniciado y ya existen ejemplos de acuerdos de distribución de beneficios. Al menos una docena de países establecieron controles sobre el acceso a sus recursos genéticos y una cantidad igual está elaborando controles de este tipo.

El convenio también reconoce que las comunidades autóctonas y locales mantienen una dependencia estrecha y tradicional con los recursos biológicos y que es preciso asegurar su participación en los beneficios que surjan del uso de sus conocimientos y prácticas tradicionales relacionadas con la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. Los gobiernos miembros se han comprometido a “respetar, preservar y mantener” dichos conocimientos y prácticas, para promover una aplicación más amplia de ellos, con la aprobación y la participación de las comunidades afectadas y a alentar la distribución equitativa de los beneficios derivados de su utilización.

 

Los alcances de Aichi

 

Los objetivos de Aichi fueron acordados en Japón durante la décima conferencia de la COP y el plan es hacerlos realidad en el 2020. Se resumen en cinco principios básicos: 1) abordar las causas subyacentes a la pérdida de biodiversidad al integrar la diversidad biológica entre el gobierno y la sociedad; 2) reducir las presiones directas sobre la biodiversidad y promover el uso sostenible; 3) mejorar la situación de la biodiversidad salvaguardando los ecosistemas, las especies y la diversidad genética; 4) mejorar los beneficios para todos de la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, y 5) mejorar la aplicación mediante la planificación participativa, la gestión del conocimiento y la creación de capacidad.