Una de las principales limitaciones que tienen las políticas públicas destinadas a la actividad agropecuaria es que no diferencian las distintas matrices culturales del campo mexicano. En efecto, para los encargados de diseñar las políticas públicas del sector agrícola, los programas siguen criterios que orientan el peso, el sesgo y las prioridades en función –la mayoría de las veces– de indicadores econométricos o productivistas como si el campo mexicano fuera homogéneo socialmente así como en las formas de satisfacer necesidades sociales.

Las dificultades y la complejidad que observamos entre la burocracia estatal y el sector productivo agropecuario afloran también en las dependencias del sector hidráulico encargadas de trazar políticas públicas del agua. Pero la pregunta es: ¿se comprenden realmente las demandas y requerimientos de las poblaciones diferenciadas? Sabemos que la política pública vigente en materia de recursos hídricos se elabora con base en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Programa Nacional Hidráulico.

La misma Comisión Nacional del Agua (Conagua) indica que en los últimos cincuenta años ha habido una caída del 60 por ciento de la disponibilidad de agua per capita en México, lo que presupone que en un futuro muy próximo los conflictos por el líquido se agudizarán y generalizarán tanto en la ciudad como en el campo.

El medio rural está siendo objeto de crecientes tensiones relacionadas con la disponibilidad de agua y la infraestructura hidráulica. En la medida en que las actividades agrícolas emplean cerca del 78 por ciento del agua dedicada a los usos consuntivos, según la propia Semarnat, los grandes y medianos productores del sector agropecuario son actores centrales en los escenarios de tensión que genera el control del agua.

De ello se desprende que quienes toman decisiones sobre su uso prioricen la asignación de un valor económico, siendo que desde una perspectiva más socio-cultural el criterio que debe permanecer es el del uso humano del agua en las comunidades que más la necesitan. Hasta el momento, la solución frente a este panorama ha sido crear los Consejos de Cuenca como órganos de administración y de toma de decisiones frente a la detección de los problemas, prioridades y la participación de los distintos sectores de usuarios del agua en cada cuenca. Pero en ellos no se observa la presencia de los representantes de las comunidades y municipios indígenas.

La diferenciación de los problemas a nivel regional, estatal y local exige el diseño de una política pública específica para cada sector de la población rural. Y en el caso de las indígenas es preciso generar mecanismos eficientes para detectar y ser sensibles ante las demandas de las comunidades, cuyos habitantes por lo general presentan condiciones de marginación, carencia de infraestructura y falta de atención por parte de la administración pública.

A lo anterior se sumaría el incremento de conflictos producidos por la rivalidad en el uso del agua dadas las continuas concesiones que el Estado otorga a empresas mineras. Mientras las empresas usan recursos naturales como el agua para sus megaproyectos y obtener considerables beneficios, las poblaciones rurales locales (muchas de ellas indígenas) contemplan impotentes el deterioro paulatino de los ecosistemas y la contaminación de acuíferos. Cabe señalar que éstos son parte estratégica de su patrimonio territorial mantenido a golpe de enormes esfuerzos de organización social durante generaciones. Son componente esencial de su cultura, organización y memoria histórica.

Las comunidades indígenas ahora buscan obtener más derechos políticos, económicos y sociales en un determinado territorio bajo su influencia cultural. Exigen mayor participación y control sobre las instituciones administrativas gubernamentales para realizar proyectos de desarrollo generados al interior de sus comunidades y no impuestos desde arriba.

La búsqueda de soluciones por parte del Estado a las demandas y disputas locales ha sido ineficaz, errática y tardía, cuando no inadecuada. Y en no pocas ocasiones criminaliza las acciones colectivas encabezadas por pueblos indígenas que reivindican derechos ciudadanos.

En ese sentido es preciso conocer los niveles de conflictividad potenciales que subyacen en las regiones donde se concentra la población indígena y las concesiones otorgadas por la Conagua para los distintos usos del agua. Y no solo eso, también de los proyectos de construcción de infraestructura hidráulica que afectan directamente la disponibilidad del recurso y que son una forma de despojo de las comunidades. La propiedad de las fuentes de agua de las que se abastecen las comunidades desde tiempos ancestrales ha mostrado elevados niveles de eficiencia en su aprovechamiento para cumplir con uno de los objetivos primordiales en el uso del recurso: la satisfacción de las necesidades humanas.

Es además importante identificar aspectos como el de la repartición y calidad del agua ya que los pueblos indígenas presentan déficit ante la creciente demanda por parte de otros usuarios del recurso, como se manifiesta a través de las organizaciones políticas y sociales, empresas, industrias o instituciones públicas y privadas, en pueblos, municipios y entidades.

Al parecer, el interés de la Conagua es priorizar ciertos usos del agua, sin considerar las consecuencias sociales ni la opinión de los directamente afectados. Por eso es urgente la participación ciudadana que permita la creación de políticas públicas que tengan en cuenta el punto de vista de todos los involucrados. Y en este caso a los pueblos indígenas, pues de lo contrario no habrá un escenario social para lograr objetivos de equidad, solidaridad y justicia social.

Hoy, las opciones para resolver los retos futuros en el manejo del recurso hídrico en el país rebasan ampliamente las soluciones técnico-administrativas de la Conagua que insiste en imponer una única reglamentación y legislación, mismas que, desde hace tiempo, están muy lejos de reflejar las demandas económicas, políticas, sociales y humanas de los distintos sectores sociales.

Las condiciones actuales de escasez, debido al contexto del cambio climático exigen respuestas que solo pueden ser eficientes a través de los consensos y no de la centralización y burocratización de un servicio. Y mucho menos del despojo de un sector de la sociedad mexicana que reclama sus propios derechos y requiere la solidaridad nacional.

Yanga Villagómez Velázquez
Centro de Estudios Rurales del Colegio de Michoacán
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