Las regiones forestales de México han sufrido un acelerado cambio desde el siglo pasado; de 1950 a la fecha, la población nacional se multiplicó más de cuatro veces pasando de 25.8 millones hasta 126 millones en 2020; tan solo entre 2010 y 2020 la población creció en 14 millones de habitantes (INEGI).

A pesar de este crecimiento poblacional, la economía, el empleo y las opciones de vida de los habitantes en las regiones rurales y forestales del país no se desarrollaron al mismo ritmo.

Como contexto, entre 1950 y 1981 el producto interno bruto real nacional por persona creció a un ritmo promedio anual de 3.6 por ciento, por las crisis financieras recurrentes; este crecimiento promedio anual se redujo a 1.3 por ciento anual hasta 1995, y desde entonces el crecimiento anual promedio no supera el 2 por ciento.*

En particular, los ingresos de los campesinos mexicanos no se han incrementado en buena medida por la incapacidad de las políticas públicas para impulsar una mayor productividad y acceso a mercados en mejores condiciones.

De esta forma, el campo mexicano y las regiones forestales han sufrido un proceso de empobrecimiento que se intensifica con la falta de oportunidades económicas para las y los jóvenes que emigran hacia las ciudades y otros países.

Si bien en las décadas 1980 y 1990 hubo cambios favorables en las políticas públicas en materia legal e institucional promoviendo la conservación, restauración y gestión sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas, también creció la presión sobre ciertas regiones forestales del país para abrir nuevas tierras para la agricultura y la ganadería, por el crecimiento de las zonas urbanas, desarrollos turísticos mal planeados, infraestructura, y sobre todo por las concesiones para minería.

Desde 2016 hasta hoy se han realizado reformas legales, reducciones presupuestales al sector ambiental y cambios institucionales que han erosionado las capacidades del Estado mexicano para frenar los proyectos, obras y acciones que promueven el deterioro de los ecosistemas forestales.

Aunado a lo anterior, el debilitamiento de la organización campesina y de las asambleas ejidales y comunales, y el control territorial por parte de grupos armados en las regiones rurales, están provocando tasas de degradación forestal y deforestación aceleradas en regiones como la península de Yucatán, Chiapas, las costas de Jalisco, Nayarit y Sinaloa, la región de las Huastecas, los bosques templados de Michoacán y Jalisco, o las selvas secas del Pacífico.

Detener esta dinámica de deterioro en las regiones forestales del país requiere generar empleos, impulsar las economías locales y la restauración de los bosques y selvas.

Sobre todo, reconocer la repercusión profunda que tienen las regiones forestales en el contexto del cambio climático; son esenciales los servicios ambientales que proporcionan: regulación hidrológica, aminorar la vulnerabilidad ante sequías, proteger las cabeceras de cuencas de eventos meteorológicos extremos, conservación del germoplasma, entre otros.

Representa una de las mejores inversiones socioambientales para asegurar un desarrollo productivo y económico del país en el mediano y largo plazo.

Recientemente, a partir de celulosa y de la lignina de los árboles, en varios países se impulsan tecnologías para sustituir el litio en la producción de baterías, nuevos materiales para fabricar pantallas de televisión, celulares y computadores; e incluso utilizar las capacidades fitotóxicas de la madera para desarrollar medicamentos contra el cáncer.

Para que los bosques y selvas sean nuevamente base para el bienestar del país, a través de su aprovechamiento sostenible y restauración, es indispensable reformular las políticas públicas y las instituciones forestales. Algunas de las propuestas más urgentes identificadas son:

Gestión forestal

Actualizar el sistema de gestión de permisos de aprovechamiento y documentación forestales de la Semarnat y flexibilizar significativamente los trámites para obtenerlos.

Fortalecer las capacidades institucionales de la Semarnat, en particular las referentes a la gestión del sector forestal.

Impulsar una regulación que permita atender rápidamente la aparición de plagas, realizando extracciones de saneamiento cuando sea necesario.

Fortalecer las capacidades de la Profepa; hacer posible su presencia en campo, cuidando de no criminalizar a ejidos, comunidades y pequeños propietarios forestales. Establecer auditorías voluntarias para ejidos y comunidades certificados por buen manejo forestal.

Descentralizar la gestión forestal. Traspasarla a los gobiernos estatales, acompañada del fortalecimiento de sus capacidades financieras para asumir esta responsabilidad.

Tala ilegal

Construir una política clara y estrategias de pacificación de las zonas forestales, a través de diálogos con comunidades, ejidos, empresarios y autoridades.

Ajustar los procedimientos administrativos para facilitar el aprovechamiento regular, operando de manera eficiente las oficinas regionales.

Incendios, las plagas y las enfermedades forestales

Generar una estrategia y un plan nacional de manejo integrado del fuego basado en las condiciones actuales de bosques y selvas en el contexto del cambio climático.

Fortalecer las capacidades de comunidades, ejidos y brigadas de Conafor para implementar estrategias de gestión de materiales combustibles: quemas controladas, brechas cortafuegos, combate de incendios y acciones de restauración postincendio.

Generar un presupuesto renovado para la investigación sobre las dinámicas y manejo del fuego. Capacitación y equipamiento de brigadas regionales y locales.

Incrementar el presupuesto y la capacidad de la Conafor para investigación, modelación de riesgos de plagas y enfermedades. Implementar nuevas técnicas y acciones de sanidad. Impulso al aprovechamiento sostenible de los bosques y una regulación adecuada que atienda rápidamente, además de que realice extracciones de saneamiento cuando sean necesarias.

Capacidad institucional, seguridad y presupuesto

Promover la formulación de una estrategia nacional transversal entre Conafor, Semarnat y Conagua, con presupuesto definido, para implementar acciones de restauración dirigidas a recuperar las áreas de abasto de presas y de ecosistemas prioritarios ribereños, como medidas de adaptación al cambio climático a escala regional que permitan garantizar la salud de las cuencas.

Impulsar presupuestos suficientes para la agenda forestal y la operación adecuada de la Conafor, incluyendo incentivos para ejidos, comunidades indígenas y organizaciones de pequeños productores forestales en temas urgentes: a) restauración forestal, conservación y protección de bosques, y restauración de suelos en las cuencas altas; b) desarrollo de cadenas de valor; c) certificación de ejidos y comunidades agrarias; d) solución de conflictos agrarios en regiones forestales, y e) promoción de ordenamientos territoriales y reglamentos internos como base para la gestión de las áreas forestales en ejidos y comunidades.

Promover la formulación de una estrategia nacional y presupuesto para la implementación de acciones de regeneración natural asistida para recuperar cuencas y ecosistemas prioritarios para la adaptación al cambio climático a escala regional y garantizar la hidrología en regiones vulnerables.

Promover mayor inversión para el desarrollo de tecnologías y producción de materias primas prioritarias para el país a partir del uso de biomasa, recursos forestales y bancos genéticos de especies forestales.

Recuperar la gobernanza y seguridad en las regiones forestales. Sin condiciones de paz y seguridad todas las acciones en materia forestal no son posibles.

Referencias
*Kehoe, Timothy J., Felipe Meza (2013) Crecimiento rápido seguido de estancamiento: México (1950-2010), Fondo de Cultura Económica, El Trimestre Económico, vol. LXXX (2), núm. 318, abril-junio de 2013, pp. 237-280. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/pdf/ete/v80n318/2448-718X-ete-80-318-00237.pdf

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