¿Cómo han cambiado las cosas para los inmigrantes en los Estados Unidos con Trump en el poder?, me pregunta mucha gente.  Les cuento lo que le pasó a “Elena”.  Ese es un seudónimo.  No quiero dar su nombre, ni tampoco identificar a los oficiales de Inmigración que trataron el caso.  No es necesario.  Lo que vale es lo que ocurrió.

Elena es salvadoreña.  Tiene 68 años. Sufre de demencia, presión alta y corazón débil.  Es residente permanente de los Estado Unidos desde hace más de 20 años, pero nunca adquirió la ciudadanía.  Hace 19 años, cometió el error de llevarse dos pares de zapatos de una tienda sin pagarlos.  La arrestaron y ella admitió culpabilidad por el delito.  No recibió sentencia carcelaria.  El juez le ordenó a cumplir 100 horas de servicio comunitario y ella cumplió su sentencia.

A pesar que las leyes establecen que el delito milita contra su carácter moral y su residencia permanente, Inmigración nunca la había molestado.  Ni durante el gobierno de George W. Bush, ni tampoco en el de Barack Obama.  Ella viajaba anualmente a El Salvador y regresaba sin problema alguno.  Pero seis días después de la toma de posesión de Donald Trump como presidente estadounidense, la agencia policiaca de Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) la detuvo después de un viaje rutinario a El Salvador. La interrogaron y le ordenaron que regresara la semana siguiente con una copia certificada de su antiguo antecedente penal.

Elena no entendía lo que pasaba. Su familia consiguió el documento requerido y el día de su cita con ICE, regresó al aeropuerto acompañada de su antecedente penal, su hija y conmigo, su abogado. Sabíamos que ICE podía iniciar cargos de deportabilidad contra Elena, pero le dije a la hija que estaba optimista, que podíamos ganar el caso.  Toda la familia inmediata de Elena es ciudadana estadounidense y el delito ocurrió hace más de 19 años.  Esos litigios tardan años, porque las cortes están atoradas de casos y no programarían el juicio por tres o cuatro años.  Mientras tanto, Elena podía estar libre, deduje.

Lo que no sabía es que un día antes de que ella se presentara a su segunda entrevista con los oficiales de ICE, el presidente Trump firmaría una orden ejecutiva llamada “Aumentando la seguridad pública en el interior de los Estados Unidos”, que prioriza la deportación de cualquier inmigrante que ha cometido o que ha sido acusado de haber cometido algún delito.

Esa orden me preocupaba y pensé que quizás el oficial quisiera encarcelar a Elena para obedecer la nueva orden ejecutiva.  Sin embargo, Trump había firmado la orden el 25 de enero.  La cita de Elena estaba programada para el día siguiente.  No había ni siquiera lineamentos para implementar la orden.  Sin lineamientos, pensé, difícilmente la quisieran encerrar.

Todo empezó bien.  El oficial de ICE fue muy amable con Elena.  Le enseñamos los documentos médicos en los que constan las enfermedades que padece, el hecho que su único antecedente penal ocurrió hace 19 años y la evidencia de que sus familiares son ciudadanos de este país.  El oficial le dijo a la hija de Elena que pronto podía regresar con su madre a la casa, pero antes tenía que hacer una llamada a su supervisor en la oficina central de ICE.

Asombrosamente, el supervisor insistió en encarcelar a Elena. “Tenemos que cumplir con la nueva orden ejecutiva del Presidente”, ordenó a su subordinado, quien respondió que “aún no tenemos lineamientos sobre la orden”.

“No quiero que me despidan por no cumplir órdenes.  Detenga a la inmigrante”, dijo implacable el supervisor.  “No”, le respondió el oficial, “no la voy a detener.  Yo estoy a punto de jubilarme.  Si me despiden por liberarla, así será”.  Y con eso, el oficial le dijo a Elena que podía irse a su casa a esperar una fecha para una audiencia de deportación. Ella nunca se enteró de lo que pasaba.  Solo estaba asustada.  Tiene ahora una fecha para defenderse de una deportación, pero podrá hacerlo en libertad y no desde una cárcel para inmigrantes.

Confío en poder ganar el caso para que Elena se haga residente y eventualmente pueda iniciar el proceso de naturalización.  Cometió un error hace muchos años.  No debería haberse robado dos pares de zapatos de una tienda.  Ella lo sabe y está arrepentida.  Pero, ¿quién es el verdadero criminal?  ¿Elena?  ¿El supervisor de ICE que la quería encarcelar?  ¿El presidente Trump que, sin ningún sentido de la justicia, pretende deportar a cuanto inmigrante puede de este país?

El caso de Elena habla por sí mismo.

*Abogado en Washington