En 1992, cuando Carlos Salinas de Gortari y su ejército de legisladores promulgaron la actual Ley de Aguas Nacionales (LAN) como condición previa a la aprobación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), se introdujo un concepto acuñado por el Comité Técnico de la Asociación Mundial del Agua: gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH).

En teoría, la GIRH es “un proceso que promueve la gestión y desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados con el fin de maximizar el bienestar social y económico resultante, pero de manera equitativa y sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas”.

El hecho es que en la actual LAN el marco institucional que instauró los consejos de cuenca, comisiones de cuenca, comités de cuenca y comités técnicos de aguas subterráneas, prevé una participación basada en la GIRH teniendo solamente como actores a los tres niveles de gobierno, a los representantes de usuarios y a las organizaciones sociales o no gubernamentales; sin embargo, en este esquema hay un gran ausente: la gestión comunitaria del agua, personificada en los sistemas que le dan vida.

Este tipo de gestión tiene una larga existencia en nuestro país y en otras partes del mundo; real y concretamente –no en teoría– es una forma de administrar el líquido mediante prácticas que basan su organización en formas de cooperación entre los miembros de una comunidad. Se fundamenta en la satisfacción de necesidades humanas de supervivencia sin una lógica de lucro; tiene como parte esencial los saberes ancestrales de interacción con la naturaleza y se concibe al agua como una parte imprescindible del tejido natural y socio-cultural.

Antes, pensábamos de manera errónea que este tipo de gestión se reducía a la existencia de 2 mil 500 sistemas comunitarios en todo el país. Ahora, teniendo como experiencia el recorrido de decenas de comunidades en diferentes estados de nuestro México, consideramos que puede haber decenas de miles distribuyendo el vital líquido a millones de mexicanos sin que este hecho sea tomado en cuenta y sea visible.

La gestión comunitaria del agua se implantó en la Ley de Aguas Nacionales como si antes en México no existiera este tipo de gestión, lo cual condujo a su desconocimiento, desprecio y falta de reglamentación. Más bien, los gobiernos neoliberales desde Salinas de Gortari han apostado a su desaparición porque al tener estos sistemas la cultura y sabiduría de que es imprescindible cuidar el agua y el territorio para la vida, se han convertido en la piedra en el zapato para los megaproyectos de muerte: fracking, minería tóxica, urbanización salvaje, etc… Es lo que la LAN ha permitido mediante la existencia de una autoridad única del agua (el titular del Ejecutivo federal) y un sistema de concesiones manejado con criterios de libre mercado.

Por fortuna, desde que se elevó a rango constitucional el Derecho Humano al Agua y Saneamiento, en el Artículo 4º, el 8 de febrero de 2012, también se reconoció la corresponsabilidad de la ciudadanía junto con los tres niveles de gobierno para hacer realidad ese derecho. Pero el Congreso ha sido omiso e indolente y no ha promulgado una nueva ley general de aguas como lo mandató el Artículo 3º transitorio del decreto. Esto ha provocado que la gestión comunitaria siga en el limbo jurídico y, además, agredida e invisible.

Sin embargo, desde agosto del 2012 (fecha en que se permite en la Carta Magna presentar iniciativas ciudadanas de ley) y aún un poco antes, cuando empezó a germinar nuestra Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida, se inicia la construcción de la iniciativa ciudadana de ley general de aguas (ICLGA), la cual corrige el grave defecto (quizá inducido) de no reconocer la gestión comunitaria del agua.

En nuestra iniciativa se le da personalidad jurídica, se le empodera y se le faculta para obtener recursos públicos y, de este modo, ser eficiente y ganar legitimidad en las comunidades donde existe, pero es mal vista. Por eso es importante impulsar la ICLGA y contribuir con un granito de arena a la construcción del buen gobierno del agua en México.

Aunque una ley puede apoyar mucho, también es necesario construir organización de base, en donde la capacitación sea fundamental e imprescindible. En este sentido, el hecho de que Agua para Tod@s sea parte de La Red VIDA y de la Plataforma de Acuerdos Público-Comunitarios de las Américas (PAPC, https://laredvida.org/) desde septiembre del 2016 nos dio la pauta para aprender de las experiencias que tienen en la materia nuestros hermanos latinoamericanos.

Es así que en febrero del 2017 se echó a andar el “Curso de capacitación para la defensa y gestión comunitaria del agua”, llamado cariñosamente por sus integrantes “la escuelita del agua”. Como una semillita que se desarrolla y crece –ya está en su segunda etapa en este 2018 y en 2019, iniciará una tercera–. Pero la meta final tendrá que ser una red nacional de sistemas comunitarios de agua y saneamiento, con liderazgos múltiples, democráticos y sin caudillismos. Que funcione de manera permanente y colabore en la construcción de los nuevos consejos ciudadanizados de cuenca que se avecinan para echar abajo los caducos, inoperantes y corruptos consejos existentes.

El objetivo es que los pueblos de México ayuden a construir una verdadera democracia del agua. Y es que, si construimos la democracia del agua –como dice la activista ambiental india Vandana Shiva–, construiremos la paz.

Ricardo Ovando Ramírez
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