En relación con la Acción de Inconstitucionalidad presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el C. Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como miembro del Consejo Consultivo de la Comisión, considero mi deber ético y moral, manifestar:

El problema de la interrupción del embarazo puede enfocarse desde distintos ángulos: Primero: el ético personal, en el que cada persona, de acuerdo con sus ideas y principios, puede y debe tener su particular punto de vista digno de respeto y tolerancia; Segundo: la discusión jurídica, en la que, de acuerdo con la posición que se adopte, y dada la confusión producida por diferentes textos legales, se pueden presentar diversas apreciaciones que deben ser respetadas; Tercero: en lo personal, considero oportuno que sea la Suprema Corte de Justicia, en su carácter de defensor de la Constitución y máximo tribunal de la República, quien establezca la interpretación que deba regir en torno al tema del aborto, y Cuarto: me parece que la presentación de la Acción de Inconstitucionalidad, sin el conocimiento previo del Consejo Consultivo de la Comisión, aunque no hubiere obligación para ello, sí presentó un problema de comunicación en un tema por demás importante que trajo como consecuencia un malentendido ente el Presidente y parte del Consejo. Es cierto que, independientemente de sus atribuciones legales, se espera del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la consulta previa o, al menos la información, que siempre son necesarias e indispensables para la salvaguarda de la transparencia, credibilidad y buen funcionamiento de la Comisión.