En su carácter de tratado internacional, el Convenio sobre la Diversidad Biológica identifica un problema común, establece metas globales y medidas políticas y obligaciones generales y organiza la cooperación técnica y financiera. Sin embargo, la responsabilidad del logro de estas metas concierne a los propios países.

Las empresas privadas, los propietarios de tierras, los pescadores y los agricultores son los responsables de las medidas que afectan la diversidad biológica. Los gobiernos deben asumir una función esencial de dirección, estableciendo normas que orienten la utilización de los recursos naturales y protegiendo la diversidad biológica cuando tienen el control directo sobre la tierra y el agua. En virtud del convenio, los gobiernos se comprometen a conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica.

Deben elaborar estrategias y planes de acción nacionales sobre biodiversidad e integrarlos en los planes nacionales más amplios en materia de medio ambiente y desarrollo, particularmente importante en algunos sectores como el forestal, el agrícola, el pesquero, el energético, el transporte y la planificación urbana.

Uno de los primeros pasos en esa dirección es elaborar estudios que permitan saber cuál es la diversidad biológica existente, su valor e importancia y qué está en peligro. Los frutos de los estudios otorgan fundamento a los gobiernos para establecer metas medibles para la conservación y la utilización sostenible.

La conservación de la diversidad biológica de cada país se puede lograr de diversas maneras. La conservación in situ, el medio principal de conservación, se centra en la conservación de genes, especies y ecosistemas en sus entornos naturales, por ejemplo, mediante el establecimiento de zonas protegidas, la rehabilitación de ecosistemas degradados y la adopción de legislación para proteger las especies amenazadas. La conservación ex situ de las especies se realiza en los zoológicos, jardines botánicos y bancos genéticos.