El retiro total del uso del carbón para generar electricidad es una acción indispensable para mitigar el cambio climático en el mundo. La Unión Europea se ha comprometido alcanzar la neutralidad de emisiones de carbono antes del 2050, escenario en el que no cabe el carbón.

Además de la enorme contribución de las plantas carboeléctricas al calentamiento global y a la contaminación del aire, producir electricidad con carbón resulta más caro que hacerlo con gas natural y mucho más caro que hacerlo con energía solar y eólica.

Por estas razones un número creciente de países han iniciado la implementación de una ruta para cerrar todas sus plantas de carbón a pesar de que este combustible contribuye de forma importante a su matriz energética.

En Alemania, cerca del 40 por ciento de la electricidad aún se produce con carbón, pero debido a su alta tecnificación solo emplea a 17 mil personas. España aún tiene cerca de 40 minas de carbón activas. Polonia emplea a más de 80 mil trabajadores en la industria del carbón y Estados Unidos ya solo quedan alrededor de 40 mil.

Para llevar a cabo una eliminación del uso del carbón con justicia social se debe garantizar la participación previa e informada de las personas y grupos interesados y potencialmente afectados en la toma de decisiones. El proceso de retiro y sustitución del carbón debe considerar con atención sus potenciales efectos sociales adversos, estableciendo estrategias para su prevención, compensación y adaptación.

Este proceso, además de la mitigación de las emisiones de GEI y los riesgos climáticos, debe abordar y resolver todas las implicaciones asociadas al retiro de la industria del carbón y generar alternativas y beneficios para las comunidades afectadas.

La experiencia internacional aporta referencias sobre la implementación de procesos de retiro justo del carbón. Particularmente interesantes son los casos de Canadá, Reino Unido y Chile debido su diversidad sociopolítica (ver tabla).

Entre 2016-2018, estas naciones han adoptado políticas de eliminación del uso de carbón con enfoque de justicia social.

Previo a iniciar estos procesos se realizaron estudios específicos para evaluar los impactos socioeconómicos del retiro del carbón, en los que analizaron los efectos específicos sobre regiones, sectores y grupos sociales, como mujeres y jóvenes. Los procesos de planeación tuvieron el involucramiento de las empresas eléctricas, trabajadores, representantes de las comunidades, mujeres y jóvenes.

También fueron creados órganos consultivos de estas políticas con la representación de los sectores y grupos. Los planes de retiro tienen estrategias, acciones y programas específicas para la reconversión de economías locales y garantizar el empleo, los cuales cuentan con presupuestos específicos y de largo plazo.

La industria del carbón en México

Al menos en términos relativos, la transición justa para eliminar el carbón en México tiene una escala menor a la de otros países, pero no está exenta de desafíos de diversa índole. Alcanzar esta transición ofrece una gran oportunidad para mejorar significativamente la vida de los miles de mineros y sus familias que participan en la industria del carbón en México.

Hoy, muchos de ellos viven en condiciones precarias, bajos ingresos y padecen diversas enfermedades que se explicaron en la sección de impactos al ambiente y a la salud a causa del carbón.

Es necesario reflexionar sobre el significado de una sustitución justa del carbón en México, sus características y los resultados que tendría que entregar este proceso.

Hasta ahora, por buenas razones, la inseguridad laboral y los accidentes con frecuencia fatales en las minas de carbón de Coahuila han sido los aspectos que más han permeado en la discusión pública. Sin embargo, hay otras consideraciones que deben tomarse en cuenta.

Como ya se ha mencionado, México solo tiene tres plantas carboeléctricas, dos en el municipio de Nava en Coahuila y una en Petacalco, Guerrero. Tenerlas en operación significa tener que aplicar un subsidio a los productores (por medio de un precio mínimo de garantía) porque de acuerdo a datos oficiales de la Comisión Reguladora de Energía, la producción de electricidad con carbón es varias veces más cara que hacerlo con energías renovables, como la generada por las docenas de proyectos que ganaron las tres subastas de electricidad realizadas en 2016-17.

Estos proyectos le venden electricidad a la Comisión Fereral de Electricidad (CFE) a un costo de tres a cuatro veces menor al costo que representa para CFE producir electricidad con carbón en alguna de sus tres plantas.

La producción de carbón está concentrada en la cuenca de Sabinas en el estado de Coahuila y básicamente provee el carbón que se utiliza en las plantas Carbón II y José López Portillo.

La planta ubicada en Petacalco, Guerrero, que es la mayor de las tres, ha utilizado siempre carbón importado, por lo que su operación no depende del trabajo de miles de mineros.

Entre las mayores minas de carbón se encuentran Mimosa y Palau, que combinadas producen cerca de 3 millones de toneladas de carbón por año.

El carbón extraído de estas minas se procesa en las plantas de Múzquiz y en la de Monclova dentro del mismo estado de Coahuila. Las minas son operadas por subsidiarias de Altos Hornos de México (AHMSA), empresa que también opera las minas Tajo I en Piedras Negras y la Mina I y la II en el municipio de Nava.

Otras minas importantes son la de Progreso que pertenece a Carbonífera de San Patricio, y la de Nueva Rosita de Industrial Minera México, subsidiaria a su vez de Grupo México.

Más recientemente, la extracción de carbón se ha concentrado principalmente en grandes productores, como Minera del Norte SA de CV (Minosa), Materiales Industrializados SA de CV (Minsa) y Minera del Norte SA de CV (Micare).

En el estado de Coahuila se producen actualmente alrededor de 6 millones de toneladas de carbón, aunque este volumen ha variado considerablemente pues llegó a ser cerca del doble hace unos siete años.

El decline en la actividad ha sido el resultado de una menor compra de la CFE, el declive en los precios y el cada vez más frecuente subarrendamiento de las concesiones y los beneficios para productores y trabajadores.

Los pequeños y medianos productores representan únicamente el 10 por ciento de la producción del carbón y estos se agrupan en la Unión Mexicana de Productores de Carbón (UMPCAC) y en la Unión Nacional de Productores de Carbón (UNPCAC).

Las empresas agrupadas en estas organizaciones tienen como principal mercado a las carboeléctricas, a las cuales, en conjunto, les suministraron 3.3 millones de toneladas de carbón en 2017.

En la región, la CFE tiene mil 906 trabajadores sindicalizados y 365 son trabajadores de confianza, los cuales laboran en las plantas, en la representación de la empresa en sus filiales estatales de transmisión y distribución. La CFE realiza la compran el carbón con tres proveedores Coahuila Industrial Minera, SA, Prominer y Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila (Prodemi), la cual fundada en 2004 por el gobierno de Coahuila para garantizar la compra del carbón de pequeños y medianos productores.

La minería de carbón emplea de manera directa a 9 mil 316 personas en la región que representa el 14.5 por ciento de los empleos. No obstante, se estima en más de 15 mil familias cuyos ingresos dependen de la minería del carbón y sus actividades asociadas.

En la región, la mayoría de los mineros tienen un salario promedio menor a dos salarios mínimos. Cerca del 21 por ciento de las viviendas tienen techo de lámina metálica, asbesto o cartón.

Elementos para el retiro justo del carbón en México

En la región carbonífera de Coahuila se concentra la minería de carbón en México que tiene como principal mercado las carboeléctricas locales. Esta regionalización genera algunas particularidades sociales en torno a la industria del carbón, las cuales son fundamentales para una ruta de retiro.

La planeación requiere de la participación de la CFE, las personas que trabajan en las centrales, las empresas mineras y en especial de las personas que se dedican a la minería y actividades asociadas, así como de mujeres y jóvenes de las comunidades.

La planeación debe de ser informada por estudios sobre:

• el impacto ocupacional y económico del retiro,
• la vocación del territorio y las capacidades y visiones de las comunidades,
• los pasivos ambientales y sociales que ha causado la industria,
• el establecimiento de líneas base para realizar el monitoreo y
• la identificación de medidas de la remediación de estos pasivos acumulados y el tratamiento ambiental adecuado del cierre y desmonte de infraestructuras.

El plan de retiro tiene que reconocer el derecho a un trabajo digno y seguro de las personas que habitan en la región y establecer estrategias que garanticen el desarrollo y bienestar de las comunidades en el largo plazo.

El gobierno federal y estatal deben de comprometer presupuesto suficiente a lo largo del proceso de implementación así como un mecanismo y proceso de consulta transparente e incluyente.

Referencias

IPCC. (2018). IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5 °C. Cambridge, United Kingdom and New York, USA.

Martínez, N., Puga, K., Sierra, L., y Villareal J., (2020). Ruta para la sustitución progresiva y justa del carbón en la generación eléctrica en México. Iniciativa Climática de México: México.

Mining website. Answering Mining Big Questions. www.mining.com

PBI website. Peace Brigade International. www.pbi-mexico.org

Yanguas-Parra, P., Gaurav-Gantin, R., Bill-Hare, Michel, Fuentes, Urula (2019). Global and regional coal phase-out requirements of the Paris Agreement: Insights from the IPCC Special Report on 1.5 °C. Climate Analytics.

Nain Martínez Segura
y Adrián Fernández Bremauntz
Iniciativa Climática de México, AC
Correo-e: [email protected]