El año 2024 está marcado por el próximo cambio de gobierno, lo que requiere un balance en materia de medio ambiente para tener una perspectiva de las políticas necesarias para avanzar hacia el desarrollo sostenible.

Lo que se hizo

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador será recordado por muchos aciertos y seguramente por problemas no resueltos.

En materia ambiental destacan los programas Sembrando Vida y Producción para el Bienestar, mismos que requieren una serie de evaluaciones para valorar los beneficios sociales y ambientales y, en su caso, emitir recomendaciones para su mejora.

Otro éxito destacado son las nuevas reservas ecológicas decretadas. Entre ellas la ampliación del bosque de Chapultepec y el rescate del lago de Texcoco, proyectos que aún están en proceso y que prometen ampliar las zonas verdes de la Ciudad de México.

Las obras de infraestructura más emblemáticas, como el tren Maya y el corredor transístmico aún están en proceso. Según informes oficiales, van acompañadas de programas de ordenamiento territorial, ecológico y urbano por lo que se plantean como obras que procuran el bienestar de la población.

De ser así, serán megaobras que, en lugar de contribuir a la destrucción de los ecosistemas del Sureste como se advierte ante este tipo de proyectos, estén acompañados de procesos de conservación de los recursos naturales. Para un juicio más certero se requiere conocer los estudios de impacto ambiental.

Han sido cancelados este sexenio los siguientes permisos: la fractura hidráulica para extracción de gas de lutitas conocido como fracking; la siembra, producción y comercialización de maíz genéticamente modificado; los permisos sin límite de exportación de glifosato, y la expedición de nuevos permisos de exploración y explotación de minería.

Sin embargo, muchos de estos proyectos cancelados están en litigio en los tribunales nacionales e internacionales, por lo que aún están en disputa.

Lo que no se hizo

Destaca el fortalecimiento institucional de la Secretaría del Medio Ambiente y de las agencias ambientales, como las comisiones nacionales de biodiversidad, forestal, agua y áreas naturales protegidas.

Las políticas de austeridad y cierre de fideicomisos se tradujeron en recortes presupuestales para muchos programas. Tampoco se actualizó el marco normativo y jurídico. En consecuencia, agencias tan relevantes como la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa) tienen un presupuesto y personal limitados. Y, en consecuencia, poco margen de maniobra frente al tamaño del problema que implica la persecución de delitos ambientales por deforestación, tráfico de especies silvestres, contaminación industrial de ríos, entre otros.

El próximo gobierno tendrá que atender emergencias ambientales, como el sargazo en el Mar Caribe, la pérdida acelerada de especies de vida silvestre –algunas al borde de la extinción, como la vaquita marina–, el blanqueamiento de los arrecifes de coral en los ecosistemas marinos, la contaminación del aire, los suelos y los mantos freáticos en zonas urbanas e industriales, en lo que se ha denominado infiernos ambientales.

El impacto del calentamiento del planeta es notorio por el aumento de las temperaturas en gran parte del territorio nacional y, en consecuencia, el impacto de los fenómenos hidrometeorológicos extremos. Como son las tormentas tropicales, las sequías, los incendios forestales y los frentes fríos.

La crisis del agua es un problema muy grave y requiere atención inmediata en todo el país y la acción es en varios niveles: micro, macro y meso-regional. En las microcuencas se requieren acciones de reforestación en las montañas y en los bordes de los ríos, al mismo tiempo que mejorar la infraestructura de riego y de abasto de agua entubada para la población.

Urge evitar trasvase de agua entre cuencas hidrológicas y aplicar el principio básico de la sustentabilidad: los problemas se deben resolver con los recursos locales.

Es sumamente importante incrementar el presupuesto para investigación científica y tecnológica que atienda estos y muchos otros problemas ambientales. Es posible promover incentivos fiscales para empresas que establezcan políticas y tecnologías de reducción de su huella ambiental, con base en un modelo de economía circular.

Este 2024 se cumplen 30 años de existencia de la Secretaría del Medio Ambiente. Es momento oportuno para hacer una evaluación objetiva de los resultados alcanzados, los logros, desafíos y pendientes que nos lleve a mejoras regulatorias y actualización del marco jurídico e institucional.

En estos 30 años aumentó la superficie protegida. Sin embargo aún tenemos dudas que podrían resolverse con una evaluación de impacto de la política ambiental: ¿se incrementó la masa forestal? ¿Se redujo la erosión? ¿Cuántas especies silvestres dejaron el estatus de estar en peligro de extinción?

El próximo gobierno inicia este año y termina en 2030. En el horizonte coincide con las Metas del Milenio, la agenda de desarrollo sostenible y los compromisos internacionales suscritos por México ante las Naciones Unidas.

De tal manera que la expectativa en el próximo gobierno es que presenten una propuesta concreta para reducir la emisión de gases de efecto invernadero; transitar a una economía baja en carbono y con compromisos que sean medibles para acelerar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en la agenda 2030.

Estas metas tendrían que ser específicas, por región y sector económico. Y por supuesto, acompañadas de subsidios a las industrias para que cambien su modelo de negocio.

El problema no es exclusivamente ambiental sino económico y político, por lo cual se requiere un nuevo modelo económico que permita continuar con las políticas de reducción de la pobreza. Incluso ampliar los beneficios del desarrollo social para que la población pueda acceder a mejores condiciones de bienestar.

Como parte del derecho al desarrollo, la población mexicana, y sobre todo las siguientes generaciones, tienen derecho a disfrutar un medio ambiente sano. El modelo económico debe entonces incluir entre sus prioridades reducir la contaminación en bosques, suelos, aire y aguas, tanto en tierras continentales como en los mares del territorio nacional.

Como parte de este modelo económico, el desafío es seguir creciendo y atraer inversión pública y privada pero sin descuidar el medio ambiente.

Los artículos que forman parte de este número de La Jornada Ecológica son una versión sintética y actualizada de capítulos del libro Biodiversidad y políticas públicas en México. En él colaboraron destacados especialistas en los diversos temas abordados. Sirvan ahora para abrir el debate entre la opinión pública sobre los principales temas que deben hacer parte de la política ambiental del próximo gobierno federal.

Emanuel Gómez
Universidad Autónoma Chapingo
Coordinador del posgrado de la Dirección de Centros Regionales Universitarios
Programas de maestría y doctorado en ciencias en desarrollo rural regional
Universidad Autónoma Chapingo
Correo-e: [email protected]
https://www.aacademica.org/emanuel.gomez