Hace seis años, en un ejercicio colectivo, académicos de la UNAM y de otras universidades y miembros de organizaciones de la sociedad civil, nos dimos a la tarea de documentar las condiciones de crisis ambiental en el país.

Abordamos los temas de agua, agricultura, agrobiodiversidad, biodiversidad, bosques, energía y cambio climático, mares, minería y derecho a un medio ambiente sano.

Hoy, a la luz de un nuevo proceso electoral, impulsamos la Agenda socioambiental 2024, buscando, como entonces, acercar a las y los aspirantes a puestos de elección popular a un análisis riguroso sobre problemas que urge cada vez más abordar y resolver.

En el balance de la gestión ambiental de la administración 2018-2024, encontramos que se buscó responder a algunas problemáticas socioambientales. Entre ellas, se dio apoyo a la producción de granos básicos mediante el programa Producción para el Bienestar y la disminución de subsidios a los grandes agroproductores; no se otorgaron nuevas concesiones mineras y el Congreso respondió al impulso de comunidades, organizaciones civiles y academia, aprobando la Ley de Minería de 2023, que modifica algunos de los aspectos más abusivos de la Ley Minera de 1992.

No obstante, los graves procesos de destrucción ambiental y sus impactos, que documentamos en 2018, no solo persisten sino que se han ahondado, mientras que las instituciones ambientales se han debilitado, algunas de ellas llegaron al punto de la inoperancia.

En los procesos de deterioro ambiental se conjugan factores como: la profunda y crónica desigualdad presente en México, que se traduce en considerable desigualdad ambiental; la captura de las instituciones ambientales y económicas por las élites económicas y las corporaciones que promueven usos abusivos de territorios y recursos; la prioridad concedida a megaproyectos y a la economía exportadora, a pesar de sus gravísimos impactos socioambientales, que en mayor medida padecen a los grupos sociales más pobres.

Estos son los ejes con los que se analizan en esta nueva agenda los temas de: agua, sistema alimentario, agrotóxicos, biodiversidad, bosques, energía, minería, residuos y gobernanzas agrarias.

Analizar los problemas socioambientales desde la perspectiva de la desigualdad, implica reconocer que en México el acceso al agua, la energía, la tierra y la alimentación de calidad es profundamente desigual; mientras la mayoría tiene un acceso precario, o está completamente excluida, los corporativos mineros, turísticos y agroindustriales se benefician acaparando y sobreexplotando territorios y recursos.

La desigualdad ambiental se refiere también a la desigual vulnerabilidad ambiental: las personas de menores ingresos están cada vez más expuestas a la contaminación del agua, el aire, los suelos y los alimentos.

Sufren en mayor medida los impactos de las sequías, las olas de calor, los huracanes y las pandemias, pese a que su responsabilidad en la generación de estos procesos es considerablemente menor que la de las élites económicas.

La desigualdad implica, además, que los grupos sociales más desposeídos tienen escasa voz política para exigir justicia, influir en las decisiones y frenar las acciones que destruyen su salud, sus medios de vida y a la naturaleza.

Por si fuera poco, en México, quienes defienden los territorios y la vida son objeto de criminalización y violencia.

Durante el gobierno que concluye, la experiencia de distintas iniciativas ciudadanas por modificar el status quo ambiental, como las que empujaron el cambio en la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Minera de 1992 y la prohibición paulatina del glifosato, hacen patente que la movilización ciudadana e incluso la voluntad de transformación de algunos actores políticos, se enfrentan a poderosos obstáculos dentro y fuera del aparato estatal.

Con enorme resistencia al cambio, los corporativos, sus accionistas y CEO someten a las instituciones, y mantienen el estado de las cosas favorables a sus intereses. Como se describe en distintos capítulos de la Agenda socioambiental 2024, la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, respaldada por más de 150 mil firmas ciudadanas, se mantuvo en la congeladora en ambas cámaras; el decreto de prohibición del glifosato que entraría en vigor el 1 de abril está en pausa, mientras que la modificación a la Ley de Minería está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de la acción de inconstitucionalidad presentada por legisladores del PAN, PRI y PRD.

Además, las corporaciones promueven narrativas falsas sobre cómo el impulsar políticas y leyes ambientalmente responsables y justas, que ponderen el bien común y no sus intereses privados, compromete el desarrollo económico, la generación de empleos y hasta la producción de alimentos.

Ocultan información sobre los daños a la salud y el ambiente de algunas de sus actividades y llegan a cooptar a miembros de instituciones académicas con el fin de fortalecer esas narrativas.

En años recientes, las instituciones ambientales en México se han ido debilitando, a partir de drásticos recortes de presupuesto y personal, que iniciaron en el gobierno de Enrique Peña y se profundizaron en la actual administración.

La reducción de recursos para la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales limitó seriamente su capacidad de vigilar los usos y condiciones de los territorios, de sancionar los delitos ambientales, combatir plagas e incendios forestales y promover la conservación de los ecosistemas.

En contraparte se ha expandido un fenómeno de gravedad mayúscula: el avance del control de los territorios por la delincuencia organizada. El vacío que ha dejado en distintas regiones el retiro de las instituciones de gobierno permite el control de extensos territorios por “gobiernos criminales paralelos” que se han apropiado de la extracción forestal, se ocupan en la agricultura de exportación y favorecen la destrucción de las áreas forestales periurbanas promoviendo el crecimiento urbano irregular.

El debilitamiento de las instituciones ambientales es resultado de una visión que trivializa los problemas ambientales, ve con sospecha la preocupación ciudadana por ellos y mina el papel del Estado como garante de la provisión de bienes públicos, en coincidencia con las propuestas neoliberales de ajuste estructural; afecta también las capacidades comunitarias para el buen uso, cuidado y gestión de los territorios, que han sido esenciales en la conservación de los ecosistemas mexicanos.

En esta versión de la Agenda socioambiental 2024 que hemos preparado para La Jornada Ecológica, abordamos los temas de ecosistemas forestales, biodiversidad, gobernanzas agrarias, sistema agroalimentario y plaguicidas.

En cada uno incorporamos una parte diagnóstica y diversas propuestas necesarias para revertir el riesgoso status quo de normalización de la destrucción socioambiental que se vive en México.

Esperamos que este trabajo colegiado contribuya a la construcción de experiencias de uso y manejo responsable de los territorios, ecosistemas y bienes naturales en México. Que resulte de utilidad para quienes aspiran a puestos de elección popular y también para la ciudadanía.

Confiamos en que nuestro país puede tener un futuro más justo, en el que su rica naturaleza perdure y en el que la sociedad participe en su gobernanza, uso y cuidado. Un futuro mejor y necesario.

Gracias enormes, como siempre, a La Jornada Ecológica y a su equipo: a su director, Iván Restrepo; a la editora Laura Angulo y Estela Guevara, por darle cabida a estos textos y a estas propuestas.

Leticia Merino y Cecilia Navarro
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