Yo declaro haber abortado.

Así concluía el manifiesto que en 1971 publicaron 343 mujeres francesas, entre ellas Simone de Bouvoir, Catherine Denueve, Jeanne Moreau y Marguerite Duras. Alzaron su voz por el silencio de miles de sus compatriotas que abortaban  bajo condiciones peligrosas al realizarlo en la clandestinidad. Cuatro años después se logró la despenalización en el país galo  y desde entonces las francesas –así como sucede con varios millones de mujeres en el mundo- pueden ejercer libremente el derecho a decidir sobre su capacidad reproductiva.

En México destacadas mujeres de las ciencias y las artes se han expresado  públicamente por esa misma autonomía libertaria. Igualmente lo han hecho  hombres ilustres de nuestra inteligencia colectiva, tales como Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, Sergio Pitol, Carlos Monsiváis, Federico Reyes Heroles, Ruy Pérez Tamayo y nuestro Premio Nóbel, Octavio Paz.[1]

Vengo al Máximo Tribunal Constitucional en representación de diversas organizaciones feministas mexicanas  a dar voz  a las miles de mujeres de nuestro país que hemos abortado por decisión propia,  en la ilegalidad  y también a las que en el intento, murieron por razones de inequidad.

Vengo a defender  la ley que despenaliza el aborto en la Ciudad de México que nos embistió de júbilo hace un año por haber logrado avances importantes para la promoción y respeto de nuestros derechos humanos en el campo de la salud y la justicia.

Es motivo de orgullo ciudadano vivir los avances democráticos legislativos de nuestra Ciudad Capital.

La magnitud del problema de salud que genera la penalización la pueden observar si revisan -año por año- el número de muertes maternas e ingresos hospitalarios por aborto que han ocurrido a lo ancho y largo de nuestros país, tan sólo en los últimos 25 años. Allí están los datos transparentes, tanto de la Secretaría de Salud a nivel Federal como del INEGI.

A nuestro parecer, el principio ético de justicia exige indagar por qué la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos buscan que las mujeres sean tratadas por la ley de manera  desigual y discriminatoria a los hombres con respecto a sus necesidades de atención a la salud.

Los hombres en este país (incluidos el Señor Medina Mora y el Señor Soberanes) pueden atender sus necesidades de salud  sin temor a cometer delito, mientras que las mujeres que buscan un aborto porque consideran que su salud mental, física o social está en riesgo, se exponen a transgredir la ley.

¿De qué procuración de justicia y de que derechos humanos nos hablan estos funcionarios públicos?

Intentar obligar -por ley- a las mujeres a tener un hijo  en contra de su voluntad es un acto ruin y alevoso que violenta nuestros más elementales derechos.

Se han referido a la defensa jurídica del embrión. Aquí les decimos que dejen de preocuparse, que las mujeres sabemos perfectamente que no es lo mismo un embrión que un hijo o hija nacida. Que en ninguna parte del mundo, un aborto de doce semanas  se entierra,  ni se levanta acta de nacimiento ni acta de defunción. No se bautiza ni se la da extrema unción.  Ni las mujeres, ni la sociedad, ni el Estado ni las iglesias le dan el mismo trato a un embrión que a un niño o niña ya nacida.

Cuando se trata de un aborto espontáneo se puede perder un proyecto, una esperanza, un deseo; cuando se realiza la interrupción del embarazo por voluntad propia se comete un acto de responsabilidad reproductiva.

Cuando un hijo o hija nace, es una persona a la que le debemos como  padres, madres, sociedad y gobierno todo nuestro amor y garantías para disfrutar de la vida. ENTONCES NO ES LO MISMO. Bien lo entendemos quienes hemos acudido a un aborto y a la vez hemos procreado hijos e hijas que amamos profundamente.

En nuestro país la ciudadanía está falta de credibilidad en las instituciones del Estado particularmente en las de impartición de justicia. Ustedes bien saben que no hay capacidad institucional en nuestro país para emprender 500 mil averiguaciones previas cada año ni mucho menos espacios para el encierro de las miles de mujeres que abortan en México.

Aquí mismo, quienes se oponen al derecho a decidir de las mujeres, han expresado que no desean verlas encarceladas. Coincidimos plenamente con ellos. No hemos pisado ni debemos  pisar  la cárcel y mucho menos arriesgar la vida por tomar decisiones que competen a nuestra intimidad.

El recurso de inconstitucionalidad pretende reactivar la penalización y castigar a las mujeres que optan por un aborto, particularmente a las de bajos recursos económicos pues las otras,  (nosotras, las privilegiadas) bien podrán seguir accediendo a servicios de salud privados.

En el caso del aborto, penalizar no previene.

Juntemos voluntades y leyes para ampliar las campañas de educación sexual en el marco del  Estado Laico y garanticemos el acceso informado a la amplia gama de anticonceptivos para que cada vez haya menos mujeres que tengan que interrumpir un embarazo. Defendamos la Ley del Distrito Federal que no obliga a ninguna mujer a abortar y sí protege la salud y los derechos reproductivos de las capitalinas.

Señoras y Señores Ministros:

Muchísimas mexicanas y mexicanos tenemos  confianza que al ejercer la función de intérpretes de la Constitución y guardianes de su supremacía, en un tema tan polémico como lo es el aborto, Ustedes tomarán seriamente en cuenta  que la decisión adoptada tendrá una repercusión en las condiciones de vida de miles y miles de mujeres principalmente de las clases populares, quienes podrán ejercer sus derechos en condiciones de seguridad e integridad personal, o tendrán que volver a la clandestinidad, asumiendo los costos que ello significa  por el hecho de que Ustedes hayan determinado que la Constitución de nuestro país les impone como único destino la maternidad o la persecución del poder punitivo del Estado.

Su dicho será ley,

Muchas gracias.

 

* Ponencia presentada en las audiencias públicas organizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 28 de junio de 2008.

** Integrante del Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población-Capítulo DF.

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[1] Desplegado publicado en El Universal, La Jornada  y Reforma, el 28 de mayo de 1998.