Los Estados centroamericanos son totalmente dependientes de la inversión extranjera. En todos sus territorios comunitarios e indígenas hay transmisión comunitaria de Covid-19 sin ninguna posibilidad de acceder a servicios de salud y cada vez hay menos tierra disponible para la agricultura familiar de subsistencia, debido al acaparamiento de tierras vinculado al creciente control criminal de los territorios.

En el Petén guatemalteco y la Misquita hondureña, los derechos comunitarios ganados en las últimas décadas están amenazados. En la Misquita, entre 2012 y 2017, se titularon más de un millón de hectáreas, cuyos dueños comunitarios son presionados por invasiones de criminales que han destruido sus medios de vida.

En el Petén, región con fuerte dinamismo social y escasa población indígena, 70 por ciento de las tierras corresponden a la reserva de la biosfera maya. El sistema de manejo forestal, impulsado en los años 90, mediante la dotación de concesiones forestales a grupos comunitarios, ha sido clave para conservar la selva. La conservación lograda por estos grupos reunidos en la Asociación de Comunidades Forestales del Petén (Acafop) contrasta con la deforestación imperante en el resto de la reserva. Sin contar con el apoyo de las autoridades, recientemente la Acafop trabajó intensamente en el control de incendios que durante seis semanas provocaron grupos criminales.

A partir del aprovechamiento forestal sustentable, la Acafop ha generado empleos estables para cientos de familias. Aunque con la pandemia se han perdido ingresos por la quiebra de los mercados de la madera, aun así la Acafop ha logrado concretar una venta de madera para la construcción de un puente de Brooklyn y realiza donaciones a los hospitales locales. A pesar de sus logros, las concesiones comunitarias enfrentan la amenaza de perder sus tierras para la creación del parque arqueológico de El Mirador.

El Petén es el departamento guatemalteco con mayor número de casos de Covid-19 y una declaración de alerta máxima. Frente a esta crisis, la respuesta del gobierno ha sido militarizar la región. Se viven así múltiples crisis que expresan la desigualdad y marginación imperantes, destacando la falta de acceso a servicios básicos como el agua y la salud.

Las comunidades han recurrido a la diversificación de las actividades económicas para enfrentar la crisis. La resiliencia comunitaria está ligada a la resistencia ante las amenazas, conflictos y presiones, y a la búsqueda del reconocimiento de derechos que requiere del fortalecimiento de la organización.

La recuperación de la pandemia en Centroamérica será lenta, beneficiará a algunas ramas productivas como el cultivo de frutas exóticas, que en Petén está vinculado al crimen. Dada la ausencia de medidas contracíclicas es altamente posible que desaparezcan pequeñas y medianas empresas, el crimen y las elites económicas se fortalezcan, en medio de una fuerte represión de las protestas sociales en los sitios donde se imponen actividades extractivas y despojo. Es viable pronosticar nuevas turbulencias, ante las que se requieren reformas radicales, nuevas alianzas y narrativas que visibilicen las implicaciones de la deforestación y la pérdida de biodiversidad en el desarrollo de enfermedades zoonóticas y en la exacerbación de los impactos del cambio climático.

Ileana Monterroso y Andrew Davis
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