Si algo caracteriza a México y a los países de América Latina es la permanencia de regulaciones muy conservadoras en relación con la sexualidad.   Regulaciones que se apegan o defienden el ideal judeo-cristiano de los usos del cuerpo, que circunscriben la sexualidad a los actos reproductivos y que desaprueban el sexo realizado meramente por placer.    Tomando en cuenta que el cuerpo tiene como función dar cuenta del orden social y que la sociedad esta dentro de los individuos, hay que reconocer que las tradiciones religiosas han quedado impresas y están en el fondo de valores contemporáneos, pero al mismo tiempo,  han sufrido transformaciones significativas por los procesos de modernización y secularización.    La preeminencia de una ética de Estado y de una menor influencia de la religión en la vida cotidiana, son fenómenos observables aún entre poblaciones  rurales e indígenas.    En particular es un hecho documentado que frente a las regulaciones sexuales que sostienen las doctrinas religiosas las personas se posicionan de diferente manera, ya sea obedeciendo, lamentándose o rebelándose y, en momentos coyunturales asumiendo actitudes reaccionarias, organizando movimientos de resistencia o encabezando acciones de franca transgresión.

Aunque el individuo no pueda distinguirse de la sociedad, sí puede alinearse y hasta oponerse a ella.   En todas las sociedades humanas el instinto sexual se enfrenta a un complicado y sutil sistema de prohibiciones, reglas y valores, costumbres que van más allá de las necesidades biológicas, y que enmarcan a la sexualidad como una construcción cultural. Como señala el historiador inglés Jeffrey Weeks, la historia de la sexualidad no es la historia de un tema determinado, sino la de un tema en constante cambio y recreación.  Por ello la sexualidad se evapora entre las manos, es un gesto o una sombra, es la historia de nuestras preocupaciones cambiantes acerca de cómo deberíamos vivir y cómo deberíamos disfrutar o negar nuestro cuerpo[1].

El concepto de sexualidad en occidente, tal como hoy se analiza desde el abordaje crítico del historiador Michel Foucault, es un conjunto de significados dados a ciertas prácticas y actividades, un aparato social que tiene una historia con complejas raíces en el pasado cristiano y precristiano, y que alcanzó una unidad conceptual moderna con efectos diversos.

La sexualidad ha sido construida como un saber que conforma las maneras en que pensamos y entendemos el cuerpo, y los discursos sobre el sexo se entienden como dispositivos de control sobre los individuos, no tanto basados en la prohibición o en la negación, sino en la producción e imposición de una red de definiciones sobre las posibilidades del cuerpo. Hoy la sexualidad es un conjunto de reglas y normas, en parte tradicionales, en parte nuevas y un conjunto de cambios en la manera en que los individuos se ven llevados a dar sentido y valor a su conducta, a sus deberes, a sus placeres, a sus sentimientos y sensaciones, a sus sueños[2].

La dimensión subjetiva de la sexualidad, la forma como vive cada ser humano las emociones y los procesos internos de identidad interactúan con las creencias y condiciones externas, con relaciones intersubjetivas que reproducen los valores dominantes y forman parte de la organización social. De ahí que comprender la sexualidad exige involucrar la subjetividad de quien escribe, de quien habla y de quien investiga, su posición como actor social, o para decirlo en términos de Renato Rosaldo[3], hay que explicitar al estudioso como sujeto ubicado, conocer su interés pasional, su compromiso ético, sus conocimientos previos y trayectoria personal.

La subjetividad supone la intersubjetividad.  En palabras de Berger y Luckman la vida cotidiana es un mundo intersubjetivo.

“En realidad no puedo existir sin interactuar ni comunicarme continuamente con los otros.  “Los otros tienen una perspectiva que no es idéntica a la mía.  Mi “aquí” es su “allí”.  Mi ahora no se superpone del todo con el de ellos. Mis proyectos difieren y hasta pueden entrar en conflicto con los de ellos.  A pesar de eso, sé que vivo con ellos en un mundo que nos es común” [4].

La identidad sexual es un proceso intersubjetivo, los seres humanos se identifican siempre y en todo lugar por la afirmación de su diferencia con respecto a otros individuos y otros grupos.  Mientras uno se distingue como persona frente a otros grupos, toma consciencia de las diferencias respecto a “otros y otras” diferentes.  En el proceso de toma de consciencia de las diferencias los otros suelen adquirir una valoración negativa[5]: “yo no soy como los otros”...

Como sujeta ubicada me posiciona ahora, con mi pasión al tema de la sexualidad desde mi ser mujer no creyente, madre y jefa de familia, hoy soltera y abuela, obsesivamente interesada desde hace 30 años en el tema de la sexualidad de adolescentes y jóvenes, de esa etapa vital que a veces pienso sigo disfrutando.  Profesionalmente pasé de la Psicología a la Antropología social, del estudio del mundo interno al entorno cultural, dos dimensiones que me resultan imprescindibles para comprender e incidir en la política sexual.   Y hoy hablo desde el activismo social de una organización civil feminista donde tratamos de traducir los resultados de la investigación de la sexualidad humana en conocimiento útil para las instituciones, con un pié en las tensiones políticas y otro en el trabajo técnico,  una forma de entender la praxis, enfocándose en un tema que sigue siendo muy controversial.

Sin duda la sexualidad es un terreno de la acción política, es resultado de prácticas sociales que dan significado a las actividades humanas, es producto de luchas y negociaciones entre quienes tienen poder para definir y reglamentar y quienes se resisten.

Hablemos de las tensiones políticas

En México, la vida sexual se ha visto afectada por patrones de herencia patriarcales, fuertes redes familiares y de compadrazgo, campañas de matrimonio y de planificación familiar, homofobia, roles sexuales estereotipados y relaciones inequitativas de poder entre el padre y la madre, entre padres e hijos , entre maestros y alumnos, médicos y usuarias, entre el Estado y los ciudadanos.

La lucha por los derechos sexuales ha estado ligada a los procesos de construcción de la ciudadanía, y ha sido impugnada principalmente por grupos conservadores atrincherados como agrupaciones de Padres de Familia, o como defensores de la moral y las buenas costumbres, se trata de actores que construyen zanjas en el terreno de las libertades.  La mayoría de estos grupos están vinculados a escuelas católicas privadas y a universidades confesionales, hay además jerarcas eclesiásticos de la Iglesia católica, líderes partidistas y funcionarios que son actores visibles en el campo de la política sexual.

El particular estilo mexicano de manejar las tensiones políticas es conservador.  Frente a los programas de educación sexual y salud reproductiva se prefiere no arriesgar, soslayar y enviarlos al cajón de lo controversial aún desde las diferentes plataformas partidarias, aunque últimamente las posiciones se están polarizando y empieza a ser fácil predecir qué partido apoyará o se opondrá a tal o cual reforma relacionada con la vida sexual. Las nuevas generaciones son blanco de un conjunto de regulaciones conservadoras que ponen en riesgo el ejercicio de sus derechos sexuales, se pretende revertir los procesos de secularización del sexo, las prácticas sexuales de los jóvenes mexicanos que se están apartando del ideal religioso, para ajustarse a una racionalización cada vez más pragmática.

Pero en comunidades rurales y en barrios marginales las familias siguen atrapadas en la sobrevivencia: padres ausentes y padrastros violentos, madres rebasadas por los deberes, esposas vejadas e inhabilitadas para impulsar a sus hijos, niños desatendidos, jóvenes desorientados, desempleados, muchachas que con lo único que cuentan es con sus esperanzas. Es un hecho documentado que jóvenes trabajadoras y trabajadores tienen menos información sobre la sexualidad, tasas de actividad sexual más altas y menor control sobre su fecundidad y salud en comparación con los grupos de estudiantes. Hoy sabemos que a mayor marginación, mayor fecundidad, y que las mujeres menores de 20 años que viven en condiciones socioeconómicas desfavorables son quienes más frecuentemente experimentan las repercusiones de un embarazo no deseado[6].  La mortalidad materna, es también mayor entre las mujeres analfabetas, quienes tienen ocho veces más probabilidad de una muerte por embarazo, parto o aborto respecto de mujeres que tuvieron acceso a estudios de preparatoria[7]. Entre las campesinas, el embarazo juvenil es parte de un ciclo de vida que suele concretarse después de terminar la Telesecundaria, ante la falta de mejores oportunidades. La maternidad, el aborto y las prácticas sexuales muchas veces son estrategias contradictorias de sobrevivencia y resistencia[8].

Vamos ya al tema que hoy nos convoca, el más controversial de todos: el aborto.

La despenalización del aborto ocurrida hace un año en la Ciudad de México, representa un cambio cualitativo muy significativo puesto que la región de América Latina y el Caribe ha sido particularmente restrictiva de los derechos reproductivos de las mujeres.  Después de más de cinco siglos de resistencia política y cultural, constatamos que la agenda religiosa fue un instrumento poderoso para lograr la colonización de nuestro continente, pero además, para someter los poderes públicos a regulaciones católicas que en muchas ocasiones contravienen las necesidades sociales de nuestros pueblos

Instaurar una república y una moral racional o universalista, basada en los derechos humanos y el Estado laico fueron logros de la Reforma juarista, de las leyes que hubo que defender después de la revolución mexicana y de la derrota de la guerra cristera.     Costó caro que el Estado abandonara la moral de apoyo teológico y pasara a una moral racional.

Sin embargo en la actualidad, cuando al Estado moderno ya no le corresponde decidir si tal o cual conducta es buena o mala, sino garantizar las libertades, enfrentamos masas precarias de gente que ni es libre ni ejerce sus derechos humanos.   El desencantamiento de las instituciones del Estado ha llegado a convertirse en crisis permanentes y hasta explosivas.  Lo que más asombra es que en pleno siglo XXI se intente superar la fragilidad de las instituciones mediante la repolitización de la biblia y el reforzamiento de los patrones tradicionales de familia.

Cuesta creer que en pleno siglo XXI enfrentemos nuevos debates relacionados con la laicidad.  El avance de gobiernos conservadores en el mundo globalizado ha favorecido la recuperación de lo religioso en la esfera política.  Un concepto tan abstracto como el de “laicidad” exige cierto análisis de su asiento teórico.  Se trata de un principio relacionado con el pensamiento ilustrado, con el concepto de modernidad y con la declaración de los derechos del hombre, con ese hito histórico irreversible que terminó con los Estados Confesionales, que fue base para la formación de los Estados democráticos  y de la liberación del individuo.  La laicidad es una condición imprescindible de la democracia, así como de la protección de la conciencia libre y la privacidad del individuo. La conciencia libre es un atributo del individuo, de la persona física, no de la sociedad ni del Estado. Sólo el individuo está dotado de conciencia y puede ser religioso o dejar de profesar una fe.    El Estado moderno carece del atributo de la religiosidad y de cualquier tipo de convicción que habite el espacio de la conciencia.  En otras palabras, el Estado no puede pensar ni tener conciencia.  Si las instituciones fueran religiosas el individuo dejaría de serlo.   He aquí una premisa fundadora del laicismo.

En la esfera política la laicidad tiene al menos tres sentidos: la separación o no intervención del Estado en cuestiones religiosas,    el sentido de neutralidad de las instituciones estatales y el de libertad de conciencia para todos independientemente del culto o credo.

La laicidad entendida como separación de lo sagrado y lo profano permitió desplazar el poder del clero y limitar su monopolio de la verdad.  Al separarlo pudo instaurarse la autonomía del Estado y fue factible gobernar en función de la voluntad del pueblo y no de una legitimidad divina o sagrada, es decir democráticamente.  La separación del Estado y las Iglesias implica, en principio, el reconocimiento de la existencia de una sociedad civil separada e independiente del Estado.  En segundo lugar, es una noción relativa entre dos realidades que obliga al  Estado a definirla con precisión, sobretodo ante disputas legales o políticas. Es al Estado y no a la Iglesia, a quien corresponde definir los alcances y límites de la laicidad.

La reforma que autorizó la interrupción del embarazo hasta la décimo segunda semana de gestación concretó la separación y la laicidad en la ley.  Obligó al Estado Mexicano, en particular al los poderes del Gobierno del Distrito Federal a precisar el actual sentido de la laicidad, a definir su nuevo papel frente a la pluralidad de creencias y puntos de vista ideológicos y religiosos.      Los integrantes del Poder Legislativo, los diputados y diputadas de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, al elaborar y aprobar la reforma al Código Penal concretaron  en su posicionamiento personal el significado de la separación del Estado y la Iglesia, garantizaron el derecho a decidir de todas las mujeres, de quienes conciben como pecado el aborto y de quienes lo consideran un derecho.  Como representantes del pueblo actuaron en función del interés público y no de sus creencias personales.

En su acepción de neutralidad, laicidad significa ausencia de religión institucional y respeto todas las religiones, creencias, filosofías e ideologías.  Las más claras muestras de laicidad las dio el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.  El primero al expresar contundentemente la neutralidad de su gobierno y el reconocimiento de la pluralidad de creencias de los ciudadanos del Distrito Federal; y el ombudsman en su papel de defensor de los derechos humanos de todos y todas, al rechazar públicamente las presiones del partido conservador para interponer el recurso de inconstitucional frente a quienes argumentaban que él “tenía obligación de proteger la vida”.

Tal como la actual iniciativa de este Estado de Baja California en la cual se pretende dar figura legal al embrión desde el momento de la concepción,  los legisladores del partido Acción Nacional, así como el Procurador de la República y el Presidente de la CNDH recurrieron a premisas católicas para impugnar la ley y presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la SCJN que contradice la laicidad.

Sin embargo habría que celebrar como un gran ejercicio democrático los debates que se han desarrollado con los ministros, puesto que se han escuchando posiciones muy divergentes de juristas, investigadores y teólogos, de demógrafos, sociólogos, y funcionarios públicos, de defensores de derechos humanos y activistas de las organizaciones civiles en un diálogo de gran estatura académica.

Entre los múltiples argumentos se demostró que la legislación restrictiva genera una práctica discriminatoria y propicia el mercado clandestino de servicios de aborto, que la penalización no reduce el número de abortos y si violenta los derechos humanos de las mujeres, y que la despenalización del aborto junto con la promoción de anticonceptivos reduce las tasas de aborto y de mortalidad materna.

Más allá de los debates políticos,  la más contundente muestra de laicidad en su sentido de trato igualitario y ejercicio de la libertad de conciencia la ofrecen las mujeres que han experimentado una interrupción legal del embarazo en los 14 hospitales de la Ciudad de México.    La mitad de ellas solteras y la otra mitad casadas, la mayoría jóvenes entre 18 y 29 años de edad declaran ser católicas más del 80 por ciento, cristianas cerca del 3 por ciento, 2 por ciento pertenecen a otras religiones y casi el 8 por ciento se asumen como no creyentes.  Se trata de registros que dejan ver el grado de secularización de una sociedad y la manera en que las mujeres del Siglo XXI colocan la libertad de pensamiento y de conciencia al servicio de su vida sexual y reproductiva.

El valor del Estado Laico es el valor de los individuos que lo componen.  Las generaciones contemporáneas exigen libertad de conciencia y equidad de género,  son personas con creencias semejantes pero que tienen prácticas diferentes, que exigen igualdad de oportunidades y que se asumen como sujetos y sujetas de derecho.     Se trata de librepensadoras que actúan de acuerdo a códigos morales individualizados y del ámbito privado, son creyentes voluntarias que se mueven entre una franca minoría de agnósticos y ateos, y cuya concepción religiosa cobra más sentido como búsqueda individual o espiritual y como enriquecimiento de la conciencia,  pero marcando cierta separación respecto de la institución eclesial.

Y vamos concluyendo….

Uno de los más importantes aciertos de la reforma que abre el acceso a la ILE  es que contempló una estrategia integral cuyo impacto en la salud reproductiva de las mujeres está bien documentada, la reforma combina tres aspectos sustanciales:  Además de abrir el acceso a la interrupción del embarazo incluyó el fortalecimiento de los servicios de planificación familiar, y más, se adicionó la promoción permanente e intensiva de prácticas preventivas a través de la educación sexual.

Los servicios del sector salud ofrecidos por las Instituciones Públicas legitiman un tema que criminalizaba a las mujeres y desprestigiaba a los médicos.  La fuerza del servicio ofrecido y el alivio de cada una de las mujeres que han sido atendidas es también una formación de cuadros, una inversión en líderes que abandonaron la moral de sumisión femenina y que valoran la maternidad como un acto voluntario.

Este panorama confirma la sexualidad como una construcción social que encierra una gran paradoja, cambia con la historia y se perpetúa en la cultura, la polarización de las fuerzas sociales y políticas influye de manera más directa en la vida pública y privada, y las premisas de género siguen siendo determinantes de las regulaciones del cuerpo.

Sin la polarización política tan extrema que se vive en el país no hubiera sido posible despenalizar el aborto en la Ciudad de México.   Se trata de geometrías políticas que están en abierta oposición.  No se habla la misma lengua desde los dos lados.  Mientras el gobierno federal reproduce las regulaciones religiosas de la Iglesia Católica como parte de sus principios partidarios, hoy se levanta un gobierno capitalino cuyo partido gobierna en la Ciudad desde hace 10 años y que está apostando a aplicar una política de contraste.

*Ponencia presentada en Tijuana, el 11 de julio de 2008.

** Antropóloga Social.  Directora de Afluentes SC/Red Democracia y Sexualidad A.C. Articulista de La Jornada

[1] Jeffrey Weeks, Sexualidad, Paidós/ PUEG/ UNAM, México, 1998.

[2] Michael Foucoult (1993) Historia de la sexualidad 2: el uso de los placeres, Madrid, Siglo XXI.

[3] Renato Rosaldo,  Cultura y Verdad, Conaculta/Grijalvo, México, 1989.

[4] P. Berger y T. Luckman, (1966) La construcción social de la realidad, Argentina: Amorrortu editores.

[5] G. Giménez, (1996) La identidad social o el retorno del sujeto en sociología, en Identidad III, Coloquio

Paul Kirchhoff, UNAM-DGPA.

[6]INEGI/ UNIFEM, (1995) La mujer mexicana: un balance estadístico al final del siglo XX. México.

Huerta-Franco R y J. M. Malacara (1995) “Prácticas sexuales en adolescentes de áreas marginadas: su asociación con la estructura y función familiar en Carta sobre Población, Año 2, No. 9, México.

[7] Langer, A. y Romero M., Diagnóstico en salud reproductiva en México en Reflexiones: sexualidad, salud y reproducción No. 3, El Colegio de México/ The Population Council, 1995.

[8] Gabriela Rodríguez y De Keijzer, La noche se hizo para los hombres: Sexualidad y Cortejo entre jóvenes campesinos y campesinas, EDAMEX, México 2002.