México es reconocido como uno de los 17 países megadiversos del mundo en términos de diversidad biológica y cultural. En él se encuentra alrededor de la décima parte de todas las especies conocidas en la Tierra y habitan 68 pueblos originarios. Estos pueblos y las llamadas comunidades equiparables (e.g. campesinos y pueblos afrodescendientes) han formado parte de un proceso de coevolución con los ecosistemas que ha dado lugar a diversas formas de ser y estar en el mundo, así como a un paisaje biocultural y a una agrobiodiversidad sobresalientes; un contexto de pluralidad lingüística, de estrategias y prácticas tradicionales de manejo de los bienes naturales, que se han domesticado y diversificado más de cien especies y miles de variedades de plantas en nuestro país.

La enorme variedad de climas, tipos de vegetación y especies biológicas ha contribuido a crear, moldear y mantener la diversidad de grupos sociales y culturales que reconocemos actualmente. Al resultado de este continuo –y vigente– proceso bidireccional se le conoce como patrimonio biocultural, término acuñado por Eckart Boege. Incluye los bienes naturales y culturales, los recursos naturales bióticos intervenidos en distintos grados, el uso de estos recursos naturales de acuerdo con patrones culturales y los agroecosistemas tradicionales como una expresión de la diversidad biológica domesticada.

Según la Constitución, México es un Estado garantista y pluricultural de derecho, lo que supone que la primera obligación de toda autoridad es respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos de las personas en el territorio nacional, así como generar las condiciones para que los pueblos originarios y las comunidades equiparables puedan florecer. No obstante, nuestro país está marcado por un fuerte proceso de violencia cultural desencadenado desde el propio Estado (véase, por ejemplo, el informe sobre la destrucción del patrimonio biocultural de México presentado en audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2014).

En el caso del campo, desde hace varias décadas las autoridades mexicanas han adoptado políticas públicas construidas desde una lógica moderna-occidental con perspectiva de homogeneización cultural. En otras palabras, se han empeñado en fomentar una agricultura industrializada y enfocada en la producción y exportación contribuyendo así a la crisis ambiental y de pérdida de biodiversidad que hoy enfrentamos. Esto no es congruente con los modos diversificados de producir alimentos, de ser y de estar, que los indígenas y campesinos mexicanos han desarrollado desde hace siglos.

Por ello, recientemente un grupo de trabajo interdisciplinario liderado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC (Cemda), apoyado por la Fundación Swift, se propuso investigar si la legislación y la política pública creada e implementada por el Estado mexicano para el campo, enfocada al estudio del programa denominado Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MasAgro), garantiza los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos, y si es sustentable y adecuada a los ecosistemas y agroecosistemas mexicanos.

MasAgro es un caso de estudio significativo pues constituye uno de los programas del gobierno federal más importantes para el campo en la escala de los productores campesinos, tiene una naturaleza transexenal y se le considera estratégico por las autoridades mexicanas.

Como resultado de esta investigación se presentó un informe construido a partir de un marco lógico conformado por los paradigmas de la soberanía alimentaria, la agroecología, el patrimonio biocultural y el Estado pluricultural, realizándose un análisis y una valoración integrales de la legislación y política pública desarrollada por el Estado mexicano para el campo.

El estudio se sustenta en el análisis de diversos artículos científicos e informes técnicos, de una serie de entrevistas practicadas a algunos representantes de actores clave en el sector agrícola y de documentos oficiales disponibles públicamente u obtenidos vía solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia del gobierno federal. El documento puede consultarse en su versión digital.

Tras analizar integralmente el diseño e implementación de MasAgro, se concluyó que: a) de tener éxito, desplazaría el maíz nativo de entre el 25 y 59 por ciento de la superficie donde actualmente se siembra, b) no reconoce y sí obstaculiza la recreación constante de los conocimientos e instituciones comunitarias indispensables para la reproducción y el mantenimiento del patrimonio biocultural, c) propone un paquete tecnológico agrícola que no corresponde a las características agronómicas ni topográficas de la mayoría de los pequeños productores, d) promueve la sustitución del sistema agroalimentario tradicional por uno orientado a satisfacer las demandas del mercado y la agroindustria, e) plantea un modelo de extensión y de modernización de la agricultura en el que los campesinos no son los actores principales y que constituye una vía de asimilación cultural, y
f) presenta incongruencias entre los objetivos del programa y el uso de los recursos.

En la práctica, la implementación de MasAgro implica la entrega de grandes sumas de recursos públicos al Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), organismo internacional no sujeto a la ley mexicana, particularmente la ley relativa al acceso a la información y transparencia. Esto supone además un desplazamiento del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), institución mexicana responsable de la investigación científica y el desarrollo de tecnologías para el campo.

Por todo esto, el informe mencionado indica un patrón sistemático de lesión de derechos fundamentales de los pueblos indígenas y comunidades equiparables, tales como el derecho a la identidad cultural, a la consulta, a la alimentación, al trabajo, al territorio y al medio ambiente.

Así, el programa MasAgro no es bioculturalmente pertinente respecto a las condiciones del país y por lo tanto el Estado mexicano debe considerar suspenderlo o reformularlo sustancialmente. El informe señala que se requiere una profunda reflexión sobre las medidas que el Estado mexicano ha adoptado para el agro en las últimas décadas a efecto de crear y fortalecer espacios de participación y gestión comunitaria, reasignar el gasto público y promover un modelo de producción agroecológico para la soberanía alimentaria.

Por otro lado, la conservación del patrimonio biocultural de México implica reconocer y fomentar la agricultura tradicional y la reproducción sociocultural que los pueblos y comunidades indígenas y campesinas hacen de sus recursos naturales.

Conservar el patrimonio biocultural de México requiere que éste sea colocado en el corazón de la legislación y la política pública para el campo, pues ello significaría dar un paso firme hacia la construcción del Estado pluricultural que se encuentra consagrado en el Artículo segundo constitucional.

México necesita un marco jurídico que refleje su ser pluricultural y que garantice que las manos campesinas e indígenas puedan reproducir y vivificar el patrimonio biocultural para el desarrollo de sus pueblos y de todo el país, de forma autónoma y desde sus propias formas de ser y estar. La paz y la justicia que esperamos solo podrán surgir al existir un auténtico diálogo intercultural y el respeto cabal a los derechos humanos.

Francisco Xavier Martínez Esponda
Mariana Benítez
Ximena Ramos Pedrueza Ceballos
Gisselle García Maning
Luis Bracamontes Nájera
Benito Vázquez Quesada
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