El derecho al agua, carta de navegación ante la exigencia de cambio — ecologica
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El derecho al agua, carta de navegación ante la exigencia de cambio

Rodrigo Gutiérrez

La pobreza hídrica que padecen millones de personas y el desastre ambiental relacionado con el deterioro de las fuentes subterráneas y superficiales de agua empeoran día con día en nuestro país. Debido a ello, desde hace años, cientos de comunidades que habitan en las distintas regiones hidrológicas de México han emprendido movilizaciones sociales, y estrategias de defensa, para combatir la contaminación de sus aguas por la megaminería tóxica a cielo abierto y los parques industriales; para enfrentar la imposición de presas y trasvases que se apropian de sus bienes comunes; para defender la gestión comunitaria del agua y sus organismos operadores indígenas; o bien para impugnar el otorgamiento indiscriminado y opaco de concesiones a grandes proyectos inmobiliarios o turísticos. En pocos años, hubo una notable expansión de las luchas populares frente a los procesos de acaparamiento y deterioro provocados por el proyecto neoliberal.

El impacto del neoliberalismo ha sido tan grave en la vida de la población que el pasado 1 de julio –en consonancia con las luchas emprendidas de forma local– la sociedad mexicana decidió expresar a través de las urnas, de forma masiva, su rechazo al proyecto que se impuso en México hace tres décadas. El mandato ciudadano que recibe el gobierno entrante es el de una exigencia general de cambio de las políticas y reformas legales que se han venido instrumentando en distintas materias.

En el ámbito del agua, dichas políticas se expresaron en una gestión centralizada (el proceso de descentralización planteado en la Ley de Aguas Nacionales ha resultado un fracaso), alejada de los derechos humanos (en otras palabras, de las necesidades básicas de las personas), discriminatoria (otorgando privilegios a grandes tenedores), corrupta, opaca (la caracterización legal del agua como bien de seguridad nacional le otorga a la Conagua la mejor coartada para no entregar información), y con medidas regresivas (como recortes presupuestarios, entre otras). La Ley de Aguas Nacionales ha contribuido de forma muy relevante a materializar este terrible estado de cosas.

Para trazar la ruta de cambio, el enfoque de los derechos humanos puede ser una útil carta de navegación. Los derechos –y en particular el derecho humano al agua– coloca a las personas por encima de los intereses del mercado y de los poderes fácticos desplegados en el territorio, exige una gestión participativa y democrática (incluyendo la gestión comunitaria), dialoga de forma intensa con un enfoque de género, parte del principio de máxima transparencia (que obliga a entregar toda la información que la población solicite), prohíbe la discriminación (por lo que se convierte en una herramienta útil para acabar con los privilegios), exige políticas progresivas (que prohíben la regresividad presupuestal) y tiene una relación interdependiente con el medio ambiente.

Todo lo anterior ha sido discutido de forma intensa, durante varios años, dentro de un potente proceso democratizante en el que han confluido, pueblos indígenas, barrios populares, organizaciones campesinas y de la sociedad civil, así como grupos de académicas y académicos que se han reunido en encuentros y foros a todo lo largo de la república para construir e impulsar una Iniciativa Ciudadana de Ley General de Agua (ICLGA). Dicha iniciativa no solo traza una ruta razonable de salida frente a la irracionalidad hídrica impuesta por las lógicas de acumulación, sino que se funda en normas obligatorias que están establecidas en la Constitución en interpretación conforme con el derecho internacional de los derechos humanos.

Rodrigo Gutiérrez

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

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