Salta, donde habitan catorce pueblos indígenas, es la provincia más multiétnica de Argentina, con mayor extensión de bosques y biodiversidad. El Chaco, compartido por Argentina, Bolivia y Paraguay, es el segundo bioma boscoso más importante de Latinoamérica. Con un millón de kilómetros cuadrados, ha sido poblado históricamente por pueblos cazadores y recolectores. Desde fines del siglo XX, El Chaco, y más específicamente Salta, tiene una de las mayores tasas globales de deforestación, producto inicialmente de la llegada de pequeños ganaderos (desde fines del siglo XIX) y luego del obraje maderero.

En las últimas décadas se ha dado una fuerte expansión de la frontera agropecuaria que va arrinconando y expulsando a los indígenas, destruyendo sus medios de vida. Los indígenas, especialmente los wichí, arrinconados y despojados, luchan por el reconocimiento de sus tierras ancestrales, sobre las que nunca han tenido títulos de propiedad.

En 2020, obtuvieron un fallo favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al gobierno argentino a reconocerles la propiedad de 400 mil hectáreas (Lhaka Honhat vs. Estado argentino). Sin embargo, durante los meses de pandemia, enfrentan represión y deforestación ilegal que ponen en evidencia la condición de abandono y de discriminación hacia los indígenas por parte del Estado.

Los aproximadamente 50 mil wichís que viven en Argentina, al igual que otros pueblos chaquenses, enfrentan la pandemia en condiciones de extrema pobreza, desnutrición y falta de agua. Durante los primeros cuatro meses de pandemia y cuarentena los wichí se aislaron dejando de salir a trabajar como jornaleros, se cerró el turismo y se suspendió la venta de artesanías. La cuarentena ha afectado extremadamente su economía y en junio, a partir de la dificultad de cerrar efectivamente la frontera con Bolivia, se dispararon los contagios en el norte de Salta, expandiéndose el virus en las comunidades wichí.

Cuando enferman, los wichí usan medicina tradicional, no acuden a los hospitales debido al maltrato y discriminación. Tienen dificultad de acceder a los programas de ayuda del gobierno argentino, por desconocimiento y falta de documentación.

Los gobiernos de América Latina, más allá de las simpatías políticas, sostienen los megaproyectos en gran medida por la necesidad de divisas para el pago de sus deudas externas. En Salta, el gobierno chino está promoviendo la instalación de megagranjas porcinas, con 12 mil vientres y una inversión de 3 mil 500 millones de dólares. Esto representa claramente una invitación a una nueva pandemia.

Aunque los indígenas argentinos son los primeros y los más afectados por los proyectos gubernamentales no tienen el peso electoral suficiente como para influir en sus decisiones.

Chris van Dam
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