San Pedro Tlanixco es un pueblo nahua ubicado en el municipio de Tenango del Valle, estado de México; se rige por un sistema normativo propio. Es un lugar frío y de amplias barrancas; su principal actividad es la agricultura tradicional por ser un territorio de tierra húmeda que propicia el crecimiento de papa, maíz, calabaza y hongos.

Colinda con el municipio de Villa Guerrero, el cual en los años ochenta vio la llegada a su territorio de grandes empresas floricultoras que, según sus trabajadores, exportan flor a Estados Unidos y Canadá.

A partir del 2002 se agudizó el conflicto entre San Pedro y Villa Guerrero por el disfrute del río Texcaltenco, que nace en San Pedro Tlanixco, comunidad que entonces tenía concesión de agua para su uso personal y doméstico, administrada por el sistema comunitario de Tlanixco.

En ese año, la Comisión Nacional del Agua otorgó una concesión para el uso y explotación del cuerpo de agua a empresarios extranjeros del municipio floricultor, dejando nula la primera concesión (oficio BOO.E.12.1.0.2.-00971 de la Conagua), la de la comunidad indígena de San Pedro. No hubo consulta previa, libre, informada. Tampoco una ponderación entre el uso personal y doméstico frente al preponderantemente económico, como lo establece la observación general número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Simplemente, la Conagua entregó a las empresas el agua de la comunidad de Tlanixco.

Fue entonces que los representantes del agua tanto entrantes como salientes y una ejidataria se dieron a la tarea de encabezar la lucha por la defensa del agua de Tlanixco, empleando mecanismos jurisdiccionales signados por Dominga González Martínez, sosteniendo mesas de trabajo con Conagua y el gobierno del estado de México, cuyo ejecutivo en turno era Arturo Montiel.

Participaron también representantes de los floricultores a través de la Asociación de Floricultores de Villa Guerrero (Asflorvi) que, a través de engaños, hacían que los indígenas renunciaran a su legal y legítimo derecho de emplear el agua del Texcaltenco para su uso doméstico. Esto movilizó a la comunidad de Tlanixco para buscar respuestas de la Conagua, la cual les otorgó una concesión para el uso de cuatro manantiales de agua: el Salitre, el Vellotal, el Tronconal y Puente de Trozo.

Al tiempo, la historia se repitió y les anuló las concesiones arguyendo que estos ya estaban concesionados a Villa Guerrero.

El conflicto fue escalando. Los floricultores alegaban que los nahuas ensuciaban el agua dejándola inservible para sus fines lucrativos. Mientras que los primeros defendían su ancestral derecho a emplear el agua del río para su uso personal y doméstico. En tanto, las autoridades estatales y del agua demostraban su incapacidad para darle solución al conflicto.

Fue así que llegó el 1 de abril del 2003, cuando representantes de Asflorvi irrumpieron en el pueblo de San Pedro Tlanixco para insultar, amedrentar e intimidar a la población, amenazando sobre las consecuencias de usar el recurso que consideraban de su propiedad. El escándalo fue tal, que quienes estaban presentes en ese momento corrieron a la iglesia para hacer sonar las campanas solicitando la presencia del pueblo.

Llegaron al lugar aproximadamente 300 personas a defender el territorio y el agua, y decidieron trasladar a los invasores a la delegación del pueblo y, como lo mandata su sistema normativo, para que la Asamblea del Pueblo discutiera y tomara la mejor decisión de cómo afrontar la situación. Sin embargo, al caminar por las peligrosas barrancas de la zona, uno de los invasores, Isaac Basso cayó, falleciendo a consecuencia de ello, sin que se pueda determinar si alguien tuvo responsabilidad directa por el hecho.

Al poco tiempo, la hermana de Basso amenazó a los habitantes de Tlanixco con encerrarlos de por vida. La Secretaría de Gobierno del estado de México hizo eco a sus palabras, señalando a Teófilo Pérez González (tesorero electo del comité de agua potable de San Pedro Tlanixco), Pedro Sánchez Berriozábal (miembro del saliente comité de agua potable), Rómulo Arias Mireles (presidente de la asociación civil En defensa del agua del pueblo), Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal (familiares directos de Teófilo y Pedro, respectivamente), Dominga González Martínez (ex comisariada ejidal), Venancio Zetina González, (muerto un año antes de los hechos) y Faustino Trujillo Perdones, impedido físicamente para caminar y quien murió en 2010.

Sometidos a un proceso penal lleno de violaciones al debido proceso, señalados por la ira estatal y el racismo empresarial, los presos políticos de Tlanixco llevan entre 12 y 15 años en el Cereso de Santiaguito, Almoloya de Juárez. Su delito: organizarse y defender el agua de empresas transnacionales.

Los presos políticos de Tlanixco están a la espera de la resolución del Tribunal Superior de Justicia del estado de México, que ordene su libertad y les devuelva a sus hogares, esclareciendo los hechos de abril del 2003. Y poniendo a la vez fin a la criminalización de las y los defensores del agua, la tierra y la vida.

Fabiola Vite Torres
Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero