La despenalización de la interrupción del embarazo hasta la doceava semana de embarazo, aprobada por la ALDF en abril del año pasado, es un paso importante para hacer realidad no sólo uno de los derechos básicos de las mujeres: decidir sobre su propio cuerpo y su maternidad - que podría sintetizarse como “proyecto de vida”- sino también para garantizar algo más elemental: un mínimo de justicia social para la mayoría de las mujeres de esta ciudad.

La despenalización del aborto ha sido, como sabemos, una demanda planteada desde hace más de treinta años por las feministas mexicanas. A poco más de un año de la aprobación de la iniciativa de ley que ha permitido la interrupción de cerca de 8 mil embarazos en condiciones seguras –con una sola muerte, lamentable de todas formas– quisiera recordar brevemente a una de las voces más destacadas del feminismo y de la lucha por la maternidad libre y los derechos de las mujeres en México: Esperanza Brito de Martí, quien murió en agosto 2007, tras una vida intensa y fructífera. Periodista, feminista, activista y organizadora, en abril del año pasado convocó a un foro para contribuir al debate sobre la iniciativa que se discutía en la Asamblea del DF. Su último artículo publicado nos recuerda lo ardua que ha sido la historia de la lucha por la despenalización del aborto en México y nos permite ver lo poco que han cambiado, en un sentido, las fuerzas que se oponen al ejercicio pleno de la agencia y la libertad de las mujeres.

Escribía Esperanza Brito en abril de 2007 (en “Hoy, las mujeres siguen en pie. Los inicios de la lucha por aborto libre y gratuito”, CIMAC, 3 de abril 2007): En 1970 nadie quería hablar de aborto, sólo unas cuantas feministas que tenían columnas en periódicos y revistas tocaban el tema. Era de mal gusto tratar un asunto tan polémico y, según el criterio imperante, “tan feo”. Pues sí, no es bonito, pero era necesario sacarlo a la luz pública[…].

Las mismas feministas se debatían entre si iniciar o no la lucha por un aborto libre y gratuito, porque sentían que hacerlo podría provocar rechazo hacia el movimiento entre la población que, en su mayoría, se define como católica. No obstante se sabía, por un estudio hecho en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que la gran mayoría de las mujeres que habían sido atendidas por abortos inconclusos se confesaban católicas. También arrojó el estudio que eran casadas y madres de tres hijos o más […].

Finalmente, después de años de estar picando piedra, en 1976 se desata la polémica sobre el aborto. ¿Y quiénes hablan? Entonces, como hoy, hablan los hombres: diputados, funcionarios, políticos, curas, médicos, abogados y, desde luego, los “condenatorios”, que mandaban a las mujeres que abortaban y a las feministas a las profundidades del averno[…]

Cuenta entonces como un grupo de mujeres feministas se organizaron para que el debate no excluyera sus voces y llegaron a presentar a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley, documento que.- imagina - “desapareció de sus vidas para siempre, tal vez olvidado en un cajón”, aunque no “sin dejar huella” ya que un mes después, en octubre del 76, el Movimiento Feminista Mexicano, se alía con el Movimiento Nacional de Mujeres “y surge la Coalición de Mujeres Feministas partir de ese momento”, que marca el inicio de la época más activa del feminismo mexicano.. Para 1977, cuando se llevó a cabo la segunda Jornada Nacional sobre el Aborto, el debate ya estaba en la calle, pero persistía la resistencia ante ese tema tan “feo”; en realidad, tan “peligroso” para algunos que, a veces, el discurso de las feministas “ era violentamente rechazado y no faltaba quien las llamara asesinas. Otros las llamaban prostitutas o lesbianas. Ellas procuraban mantenerse serenas recordando el adagio ‘El que se enoja, pierde’. No estaban dispuestas a perder”. Y no perdieron. Con todo y su desventaja numérica y económica, la oposición del presidente, la pasividad hipócrita de los partidos políticos, y la tibieza de la sociedad mexicana, las feministas fueron ganando espacios, hicieron marchas en que la gente de la calle podía ver que no eran unas locas desatadas, una marcha fúnebre en recuerdo de las madres muertas en abortos clandestinos, y, también, un anteproyecto de ley por la Maternidad Voluntaria que, en alianza con ellas, presentó la Coalición de Izquierda recién incorporada al Congreso en 1979.

Los supuestos aliados dejaron morir entonces la iniciativa y hasta se arrogaron su autoría, con lo pretendieron borrar a las mujeres de su propia historia y de la historia del país. “No se vale”, acota Brito de Martí. Su artículo de 2007, sin embargo, no cierra con una nota de desencanto sino con un llamado a las mujeres del siglo XXI a participar:

Hoy (abril 2007), las mujeres están en pie de lucha y se escuchan sus voces. Se necesitan más voces de mujeres para que no se escuchen tanto las voces masculinas, sobre todo de la jerarquía eclesiástica y de los provida del feto pero no de las mujeres. Las mujeres se pueden morir, ¿a quién le importa la vida de una mujer? A las demás mujeres, a las mujeres feministas.

Y ciertamente, a quienes más nos importa la vida de una mujer es a las demás mujeres, a las feministas, pero también, añadiría hoy, a un año de la legalización de la interrupción del embarazo hasta la doceava semana, a los hombres y mujeres que queremos un país menos injusto, menos desigual, y menos hostil a las mujeres, a las niñas, y sobre todo a las mujeres, niños y niñas pobres.

En el marco de la controversia constitucional que han presentado instancias gubernamentales que sin duda deberían defender mejores causas y hacer frente a problemas mucho más reales, concretos y dolorosos, es evidente que, aunque hay avances, persiste la contraposición a la que aludía Esperanza Brito: por un lado el clero y las fuerzas conservadoras, y, por otro, las mujeres que exponen su vida y su salud cuando no se les deja más opción que un aborto inseguro para interrumpir un embarazo no deseado.

No es casual que, en esta controversia, predominen de nuevo las voces masculinas . Lo que está en juego para esos hombres y para los grupos de poder – de hombres y mujeres– que representan es la defensa de sus privilegios y el uso de creencias religiosas – disfrazadas de conceptos morales o de falsa ciencia– para contener /censurar/ reprimir a las mujeres que se atreven a decir “no” a la maternidad no deseada y a afirmar , como se repitió en abril de 2007, “mi cuerpo es mío” y que el estado no tiene derecho a interferir contra la libertad y la agencia que esto supone.

Las voces de la CNDH; de la PGR, de Provida, de los abogados católicos, se contraponen a las de las mujeres que nos hemos atrevido a decir que el aborto sólo es un tema “feo” si se trata de un aborto inseguro, porque la maternidad no puede seguir planteándose como “destino”, ni se puede soslayar que quienes hemos tenido recursos hemos podido acceder a una interrupción del embarazo sin riesgo. Así que lo que está en juego también es la defensa de los privilegios de unos cuantos, de quienes pretenden decirnos a las demás qué debemos o no debemos hacer.

Lo que hace la ley aprobada por la ALDF es reconocer el derecho de todas las mujeres, así carezcan de recursos económicos, de educación, de redes de apoyo, a decidir con más libertad sobre su cuerpo y su maternidad, a acceder a una práctica médica segura, no traumática, higiénica. Se trata de una ley democrática, en favor de la equidad social, que elimina el mercado negro del aborto (o lo disminuye de manera significativa), que reduce la tasa de muerte materna, que a mediano plazo disminuye el número de abortos y hasta los embarazos no deseados, porque además de proteger a quien no tiene recursos, la puesta en práctica de la iniciativa educa. Sí, una ley bien implementada puede educar. Esta lo hace porque quienes acuden a los hospitales público de la ciudad a solicitar una interrupción legal del embarazo se van con un método anticonceptivo, porque, hoy como en los años 70, es obvio que el aborto no es un gusto, es el último recurso.

Si la ley hoy impugnada favorece la justicia social, contribuye al avance hacia la equidad, si la interrupción legal del embarazo permite reducir los riesgos a la salud y a la vida de adolescentes y mujeres, si incluso en base a ella se les ofrece la posibilidad de evitar nuevos embarazos no deseados y se puede logarar que haya menos abortos, ¿por qué se pretende convencer a la SCJN de que es inconstitucional?

No puedo entrar aquí en una disquisición profunda y detallada que nos permita responder por completo a esta pregunta. Sólo apuntaré algunas reflexiones y retomaré algunas noticias recientes que nos permiten captar lo que sustentan las voces “institucionales” que pretenden arrogarse la autoridad moral y social para quitarnos a las mujeres, a la ciudadanía de esta capital, un derecho aprobado por nuestros legítimos (aunque no perfectos ni siempre dignos) representantes, en tanto elegidos por nosotros.

La controversia acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley aprobada – repito– por los representantes de la ciudadanía de esta capital el año pasado, que presentaron el ombudsman nacional y el procurador general de la república, apoyados por grupos conservadores, católicos, muchos de ellos, algunos tan poco “puros castos y azucenados” como Provida ( y me permito algo de ironía porque también hace falta), no es un simple caso legal. Es, por el contrario, un nuevo intento de mantener a las mujeres en “su lugar” – un lugar asignado por un imaginario masculino bastante ajeno a la realidad que vivimos día a día las mujeres– y un atentado contra el sentido más elemental de justicia social, en un país donde la mayoría de la población y de las mujeres vive en la pobreza o en la miseria, donde la mayoría de la población y de las mujeres vive en la inseguridad , en la precariedad, con empleos informales o temporales, o inexistentes, con bajos salarios y malas condiciones laborales aun cuando algún papel las garantiza; donde la mayoría de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia en la casa y en la calle, en el trabajo y en la escuela; donde la mayoría de las adolescentes también han sufrido violencia, y al reto de salir adelante en la escuela se añade el de resistir a las drogas, sobrevivir a la violencia en escuelas, calles y casa, y demandar respeto y protección contra las enfermedades y los embarazos no deseados en el noviazgo.

En un país tan desigual, inicuo, violento, y todavía tan hostil a las mujeres, no es aceptable que el capricho, la arrogancia, la mala fe, el prejuicio, el machismo, la misoginia y el autoritarismo, disfrazados de legalidad y buen modo pretendan imponer la maternidad forzosa a miles de mujeres y jóvenes al año – ni que condenen al riesgo de quedar estériles o con daños internos por infecciones y malas prácticas a quienes se atrevan a buscar una interrupción del embarazo porque ni su cuerpo, ni su psique, ni sus condiciones de vida, ni  (en algunos casos) su amor de madre les permite ser madres vez más o por primera vez. No es tolerable que la interrupción del embarazo, que puede ser una práctica sencilla, higiénica, segura, no traumática, se convierta por decreto de unos pocos en una práctica de riesgo, insalubre, traumática.

No es tolerable que con la prohibición que quieren reinstaurar los titulares de la CNDH y la PGR y sus aliados católicos y conservadores, se pretenda convertir un accidente en destino, un derecho en un deber, una opción en una obligación cuya transgresión o incumplimiento supone un castigo: no el aborto en sí sino el abortoclandestino, inseguro, con sus múltiples

secuelas contrarias a la justicia y a la ética. No otra cosa supone la controversia de inconstitucionalidad con que se pretende desacreditar y borrar casi de un plumazo el derecho de las mujeres a decidir, sin arriesgar su salud y su vida.

Contraponer al derecho a decidir libremente la maternidad y el espaciamiento de los hijos que constitucionalmente tienen las mujeres al supuesto derecho del padre – de nuevo erigido en patriarca– o al improbable y hasta absurdo supuesto derecho del “concebido”, es torcer el sentido de los derechos y constituye un asunto legal y filosófico que otros han planteado mejor que yo. Es también un asunto de derechos humanos, de derechos de las mujeres y de justicia social que no podemos dejar pasar, y una cuestión ética que bien vale subrayar.

Resulta por lo menos paradójico que quienes encabezan instituciones encargadas de velar por los derechos humanos y la justicia coincidan en oponerse a los derechos de las mujeres y se arroguen la autoridad moral y cuasi divina de decidir que la vida humana se inicia con la concepción, que el cigoto ya es “personita” y que ese conjunto de células que no tiene sistema nervioso, y que todavía podría convertirse en mioma, tumor, o deshacerse por sí mismo en el transcurso de los tres primeros meses, tiene no sólo los mismos sino más derechos que la mujer en cuyo útero se encuentra. Y más derechos que esa mujer que vive, trabaja, se mueve, educa a sus hijos, soporta malos tratos, o vive sola y no sabe a quien recurrir para enunciar – si no denunciar– el horror de la violación, o el acoso del supervisor o del subsecretario que la llevó a acostarse con él para no perder el puesto… y tantas otras protagonistas de historias indignantes, no por el estigma que algunos quisieran imponerles como antaño a las mujeres, sino por la tolerancia de los hombres a la violencia y la injusticia.

Resulta paradójico que el Ombudsman y el procurador gasten recursos públicos y obliguen a invertir más recursos públicos y tiempo público, (el de las y los magistrados, el de abogados, el de nosotras y muchas personas más) en una discusión que en apariencia correspondería al medioevo o al México anterior a las Leyes de Reforma. Sin embargo, aunque irritante, no es casual ni mero accidente que, justo al inicio del siglo XXI, volvamos a discutir la validez del aborto legal y seguro como derecho de las mujeres y como mínimo reconocimiento a un derecho humano de todas las mujeres.

Hoy, como en el siglo XIX, como en el año 2000 en Guanajuato, como en el caso de Paulina, como hace unas semanas en Guanajuato donde no se le informó a una niña de 15 años violada y embarazada por su padrastro que tenía derecho a un aborto legal, las fuerzas conservadoras se escudan en la religión y en la moral para imponerle al pueblo “incapaz, analfabeta, atrasado” , a las mujeres consideradas como menores de edad o como meras vasijas, ideas que fortalecen el dominio patriarcal y jerárquico y preservan la desigualdad, económica y de género, y sus ventajas para los privilegiados de la pirámide social y política de nuestro país.

Hoy como en el XIX, la separación de la Iglesia y del Estado amenaza los privilegios de unos pocos, casualmente blancos, ricos o acomodados (o capaces de echar mano al erario público) católicos, bienpensantes y, con alguna excepción, hipócritas. Hoy más que en el siglo XIX o en el XX, el rejuego de poder entre clases sociales, conservadores y progresistas, sentido social y privilegio, responsabilidad y obscurantismo, libertad y opresión, la contraposición entre Estado laico y confesionalismo, se da, se materializa, simbólica y legalmente, en y a través del cuerpo de las mujeres.

Muchos preferirían mantenernos en la ignorancia, como el director de la escuela de Quintana Roo a quien cita Lydia Cacho en un artículo reciente: "Es una inmoralidad y una provocación que en este colegio no vamos a tolerar", dijo el director. No se refería a su gesto de censura , cuando le cuestionaron el haber cortado las páginas sobre sexualidad del libro de biología de 5to de primaria. No, se refería la posibilidad de saber, de conocer el cuerpo que esas páginas ofrecían a los niños y niñas. Lydia Cacho enuncia claramente lo que este gesto significa: “Mutilar los libros es un abuso de poder, porque despoja a las y los estudiantes de su derecho a aprender. Es hipócrita porque la sexualidad en sí misma no es inmoral, pero sí puede serlo su mal ejercicio. Es éticamente inaceptable porque el origen de la decisión parte del prejuicio y la ignorancia y afecta a una comunidad que eventualmente vivirá una sexualidad insatisfactoria y culposa” (El Universal, “Los valores y el sexo”, 5 de mayo 2008).

Es desde luego preocupante que esto suceda en una escuela de Quintana Roo, donde la pederastia no es escándalo porque se calla o acalla, pero, como se sabe, esto ha sucedido también en otros estados y sucede, aunque muchos lo sepan y callen, que es práctica común en escuelas confesionales de la ciudad de México, donde se (de)forman los hijos de la clase alta y media – situación que las autoridades deberían sancionar. Muchos – como estos directores– prefieren mantenernos en la ignorancia, como si se pudiera tapar el sol de la sexualidad y la vida sexual con páginas en blanco, como si no supieran que la ignorancia sexual sólo aumenta los riesgos de la desprotección en todos sus sentidos.

Muchos preferirían mantenernos encerradas, paralizadas, y tal vez por eso culpabilizan a las mujeres violadas o asesinadas en Ciudad Juárez y otros lugares del país de la violencia que les impide caminar libremente por las calles, para ir a trabajar, a estudiar o simplemente por que sí. Otros prefieren no ver esa violencia que marca la vida de las mujeres y las niñas y se indignan más por un aborto que por una violación, o minimizan el maltrato, el acoso y el asesinato como “mitos”, “exageraciones”, “escándalos mediáticos”.

La violencia estructural, la inequidad, la hipocresía social que permite explicar la tolerancia a la violencia contra las mujeres, permite tal vez explicar también por qué, sin el menor recato la PGR, actúa con más vigor contra con la posible interrupción de un embarazo no deseado, que contra la impunidad , o por qué hay quienes se escandalizan más por el derecho al aborto seguro, voluntario, que por la muerte lenta, impuesta, de miles de niños y niñas nacidos en tugurios, desnutridos, abandonados en botes de basura, vendidos por hambre, usados como objeto de cambio por unos y objetos de placer por otros. La doble moral que algunos querrían hacer política de estado tal vez explique que un Ombudsman criticado por instancias internacionales respetables siga en su rentable puesto, y se atreva a inmiscuirse en los derechos humanos de las mujeres.

Esa misma violencia estructural , agudizada hoy por la mal llamada “guerra” contra el narco y la devaluación cotidiana de la vida humana que conlleva, condena a muchas mujeres a vivir en la inseguridad, en la ignorancia, y se contrapone hoy también – a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación – a la reivindicación de los derechos de las mujeres a la libertad y a la seguridad. Contra esas voces, además de reivindicar el derecho de las mujeres a una maternidad libre y voluntaria, el derecho de las mujeres pobres a un aborto seguro, legal, hace falta decir con todas sus letras y en voz alta que quienes encubren las violaciones y asesinatos como “males gástricos” (como en el caso de Ernestina Ascensio) o como “imposición del orden, la armonía y la paz social” (como en el caso de Atenco) o como “mitos” inventados por los medios y las familias de las “muertas” para lucrar (como en el caso de cd Juárez) son hipócritas, carecen de autoridad moral,y forman parte de grupos de poder retrógrados que atentan contra la libertad, la equidad y la pluralidad. En un estado laico que se preciara de respetar mínimamente la ley, de ser estado de derecho, esta controversia no tendría cabida. Los funcionarios que la han promovido tampoco podrian seguir aprovechando sus cargos para sus propios intereses.

* Ponencia presentada en el Foro “Voces desde la academia sobre el aborto”el 14 de mayo 2008 en la UNAM

** La autora es crítica cultural, feminista y defensora de los derechos de las mujeres.