El panorama de las distintas regiones indígenas y campesinas latinoamericanas es estremecedor. La pesada herencia colonial y la economía neoliberal de las últimas décadas han conducido a violentos procesos de destrucción de comunidades y pueblos, en aras de un supuesto “desarrollo” que no ha hecho sino incrementar la desigualdad, la miseria de muchos y la ausencia de futuro para millones de jóvenes. Esta ola de destrucción social y cultural se da junto a un enorme deterioro ambiental que hoy amenaza al propio sistema Tierra.

Los gobiernos de la región, en la búsqueda de inversiones multinacionales, han ofrecido las tierras indígenas como disponibles para megaproyectos, incumpliendo abiertamente su función fundamental de proteger los derechos de la población, favoreciendo en cambio los intereses de las empresas. La destrucción socio-ambiental se justifica con discursos de soberanía nacional. Los críticos de los megaproyectos, ya sean ciudadanos o instituciones internacionales de derechos humanos, son denunciados como conspiradores y amenazas para ell progreso; su criminalización se justifica en aras de un supuesto interés público. Esta censura contribuye al peligroso cierre de los espacios cívicos de discusión que acontece en distintos países.

El despojo y la violencia se dan tanto en tierras donde las comunidades y los pueblos cuentan con derechos reconocidos por los Estados, como sucede en México, Guatemala, Perú, Bolivia, Colombia, Honduras y Brasil, como en aquellas, como en Argentina donde los pueblos luchan por el reconocimiento de sus derechos. A lo largo del continente, los pueblos sostienen batallas legales desiguales, en condiciones de profunda debilidad del Estado de derecho. Aun cuando se obtienen sentencias favorables, su implementación suele quedar pendiente y la movilización social sigue siendo necesaria. La pandemia y la necesidad de encierro imponen retos adicionales a estos movimientos de defensa.

La declaración de la minería y de los agronegocios como actividades esenciales durante la pandemia, ha apoyado su expansión, legal e ilegal, cobijando violaciones contra defensores indígenas y comunitarios que se mantienen y amenazan con perpetuarse al concluir la pandemia.

En medio de la tragedia y las amenazas, las distintas experiencias muestran claramente que las comunidades y regiones que logran enfrentar al extractivismo y protegerse del Covid-19 son aquellas donde existe organización social consolidada, formas de autogobierno, economías locales, propiedad colectiva y gestión comunitaria de los territorios y recursos. Estas prácticas de acción colectiva son armas fundamentales de resistencia y resiliencia.

La gobernanza comunitaria y la protección del territorio se asocian claramente al desarrollo de economías locales. Destacan en este sentido las experiencias de distintas comunidades forestales en México y Petén, las cooperativas productoras de café, cacao, maca y miel en Perú, Ecuador, Bolivia y México, y los prestadores de turismo comunitario en distintos países y regiones. Algunas de estas iniciativas que han logrado incluso hacer donaciones a los hospitales públicos, como han hecho los miembros de Acafop en Petén, Guatemala, donde el último hospital público se construyó en la década de los sesenta. Tristemente, estas experiencias, resultado de años de esfuerzos colectivos, carecen de visibilidad para gobiernos, más interesados en megaproyectos y en el asistencialismo que sostiene clientelas políticas. La pandemia pone de relieve la importancia de la organización y la economía locales, incluyendo la necesidad de fortalecer la agricultura doméstica y la seguridad alimentaria, objetivos olvidados a partir de la globalización económica.

La resistencia durante la pandemia y la reconstrucción posterior son y serán espacios en disputa. La vuelta a la comunalidad y a lo local puede ser base para una reconfiguración social posCovid, aun en entornos urbanos donde se ha perdido el sentido de comunidad. La opción de actuar no es optativa, la acción colectiva amplia es necesaria para evitar escenarios catastróficos que no pueden ser parte de una nueva normalidad. En esta agenda son temas relevantes:

El fortalecimiento de la identidad y la comunicación, mediante radios comunitarias y regionales en lenguas indígenas, incluyendo a migrantes y jóvenes, que pueden adquirir protagonismo en la reconstrucción a partir de su mayor capacidad de utilizar medios digitales.

Visibilizar el papel de las mujeres en la vida comunitaria, asegurándoles protección frente a distintas formas de violencia.

Promover y articular estrategias de salud y educativas comunitarias y regionales.

Impulsar actividades económicas locales y regionales comunitarias y cooperativas, incluyendo el apoyo a la seguridad alimentaria y las actividades de jóvenes y mujeres. Haciendo posible generar una reapropiación productiva territorial.

Las políticas públicas debieran orientarse a fortalecer la organización y las prácticas comunitarias, no a debilitarlas.

Disminuir las cargas regulatorias y fiscales de las empresas comunitarias y campesinas, que contrasta con la desregulación y exenciones fiscales que benefician a las empresas extractivas.

Construcción de nuevas relaciones campo-ciudad, fortaleciendo intercambios justos en los mercados regionales y nacionales, que reconozcan el valor de la producción rural como sostén de bienes comunes sociales y ambientales, como la sustentabilidad y la paz social.

Si bien muchas luchas sociales se enfrentan a los Estados, es importante luchar por el Estado, reclamando el cumplimiento de su razón de ser: contribuir efectivamente al bien público. Es necesario fortalecer el Estado de derecho, con mayor y más eficiente presencia en el combate a la ilegalidad, en una impartición imparcial de justicia, en la justeza y agilidad de trámites administrativos que promuevan la autogestión legal del aprovechamiento de los recursos naturales; impulsando actividades comunitarias y protegiendo la propiedad colectiva, claves para la preservación de bienes públicos y comunitarios como la paz, la salud y los beneficios ecosistémicos.

El Estado tiene un papel, hasta hoy insustituible, en la disminución de la desigualdad mediante la redistribución de los ingresos y la riqueza. Ésta es una tarea largamente postergada en los países de América Latina, donde las exenciones y la evasión fiscales en favor de los dueños de las grandes fortunas son la regla. La reconstrucción pospandemia requiere de reformas fiscales profundas: que establezcan cargas fiscales justas para las empresas extractivas que aprovechan los bienes nacionales y graven los patrimonios. Oxfam estima que  si se cobraran impuestos a los patrimonios en México, la recaudación fiscal aumentaría entre 14 y 50 veces.

La pandemia es un vector que profundiza desigualdades, se prevé que al final de la infección existan en América Latina 70 millones más de personas pobres y 8 mil nuevos millonarios. Las implicaciones de este evento serán patentes en los años siguientes. Esta crisis nos remite a una reflexión sobre la desigualdad, sus manifestaciones y sus consecuencias: profunda desigualdad en el acceso a la justicia, los años que toma a los wichís obtener reconocimiento de derechos sobre sus territorios ancestrales y la rapidez con que las empresas agroindustriales y mineras acceden a tierra, incluso en el contexto de gobiernos progresistas. Desigual aplicación de restricciones para contener la pandemia, más fuertes para los ciudadanos y las comunidades indígenas y mucho menos para actores poderosos.

Como se expresa en este trabajo colectivo, la vulnerabilidad frente a la Covid-19 y sus impactos es desigual. Es necesario poner en el centro de los discursos sobre cambio social el tema desigualdad, porque es sin duda lo que más daña.

La reconstrucción posCovid-19 requiere basarse en un nuevo paradigma, que supere la visión economicista de crecimiento ilimitado, respete límites ecológicos y promueva la economía circular. No se trata solo de posiciones de izquierda y derecha, sino de una nueva mirada sobre la vida, superando la manipulación de la participación social y el desarrollismo que han impulsado los gobiernos de derecha e izquierda.

Son también necesarias nuevas perspectivas: no ver a los indígenas como víctimas, pues, a pesar de su vulnerabilidad y pobreza, son protagonistas de cambios y construcción de alternativas. También debe dejarse de mirar a la naturaleza en términos de recursos naturales y pasar a verla como fuente de bienes comunes naturales.

Referencias:
Gonzalo Aguirre Beltrán. Regiones de refugio: el desarrollo de la comunidad y el proceso dominical en Mestizo América. Universidad Veracruzana, 1991.

Leticia Merino, Marcela Vecchione Gonçalves, Roberto Stefani y Raúl Delgado
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