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El aborto como problema público

La problemática del aborto interpela hoy en día al Estado y coloca en el centro del debate un tema fundamental de las democracias modernas. La posibilidad de que este tema emerja en la esfera pública y sea debatido muestra la capacidad de una sociedad para tratar temas complejos. En efecto, el debate sobre el aborto encierra múltiples complejidades porque a través de él se ponen en juego nuestras concepciones acerca de la vida; de las instituciones que hoy por hoy tienen la legitimidad...

Por: Alicia Márquez Murrieta*

La problemática del aborto interpela hoy en día al Estado y coloca en el centro del debate un tema fundamental de las democracias modernas. La posibilidad de que este tema emerja en la esfera pública y sea debatido muestra la capacidad de una sociedad para tratar temas complejos. En efecto, el debate sobre el aborto encierra múltiples complejidades porque a través de él se ponen en juego nuestras concepciones acerca de la vida; de las instituciones que hoy por hoy tienen la legitimidad para establecer como verdaderas estas concepciones; de la relación entre moral y ley y el debate acerca de su relación estrecha o de su necesaria separación; de la necesidad de establecer políticas públicas capaces de regular su práctica.

Uno de los puntos fundamentales en el debate sobre el aborto es la pregunta sobre el Estado democrático y laico y su capacidad o no de regular la vida privada de los ciudadanos, así como la obligación de desarrollar las condiciones para que éstos tengan buenas condiciones de salud. Bajo esta óptica, el papel del Estado, a través de sus leyes, no es el de decidir y obligar a los ciudadanos a seguir cierta conducta moral sino de establecer un marco normativo capaz de garantizar que el individuo decida con libertad y de asegurar su bienestar y una vida de calidad. En esta línea de pensamiento, el Estado debe circunscribir su acción al desarrollo de políticas públicas que protejan la vida, la salud y la seguridad de las mujeres, permitiendo que diversas posibilidades puedan existir, tanto la decisión de aquellas mujeres que consideran que existe vida humana en el vientre materno y que no están dispuestas a realizarse un aborto, como la de aquellas que prefieren, por diversas razones, poner fin al embarazo y que quieren hacerlo bajo buenas condiciones sanitarias materiales y sociales.

Esta es una de las líneas de pensamiento que justifican las modificaciones de las leyes sobre el aborto en el Distrito Federal. El gobierno capitalino y los asambleístas que votaron a favor de las modificaciones legales consideraron que se debía dar respuesta a aquellas mujeres que por diversos motivos, algunos muy íntimos, buscaban un aborto y que ello debía hacerse bajo las mejores condiciones sanitarias, evitando así situaciones dramáticas ante los abortos clandestinos. Con dicha decisión, no se obliga a nadie a ir en contra de sus convicciones pero sí se abren las posibilidades para que las mujeres que así lo deseen puedan tener un aborto legal.

Las modificaciones legales tienen relación con una serie de argumentos que se han desarrollado en nuestro país desde los años setenta y que han hecho del aborto un verdadero problema público, entendido como un mecanismo de selección de lo posible, aquello que es capaz de reducir la contingencia y construir un marco de sentido en donde la decisión (política, jurídica, etc.) pueda llevarse a cabo. El problema público concebido en estos términos no viene a sustituir la decisión política pero sí permite delimitar un espacio de sentido, estableciendo aquello que debe ser pensado con respecto a ese tema, ayuda así a reducir la contingencia presente en el terreno político.

En este sentido, es a partir de la década de los setenta que el aborto es concebido como un problema de justicia social y de salud pública que debe ser tomado en cuenta por los poderes públicos y que debe ser resuelto por el Estado, independientemente de las posiciones morales que se puedan tener respecto de él. Desde esos años, el problema ha sido discutido con diversos argumentos: el económico (relación costo-beneficio), la responsabilidad del Estado mexicano frente a las mujeres que mueren, sobre todo frente a las más pobres. Más reciente es el uso del argumento del aborto como derecho de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, utilizado ya no sólo por los grupos cercanos al feminismo (como lo fue en décadas anteriores y lo sigue siendo hoy en día) sino por diversos actores sociales y políticos. Además de los anteriores argumentos, el problema público del aborto ha sido discutido como un asunto de ciudadanía, en tanto derecho de los individuos al interior de una democracia. El uso de esta línea argumentativa se intensificó hacia fines de los años noventa.

Hoy en día difícilmente se pone en duda su estatus de problema público, aún cuando los diferentes actores interesados en el debate sostengan y luchen con diferentes estrategias y argumentos para hacerlo más visible o para intentar acallarlo. Resulta paradójico que quienes están en contra de que esta temática sea ventilada públicamente contribuyan a su existencia, permanencia y visibilidad. En efecto, al emitir declaraciones públicas estos actores sociales se confrontan con sus adversarios, lo cual provoca que los argumentos se vuelvan más complejos pero sobre todo que se verifique la existencia pública del tema. Este hecho es saludable para la joven democracia mexicana y para que los ciudadanos puedan desarrollar opiniones complejas sobre temas de tal envergadura.


* Doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia


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