La última década del siglo pasado representa una de construcción de las políticas ambientales modernas en el mundo. Ello no quiere decir que los temas ambientales estuvieran totalmente ausentes de la discusión global, pero tenemos que reconocer que en estos años sufrieron una transformación profunda.

Entre el 3 y el 14 junio de 1992 se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, también conocida como Cumbre de la Tierra o de Río. En aquella ocasión se reunieron 179 países para debatir y analizar los problemas ambientales que se enfrentaban en el mundo y acordar las directrices para enfrentarlos a nivel global. De esta reu­nión habrían de salir los documentos base de la política mundial ambiental, el Programa 21 y la Declaración de Río. Ambos documentos inspiradores habrían de ser referentes de las posteriores discusiones y acuerdos que a nivel internacional, nacional, regional y local se fueron forjando en distintos foros en los que la agenda ambiental estuvo presente.

Los más importantes tratados internacionales modernos sobre medio ambiente fueron resultado de la Cumbre de Río, a saber: la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Convenio sobre Diversidad Biológica y la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Deforestación. A estos tres tratados internacionales se les conoce como las Convenciones de Río. Los temas de cambio climático, pérdida de biodiversidad y lucha contra la desertificación y la deforestación se convirtieron en temas prioritarios de la agenda internacional e influyeron de manera definitiva en las agendas nacionales y locales de medio ambiente.

La Declaración de Río se convirtió en un documento fundamental en virtud de que en él se contenían principios generales adoptados unánimemente por todos los países del mundo. El principio 1 declara: “Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza”.

Se perfila entonces un derecho humano que se incorporaría a la agenda de los derechos humanos que desde 1945 da origen a la Carta de las Naciones Unidas y en 1948 a la Declaración Universal de los Derechos Humanos: el derecho humano a un medio ambiente sano para la salud y el bienestar.

Los años que precedieron a la reunión de Río de Janeiro fueron imprescindibles para acuñar el concepto de desarrollo sustentable o sostenible que ha estado presente desde entonces en las discusiones globales sobre temas ambientales, pero también en las discusiones globales sobre desarrollo económico y social y permeó la agenda de los derechos humanos.

Dicho concepto fue propuesto por la Comisión Brundtland que emanó de la cumbre de Estocolmo en 1972 y, 15 años después, emite el documento Nuestro Futuro Común en donde se propone que el desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Con ello se cuestiona el desarrollo económico dominante y que había provocado desigualdad entre países y entre personas al interior de cada país: pobreza, hambre, desnutrición y una profunda desigualdad social.

A pesar de todo ello y de sendos acuerdos que se han venido adoptando en las sucesivas reuniones de las partes (COP, por sus siglas en inglés), la humanidad se embarcó en un proceso de globalización alimentado por los principios económicos formulados por Milton Friedman, el liberalismo económico o neoliberalismo, que 30 años después ha dejado una mayor polarización a nivel global, una concentración impresionante de la riqueza, miles de millones de pobres, cientos de ellos en pobreza extrema, hambre y desnutrición.

Por supuesto que los temas ambientales de fondo no se han resuelto. Y en este orden de ideas se ha profundizado el cambio climático global a una escala tal, que si las tendencias del calentamiento del planeta continúan como hasta ahora, habrá cambios profundos en el equilibrio ecológico del mundo, se verán alterados ecosistemas y especies, y se pondrá en riesgo la viabilidad de la especie humana, Homo sapiens.

Así mismo estamos registrando como nunca antes en la historia tasas aceleradas de pérdida de biodiversidad, de ecosistemas y especies y a través de ello, pérdida de la diversidad genética: por ello estamos alterando los ecosistemas y poniendo en riesgo los servicios ecosistémicos que nos brindan.

No menor es el problema de la degradación de los suelos que atenta contra la producción de alimentos. Y en paralelo, la continua y acelerada deforestación, que está íntimamente vinculada a la pérdida de la calidad del aire de nuestra atmósfera, al rompimiento del ciclo hidrológico y con ello pérdida irreparable de captación de agua, recarga de acuíferos y disponibilidad de líquido para la vida de todas las especies; la formación de suelos y la productividad ha quedado afectada y el hábitat de los polinizadores, destruido.

Por ello, a pesar de que se han conseguido acuerdos internacionales importantes para cambiar el rumbo, no podemos de ninguna manera cantar victoria en razón del bajo o nulo cumplimiento de los compromisos adoptados. La dinámica económica y social dominante está arrasando con recursos naturales, ecosistemas y el soporte de la vida: la biodiversidad.

En este contexto global complejo y disruptivo hay que reconocer que en estos últimos 30 años creció un importante movimiento de la sociedad civil. Decenas de miles de organizaciones de la sociedad civil han levantado banderas ambientales en todos los rincones del planeta, en defensa de los recursos naturales, de la tierra y de los derechos de los pueblos indígenas, en contra del calentamiento global. Protestan contra la tala ilegal y el tráfico de especies, la contaminación del aire, el agua y los suelos, la sobreexplotación de los océanos y la concentración de contaminantes plásticos en nuestros mares.

Una agenda social amplia, plural e inclusiva, que exige políticas públicas diferentes a las dominantes que destruyen la tierra y las organizaciones sociales, irrumpen en los foros internacionales obligando a los representantes gubernamentales a adoptar compromisos reales para revertir las tendencias de deterioro ambiental.

Las organizaciones de la sociedad civil han defendido y defienden el principio 10 de la Declaración de Río que establece que: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona tendrá acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones”.

Pero además, que: “Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos; entre éstos, el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.

Gracias a este principio, muchas legislaciones nacionales le han dado cabida a la participación social en procesos de toma de decisiones ambientales que afectan su esfera de vida. En los últimos años, en América Latina y el Caribe se ha promovido el Acuerdo de Escazú, tratado internacional que hará operativos los principios de acceso a la justicia ambiental, acceso a la información pública y protección y defensa de los defensores de derechos humanos y ambientales.

Esperemos que muy pronto en México, el Senado de la república haga realidad el compromiso de suscribir este importante tratado internacional.

Uno de los más importantes instrumentos de conservación de la biodiversidad que se ha utilizado en el mundo es el establecimiento de áreas naturales protegidas. Con distintas denominaciones de acuerdo a las legislaciones ambientales de cada país se han establecido parques nacionales, reservas de la biosfera, santuarios, áreas de protección de flora y fauna, hábitats críticos y muchas otras figuras.

Tienen como propósito cuidar y mantener en buen estado de conservación espacios que no han sido alterados por el hombre y en los que los procesos ecológicos y evolutivos no han sido alterados, o en su caso, aquellos sitios que sí fueron alterados y que es necesario recuperarlos para restablecer los servicios ambientales que prestaban antes de su transformación.

Estas políticas han permitido que millones de hectáreas en todo el mundo se protejan y mantengan su estructura y función para conservarlas como reservorios de la biodiversidad.

En el marco del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) se ha elaborado el Programa Mundial de Áreas Protegidas (POWPA, por sus siglas en inglés) que establece las directrices para mantener y gestionar eficazmente, a través de programas de manejo, estos espacios privilegiados para la conservación de la biodiversidad.

En 2010, durante la COP 10 de CDB, se adoptó el Plan Estratégico 2011-2020 sobre Diversidad Biológica y las metas de Aichi, que cierra su ciclo en la próxima reunión de las partes en China en 2021.

En este documento, la meta 11 se refiere a las áreas naturales protegidas y establece que: “Para el 2020, al menos el 17 por ciento de áreas terrestres y aguas continentales, y 10 por ciento de áreas marinas y costeras, especialmente áreas de importancia para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, son conservados a través de áreas protegidas que son manejadas efectiva y equitativamente, ecológicamente representativas, con sistemas bien conectados, integrados a un paisaje más amplio y a paisajes marinos y otras medidas efectivas basadas en áreas”.

Recientemente se reconoció que 14 por ciento de la superficie terrestre y 9.6 por ciento de las aguas costeras están protegidas. El 33 por ciento de las 823 ecorregiones han logrado la meta de 17 por ciento de protección, el 13 por ciento de las 232 ecorregiones marinas logró el 10 por ciento de la meta fijada, 49 por ciento de los sitios de la Alianza Cero Extinción y 51 por ciento de áreas importantes para la conservación de aves son parcial o completamente protegidas.

En México, en los últimos 30 años se modificó la legislación ambiental. La federal de los años 70 y 80 se modificó radicalmente, estableciendo una ley general: la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988. A partir de los principios de distribución de competencias y de concurrencia, permitió que hoy cada entidad federativa disponga de una ley ambiental propia que regula la intervención de estados y municipios en los asuntos ambientales.

Este primer ordenamiento ecológico integral se revisó de manera profunda en 1996 y dio pie a las disposiciones jurídicas que hoy rigen la resolución de los problemas ambientales. Sin dejar de reconocer modificaciones al texto en distintas ocasiones. La última reforma se publicó el 5 de junio de 2018.

La LGEEPA se ha complementado con otras leyes ambientales que, juntas, constituyen un sistema jurídico robusto que regula temas tan importantes como la vida silvestre, el cambio climático, la prevención y control integral de los residuos, la materia forestal, y de pesca y acuacultura sustentables. Hoy se encuentra en discusión la Ley General de Aguas, un tema fundamental vinculado al derecho humano al agua consagrado en el Artículo 4º de la Constitución.

La legislación ambiental ha sido acompañada de la creación de instituciones que son imprescindibles para la gestión ambiental y la defensa del derecho humano a un medio ambiente sano y convertirse en instrumentos para la atención y solución de problemas ambientales diversos.

Además de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el sector ambiental dispone de órganos descentralizados y desconcentrados para desplegar acciones específicas especializadas en las materias forestal, de cambio climático, de áreas protegidas, de agua, del sector hidrocarburos y de aplicación de la ley.

De esta manera, la política ambiental federal se apoya en la Conafor, Conanp, INECC, Conabio, Conagua, IMTA, ASEA y Profepa para ejercer eficazmente sus responsabilidades legales. Cada entidad federativa dispone de una autoridad ambiental local (secretaría, instituto o comisión) y la mayoría de ellas de una procuraduría ambiental estatal.

Todo este andamiaje jurídico e institucional se ha construido con la participación comprometida de organizaciones de la sociedad civil, grupos académicos de universidades, institutos y centros de investigación y organizaciones rurales y comunidades indígenas que han influido de manera importante en la formulación de leyes, reglamentos y normas. Y en la elaboración del programa sectorial de medio ambiente y recursos naturales y los programas institucionales forestal, de cambio climático, hídrico, de áreas protegidas, entre otros.

Desde la LGEEPA de 1988, la legislación ambiental contempla mecanismos de participación social para abrir los procesos de toma de decisiones a la deliberación pública: Consejo Nacional, regionales y estatales para el Desarrollo Sustentable, Consejo Nacional de Vida Silvestre, Consejo Consultivo de Cambio Climático, Consejo Nacional de Áreas Protegidas y consejos asesores de áreas protegidas, organismos de cuenca y los comités de los ordenamientos ecológicos.

La construcción de áreas naturales protegidas a partir de la reforma de 1996 de la LGEEPA responde a un diseño técnico especial que identifica sitios representativos de la riqueza biológica de México y a un proceso de consulta pública que tiene como eje principal a las comunidades rurales y particularmente a los dueños del territorio, ejidos y comunidades de pueblos originarios.

En los últimos 30 años la superficie protegida en México creció de manera muy importante a partir de declaratorias de áreas protegidas a nivel federal, estatal, municipal y la incorporación muy destacada de Áreas Voluntarias Destinadas a la Conservación (ADVC), superficies en buen estado de conservación que se protegen por decisión de sus dueños, comunidades y/o pequeños propietarios.

Hoy existen 182 áreas naturales protegidas de carácter federal que representan una superficie de 90 millones 839 mil 521 hectáreas de ecosistemas terrestres y ecosistemas marinos dentro de las aguas de jurisdicción nacional. Así mismo se han certificado 407 áreas destinadas voluntariamente a la conservación, que abarcan una superficie de 508 mil 266 hectáreas.

Hace 30 años eran pocas las organizaciones de la sociedad civil interesadas en la conservación del territorio y/o las especies silvestres en riesgo. Naturalia es una de las que desde 1990 ha desarrollado un trabajo sistemático y profesional de especies en peligro de extinción. Como es el caso de su labor continua y consistente de protección del lobo mexicano y el jaguar, entre otras especies. Y se ha sumado desde entonces a esfuerzos importantes a la protección y conservación de las áreas naturales protegidas.

Desde aquel entonces se han agregado centenas de organizaciones de la sociedad civil que luchan día a día por proteger y gestionar de manera efectiva las áreas naturales protegidas dentro del territorio nacional y las aguas de jurisdicción nacional. Este proceso ha sido acompañado por organizaciones comunitarias que han decidido defender su territorio de la destrucción de la riqueza biológica por proyectos extractivistas que han dejado desolados importantes territorios en todos los rincones del país.

La política ambiental de los últimos 30 años se ha construido con una participación decidida de la sociedad civil y organizaciones comunitarias en el territorio terrestre y grupos importantes de pescadores artesanales en ambas costas de las aguas de jurisdicción de México.

Lo mismo podemos afirmar de la legislación ambiental vigente. La LGEEPA y otras leyes ambientales recogen propuestas y demandas ambientales legítimas de la sociedad y son un instrumento que las comunidades rurales, pescadores y organizaciones de la sociedad civil invocan para proteger sus territorios de la depredación.

Uno de los reclamos más frecuentes es la demanda permanente y consistente de que se observe la aplicación de la legislación ambiental para frenar la pérdida de biodiversidad que impacta negativamente en las condiciones de vida de las comunidades más pobres del país.

Naturalia y muchas organizaciones de la sociedad civil defienden los territorios, reclaman que se respete la legislación ambiental, los derechos humanos de las comunidades y particularmente el derecho humano de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

La conservación de la biodiversidad no ha atentado ni ha puesto en riesgo el bienestar de las comunidades. Al contrario, resulta una condición indispensable para su desarrollo y bienestar a largo plazo. Son las comunidades quienes han desarrollado una relación armónica con la naturaleza, la han incorporado a su cosmovisión y es una condición de vida, indispensable para su futuro.

Se equivocan aquellos que piensan que las organizaciones de la sociedad civil debilitan la lucha de los pueblos por mejorar sus condiciones de vida. La lucha por mejorar el medio ambiente y lograr plenamente la conservación de la biodiversidad son uno de los pilares del desarrollo sustentable que debe armonizarse con el económico y social de las comunidades.

La Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, abren la oportunidad de abrazar una agenda de todos y para todos, para dejar atrás los grandes lastres que provocaron las políticas económicas desarrollistas que polarizaron a la comunidad de países y dejaron en pobreza y pobreza extrema a la mayoría de la población en el mundo.

Necesitamos a las organizaciones de la sociedad civil, a Naturalia y a las comunidades para construir desde las bases de la sociedad un planeta que erradique la desigualdad, la pobreza, el hambre, la desigualdad de género. Y nos permita recuperar ecosistemas y riqueza natural como soporte de la vida en la Tierra. Solo así conseguiremos la paz en el mundo.

Larga vida a Naturalia y a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan hombro con hombro con las comunidades por un planeta mejor.

Luis Fueyo Mac Donald
Consultor independiente en temas ambientales
Ex comisionado de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas