Plan de emergencia para prevenir la privatización y el despojo y del agua — ecologica
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Plan de emergencia para prevenir la privatización y el despojo y del agua

Los pueblos, comunidades, organizaciones, académic@s y ciudadan@s que integramos la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida, proponemos a las nuevas autoridades emprender las siguientes acciones en tanto se logra aprobar una ley general de aguas que garantice los derechos consagrados en los artículos constitucionales 1º (derechos humanos), 2º (derechos de pueblos indígenas), 4º (derechos al agua, a la salud, a la alimentación y a un medio ambiente sano) y 27 (derechos de los núcleos agrarios y de la Nación):

  • Liberación inmediata de los defensores del agua presos, incluyendo los seis de Tlanixco, estado de México, y los 25 miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota.
  • Revertir los diez decretos de supresión de vedas, publicados por Enrique Peña Nieto el pasado 6 de junio.
  • Transparentar de manera inmediata toda la información generada en torno a trabajos de investigación que buscan determinar y proteger los caudales ecológicos, así como las tres bases de datos actualmente manejadas por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA, sin acceso público en internet.
  • Suspender de manera inmediata los lineamientos de la Conagua que permiten el uso de aguas nacionales para la extracción de hidrocarburos a través de métodos no convencionales.
  • Suspender todo proceso de otorgamiento de concesiones de aguas nacionales, excepto en los casos en los cuales se ha comprobado que no implicarían posibles afectaciones al caudal ecológico, los ecosistemas, los pueblos indígenas o a otras poblaciones (principio precautorio).
  • Otorgar concesiones a corto plazo (uno o dos años).
  • Respetar el derecho de los pueblos indígenas al uso y cuidado de las aguas en sus territorios sin la necesidad de concesiones. Y no permitir el otorgamiento de concesiones en sus territorios (tomar como base inicial los polígonos definidos por Eckart Boege).
  • Respetar los derechos de los núcleos agrarios a las aguas que les fueron dotadas por decreto presidencial sin necesidad de concesión.
  • Respetar los derechos de los sistemas comunitarios de los cuales las comunidades rurales dependen por su agua sin necesidad de concesión.
  • Contabilizar las aguas aprovechadas sin concesión en los tres casos anteriores (f, g y h) en los balances hídricos.
  • Actuar para restaurar y proteger el derecho al agua de las poblaciones que han perdido acceso a ella debido al otorgamiento de concesiones a terceros.
  • Someter la autorización de nuevas concesiones a procesos de consulta previa, libre e informada entre los potencialmente afectados (en cumplimiento con la observación 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).
  • Suspender las “reservas para uso público-urbano” contenidas en los decretos, así como los 2 mil millones m3/año “reservadas” para la generación de energía eléctrica en el río San Pedro.
  • Respetar los volúmenes reservados para “uso ambiental” o “caudal ecológico” en los decretos, garantizando que no se aumente el volumen disponible vigente en el momento de expedición de los mismos.
  • No permitir el uso de aguas subterráneas reportadas por sus potenciales usuarios como “hidráulicamente independientes de los acuíferos reconocidos” por la Conagua, hasta comprobar por medios independientes que cuenten con total independencia. Y que su extracción o contaminación no pone en riesgo de ningún tipo (sísmico, calidad del agua, sistema de flujos) los grandes sistemas de aguas subterráneas (principio precautorio).