Durante más de un cuarto de siglo, un gran número de mexicanos hemos sufrido un continuo deterioro en la calidad de los servicios de agua para el uso humano. Esta degradación no ha sido casual ni lenta: con la reforma del Artículo 115 Constitucional (1983), dando la responsabilidad de la gestión del agua a los municipios, se suponía que la administración pública impulsaría un proceso de mejoramiento de la infraestructura y formación de cuadros para construir capacidades que aseguraran servicios locales dignos y de calidad. Quizás fuera un “sueño guajiro”, considerando el antecedente, de tres décadas antes, cuando se discutió el tema del agua potable en una reunión de gabinete presidencial. En ella se presentó una propuesta de declarar un “Año nacional para el agua potable” iniciando una campaña para ofrecer agua potable a toda la población. La discusión fue intempestivamente cortada por la contrapropuesta de los intereses modernizantes presentes en la sala, que ofrecieron encargarse del problema sin lesionar al erario, asignando la tarea de introducir el preciado líquido a las empresas refresqueras, a cambio de asegurarles su labor de distribuir los productos edulcorados a lo largo y ancho del país (reportado en David Barkin, Un desarrollo distorsionado, México, Siglo XXI, 1991).

Sin embargo, con la creación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en 1989 y la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales (LAN) en 1992, se inició un proceso de centralización del control (y manejo) del agua en México que se ha acrecentado desde entonces.

Por supuesto, el discurso oficial proclamaba a diestra y siniestra que las labores de capacitación eran diseñadas para propiciar la devolución de responsabilidades a los niveles de gobierno más cercanos a la población, pero la idiosincrasia de las estructuras institucionales (y de la burocracia) tuvieron el efecto inverso, concentrando poder político, técnico y financiero en manos de una burocracia cada vez más tecnocrática y apegada a las exigencias de los grandes usuarios del agua.

La adopción del Derecho Humano al Agua por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 tuvo un impacto importante en México. A pesar de que muchos consideraban innecesario promulgar esta declaración, por estar incluida en el corpus de la Declaración de Derechos Humanos de 1948, era evidente que la falta de acceso al agua potable en importantes partes del mundo ameritaba el dar este paso adicional. La situación no era muy diferente en México, donde el desigual acceso al líquido estaba provocando grandes problemas y agudizaba el ya sustancial problema de la desigualdad y discriminación con base en clases, razas y etnias. Al ratificar la Declaración de las Naciones Unidas se integró en la Constitución nacional, modificando el Artículo 4º en 2012; un transitorio consiguió la sustitución de la LAN con una nueva Ley General de Aguas (LGA) en un plazo no mayor de doce meses, acto que todavía no se cumple, casi siete años más tarde.

Esta falta de cumplimiento no ha sido un olvido o descuido gubernamental. Más bien, es resultado de la deliberada falta de respeto del régimen actual hacia la ciudadanía. Durante estos años la Conagua preparó una versión propia de la LGA que reflejaba sus visiones y prioridades para la gestión del agua. Propuso una mayor centralización de la gestión política, con estructuras dispersadas que responderían a mandatos federales y con organismos locales que se irían concesionando a la iniciativa privada.

El proyecto, conocido como “ley Korenfeld” –por el director general de la Conagua en esa época-, no prosperó en parte por su torpeza y corrupción, pero en gran medida por la creciente oposición organizada de una red de organizaciones de la sociedad civil. Un segundo proyecto, que se conocería como la “ley Pichardo”, fue presentado al Congreso de la Unión unos años después y sufrió la misma suerte, gracias a una oposición todavía más decidida y fortalecida de la Coordinadora Nacional Agua Para Tod@s, Agua para la Vida, que está presentando la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas (ICLGA), tema de este número monográfico de La Jornada Ecológica.

En este número especial estamos ofreciendo una visión de la labor de esta red, su planteamiento, sus actividades, y su análisis de la coyuntura actual en la cual estamos organizados para promover la promulgación de la Iniciativa Ciudadana, descrita en la aportación de Pedro Moctezuma. En el camino, el senador Martí Bartres ha abierto una amplia brecha para la discusión en el recién instalado Congreso con su iniciativa de reforma de la ley existente. Otros escritos describen la muy loable labor de los sistemas comunitarios que han perdurado y surgido como alternativas a los sistemas municipales que mayormente son incapaces de atender las necesidades de las áreas suburbanas y rurales.

Las demás contribuciones ofrecen un recorrido de las entrañas de la propuesta; la historia de los efectos de algunas privatizaciones así como las luchas contra nuevas concesiones; algunas experiencias que han llevado los pueblos indígenas en nuestro país, y las vicisitudes de las interacciones de los miembros de la red con varias instancias del Estado mexicano.

En este momento, consideramos particularmente importante reflexionar sobre el significado de esta ICLGA para la sociedad mexicana en general y la nueva administración presidencial en particular. Nuestro recorrido para organizarnos y para oponernos a las iniciativas oficialistas no hubiera sido suficiente o responsable si no fuera acompañado de una propuesta para un profunda y amplia reorganización de la gestión del agua en México para atender a las necesidades de la sociedad y de los diversos ecosistemas que tanto han sufrido del enfoque economicista e ingenieril que prevalece hoy en día.

Esta labor constructivista se plasma en la propuesta de implantar una Contraloría Ciudadana del Agua con amplias facultades para intervenir en la evaluación de las propuestas para reorganizar el sistema actual y de las actividades de las muchas instancias que intervienen para operacionalizar el nuevo sistema nacional de gestión del agua basada en la amplia participación y la corresponsabilidad de los funcionarios y los ciudadanos para su buen desempeño.

Esta nueva visión para la administración del sector hidráulico que permea la ICLGA refleja la necesidad de una profunda transformación de la relación de las muchas comunidades de nuestro país con sus ricos y diversos ecosistemas. Ya es tiempo de reconocer la necesidad de extender y fortalecer la economía social y solidaria (ESS) que ha servido de sustento para millones de mexicanos que han sido excluidos o desplazados de la economía nacional, integrada en un mercado global que ha dejado de atender las necesidades de las mayorías y del planeta. Esta ESS ofrece un modelo para la cuarta transformación que se promete como la piedra angular de la nueva administración. Una LGA ciudadana podría ser la cimentación para el nuevo edificio.

David Barkin

Departamento de Producción Económica
Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Xochimilco

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