Aunque la tala ilegal siempre ha existido, la magnitud con la que se presenta actualmente amenaza a las comunidades indígenas, campesinos y usuarios del agua de la amplia región que conecta la sierra Tarahumara con Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Texas.

El ciclo hidrológico se ha alterado: escasas lluvias y nieve fuera de temporada, reducción de los aforos de agua de los manantiales que antaño suministraban el líquido a los pobladores, afectando la vida doméstica y la agricultura de temporal. Igualmente, la pérdida en la calidad y cantidad de agua que captan las presas de la región pone en riesgo los desiertos del norte.

“Durante 114 años se habían sumado 67 de sequía, lo cual ocupa un porcentaje de 58.77 por ciento y los años de abundancia pluvial, 23, un 20.17 por ciento. La frecuencia de las sequías en 112 años varía.

Sin embargo, su duración es cada vez más prolongada y regionalizada: mientras llueve en los desiertos y semidesiertos, no lo hace en la sierra Tarahumara”, explica Mancera (2021)¹.

Antes, la tala ilegal se encubría con los permisos de aprovechamiento forestal y se negociaba con el remarqueo de anualidades pasadas que “dejaban” excedentes de pinos no cortados. Luego pasó a la compra o falsificación de guías forestales. Ahora se le llama tala criminal, porque es impuesta desde fuera del ejido bajo la coacción armada de grupos criminales.

El ejido como instancia rectora del aprovechamiento forestal se ha debilitado drásticamente, poniendo en entredicho la autoridad de la asamblea ejidal y la falta de rendición de cuentas sobre los ingresos de los aprovechamientos forestales. Además, otros factores de índole social facilitan el desorden y la desconfianza.

La realidad de los ejidos forestales en esta región evidencia la poca e ineficaz presencia de las autoridades estatales y federales del sector agrario y forestal.

De acuerdo con la Semarnat, de los 28 estados identificados como zonas críticas forestales (ZCF), en el nivel 5 están Chihuahua, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí y la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

Entre los ilícitos considerados para la categoría 5 están: tala clandestina, lavado de madera, incumplimiento del programa de manejo forestal, cambio de uso del suelo, incendios forestales y delincuencia organizada.

Los actores involucrados en estos ilícitos, según la Profepa², son: ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, transportistas y dueños de aserraderos y/o madererías... Este listado no incluye a grupos delictivos, funcionarios y otros actores.

Según la Profepa, en Chihuahua del 2001 al 2008 se registraron dos ZCF por año; del 2009 al 2014 aumentaron a cuatro ZCF. A estos datos le sumamos cinco ZCF, de 2020 a 2023.

Esta información nos arroja un desplazamiento de las cortas ilegales a las zonas de mayor cubierta vegetal en Guachochi, Guadalupe y Calvo, y Madera, donde además se intensifican los enfrentamientos entre bandas criminales que se disputan el territorio y el bosque.

La Profepa³ también manifiesta que de 2010 a 2018 hubo 110 inspecciones sobre tala ilegal, derivadas de denuncias populares; de éstas 52 tuvieron sanción, 17 multas, 27 amonestaciones y del resto no hay información.

Aunque las autoridades estatales han establecido convenios de colaboración con la federación, la persecución de la tala ilegal es ineficiente y se han diluido las responsabilidades institucionales; además, algunos funcionarios son amenazados por el crimen para no cumplir con su deber.

Los patios de acopio y los aserraderos locales son los lugares más propicios para “lavar” la madera ilegal. Por este motivo, es conveniente realizar auditorías forestales en los patios receptores de madera y en los aserraderos. Y revisar la documentación que se da para la extracción de madera.

Últimamente, en los caminos aguardan los camiones troceros en espera de la documentación de Semarnat.

En el 2023 se dio una lucha entre grupos criminales por el control de las zonas boscosas del municipio de Guachochi; para finales de ese año, el crimen organizado ya estaba imponiendo comisariados ejidales en varios ejidos forestales de la zona.

La imposición se realizó interviniendo las asambleas ejidales en las que se renueva la directiva. “Llegaron los del crimen y no permitieron ni las planillas ni la votación, solo impusieron al que iba a ser el comisariado ejidal”, dicen en las comunidades.

La oposición de los ejidatarios a esta violencia fue denunciada ante la Procuraduría Agraria, para evitar el registro del acta ante el Registro Agrario Nacional.

A la Semarnat se le solicitó que se suspendieran los permisos de aprovechamiento forestal y se realizara una inspección de campo para dar fe de los destrozos que está sufriendo el bosque.

Pero, la actuación de las instituciones del sector ha sido insuficiente, lo cual se explica por la presión de los delincuentes a sus funcionarios. La política de seguridad pública que impera hace una farsa de la persecución del delito y la impartición de justicia ambiental y penal; esto deja a los bosques y sus habitantes indefensos ante las bandas criminales, orillados al desplazamiento forzoso, es decir, a abandonar su patrimonio y su vida campesina a cambio de seguridad, miseria y anonimato en las periferias de las ciudades.

Algunas de las comunidades han presentado denuncias por estos procesos y por los homicidios de defensores del bosque y el territorio ante instancias nacionales e internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, quienes han otorgado medidas cautelares y otros mecanismos de protección a defensores.

Esto ha abierto espacios de diálogo con autoridades, pero las medidas tomadas se limitan a lo policiaco y han fracasado una y otra vez.

Una perspectiva integral

El problema de la tala ilegal y la presencia del crimen organizado no es un asunto exclusivo de orden policiaco.

Al contrario, es un tema estructural que requiere una perspectiva integradora, que recupere el significado vital de los bosques y selvas del país.

Entre los pasos impostergables hay que dar a la región desértica y la Sierra Madre de Chihuahua un lugar prioritario como proveedoras de agua y de las funciones ecosistémicas indispensables para la vida. Es necesario cambiar los paradigmas extractivistas por otros que respondan a una economía ecológica restaurativa, que apunten al bienestar de las comunidades y su entorno.

En el ámbito de la seguridad pública se requiere concretar diálogos con diferentes sectores sociales: comunidades indígenas, ejidos forestales, empresarios y autoridades, a fin de construir una política clara y estratégica de pacificación, con un sistema de evaluación que trascienda los sexenios.

En el ámbito legislativo, urge armonizar los marcos jurídicos de los pueblos y comunidades indígenas, ambiental, forestal y agrario, para lograr una coordinación administrativa y de justicia ambiental y agraria. También es necesario reglamentar el Capítulo VIII de la Ley Agraria, que establece la protección de los territorios indígenas.

Finalmente, se requiere definir una política clara para los bosques de clima templado-frío, con presupuestos para ejidos y comunidades indígenas, que impulse la restauración y conservación de los bosques y suelos en las cuencas altas y que impulse las cadenas locales y regionales de valor.

Referencias
Mancera-Valencia, Federico. “El desierto jamás vencido”. Nexos, septiembre 23, 2020.
PROFEPA. Folio de solicitud: 330024422001371. 2021.
PROFEPA. https://gisviewer.semarnat.gob.mx/aplicaciones/RPROFEPA/sitios-riesgos.html

María Teresa Guerrero Olivares
Colectivo Bosque y Agua para la Vida, Sierra Tarahumara
Correo-e: [email protected]