Más del 50 por ciento de los bolivianos pertenece a las comunidades indígenas aymara y quechua. De los 5 millones 570 mil indígenas, 3 millones viven en comunidades rurales dispersas, el resto en áreas periurbanas. Unos y otros, en condiciones de gran vulnerabilidad debido al cambio climático, el dengue, la influenza y ahora el Covid-19. Su acceso a servicios de salud es mínimo y las escasas clínicas en sus regiones carecen de medicamentos.

En Bolivia hay solo un médico por cada mil 500 familias, cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es de un médico por cada 300 personas. Luego de 14 años de gobierno de Evo Morales, las condiciones de salud no han mejorado. Su gobierno priorizó la construcción de “elefantes blancos”, coliseos y deportivos, contra la inversión en salud, educación y producción agropecuaria campesina. No se crearon empleos formales para los indígenas cuya expulsión de las zonas rurales alimenta los cinturones marginalidad alrededor de las ciudades. Son ellos quienes han sufrido los mayores impactos de la pandemia. Muchas mujeres se exponen en la búsqueda de sustento como vendedoras ambulantes, prefiriendo morir por Covid-19 que ver a sus familias morir de hambre. Enfrentan también el incremento de la violencia doméstica.

Las comunidades rurales mantienen prácticas y saberes tradicionales de producción, reciprocidad, contraprestación de servicios e intercambio de productos; prácticas y saberes que se repiten entre los pueblos indígenas del continente. Cuentan con fuerte organización para la gestión de recursos naturales, basada en sus usos y costumbres, reglamentos propios para el manejo de los territorios y recursos, particularmente el agua, con mínima participación del Estado. Son procesos autoorganizados, dinámicos y flexibles de adaptación y resiliencia. Pero las formas de organización tradicionales como los ayllus deben interactuar con autoridades de gobierno, como los alcaldes y prefectos, que fomentan la parcelación de la tierra y la mayor participación de la producción campesina en los mercados.

Como logro de las luchas indígenas, la normativa que rige la gestión de las cuencas mineras ha avanzado mucho. El agua se considera como bien común, se reconoce a las organizaciones tradicionales los usos y costumbres locales para su manejo y los derechos de la Madre Tierra. Pero poco se aplican estas normas y no existe una ley para que el agua en las cuencas mineras –que se maneja con base en la Ley Minera, en favor de las empresas– sea manejada por las comunidades. Existe una fuerte contaminación del agua en detrimento de la salud y la producción campesina.

Las empresas buscan captar a las organizaciones sociales, sobornando líderes, dando trabajo en las comunidades, construyendo escuelas. Poseen gran poder económico y político, pueden doblegar a los Estados, de izquierda o de derecha.

Durante la pandemia se ha reafirmado el valor de la organización y la vida comunitarias, promoviendo el aislamiento y controlando las entradas a los pueblos. Se han formulado medidas propias de bioseguridad, se ha regresado a la agricultura y se han recuperado prácticas de reciprocidad en la distribución de alimentos, servicios, trabajo, trueque y medicina tradicional en condiciones de falta total de acceso a la medicina oficial.

También se ha fortalecido el intercambio entre aquellos indígenas que viven en zonas periurbanas en las partes bajas de las cuencas y los que permanecen en las comunidades en las partes altas, promoviendo el trueque de productos agrícolas por productos manufacturados (incluyendo mascarillas y gel). Las mujeres han tenido una participación muy significativa en esta integración económica.

Raúl Delgado
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