La llamada agenda “gris”, lo es de ese color por los graves impactos que las actividades de las corporaciones mineras, de producción de hidrocarburos, energía eólica y solar, y por el hiperconsumo que promueven en los territorios, los bienes naturales y en nuestras vidas. Larga es la lista de impactos: deforestación, contaminación del agua, el aire y los suelos; de las personas, los animales y las plantas. Desastres que en muchos casos resultan irreversibles.

Los temas “grises” de la Agenda Ambiental 2024, trazada los últimos seis años por un grupo de especialistas, ponen de relieve las consecuencias del hiperconsumo y las prácticas extractivas en que se basan, hoy vergonzosamente desreguladas.

En esta segunda entrega que hacemos vía La Jornada Ecológica de los trabajos realizados como parte de la citada agenda, incluimos el de Ferrari, Masera y Olivera sobre energía. Ellos exponen los impactos del prolongado sistema extractivo petrolero que devastó las selvas tropicales y contaminó el mar en la cuenca del Golfo de México.

La actividad extractiva que sostiene la marcada dependencia del país de los hidrocarburos, hoy se mantiene bajo la forma de fracking, a pesar de la promesa presidencial de prohibir su práctica, de los desastres ecológicos y daños sociales que ocasiona, entre ellos el desmedido uso y contaminación de millones de litros de agua. La opción que plantean los autores, además de diversificar la matriz energética, descentralizar y democratizar la producción de energía, tiene que ver con reducir el consumo.

Merari, Chávez y Venegas analizan con detalle los problemas de la creciente generación de residuos, y la precariedad y fallas de su gestión. También en este caso, exponen a los territorios, y a las personas a contaminación, incluso con residuos altamente tóxicos.

Las autoras analizan el estancamiento de la legislación sobre residuos, la resistencia empresarial a la regulación para evitar la producción de plásticos de un solo uso y a establecer la obligación de los productores de residuos para su reducción y gestión.

También en este campo, la captura regulatoria ha permitido bloquear iniciativas de cambio, promoviendo como opción la privatización del manejo de residuos, en detrimento de la ciudadanía y el medio ambiente.

Beltrán, Llano, Flores y Olivera exponen el modus operandi destructor e ilegal de la actividad minera que ha asolado regiones enteras. Como la tristemente conocida cuenca del Río Sonora por el derrame en Cananea, o la región de Mazapil en Zacatecas, donde los daños socioambientales se acompañan de violencia y presencia criminal. Así lo muestra el análisis sobre la prevalencia de los desplazamientos forzados allí donde operan proyectos mineros.

Al amparo de la Ley Minera de 1992, la minería en México ha despojado de tierras y aguas a miles de mexicanos, tiene presencia en áreas naturales protegidas y ha profundizado la miseria, sin contribuir prácticamente a las finanzas públicas, ni al empleo.

Las autoras y el autor dan también cuenta de la tremenda captura regulatoria a partir de la cual transnacionales, mexicanas y extranjeras, han mantenido hasta ahora enormes privilegios.

En los distintos textos se expresa también claramente la necesidad de cambiar los patrones de producción y consumo, más allá de los discursos del supuesto ambientalismo de las grandes corporaciones mineras, de energías renovables, productoras de plásticos y de manejo de residuos municipales.

En el capítulo de energía se revisan las verdades a medias de quienes insisten en una transición energética, basada en la expansión de las transnacionales de energía solar y eólica. Pero estas invisibilizan la enorme desigualdad en el consumo de energía, la pobreza energética que coexiste con el consumo dispendioso del 10 por ciento y el 1 por ciento de la población más rica de México, responsables de gran parte de la emisión de gases de invernadero.

Propuestas que, lejos de atreverse a plantear la reducción del consumo de los privilegiados, son ciegas respecto al insostenible incremento de la demanda de minerales y al crecimiento de la minería en que proponen basar la transición.

Entre las contribuciones del capítulo sobre residuos, se destaca la crítica a las soluciones, pretendidamente sustentables, impulsadas por la industria: la incineración, termovalorización o coprocesamiento de residuos, que genera contaminación e ignora la necesidad de reducir su producción; la individualización de la responsabilidad de los consumidores por el manejo de residuos, contraria a la propuesta de responsabilizar a los fabricantes por todo el ciclo de vida de sus productos. Y de internalizar los costos ambientales de los mismos.

Por último se destaca que la privatización de la gestión de los residuos ha generado ganancias privadas, e ineficiencia en su operación, sin afectar la generación creciente del consumo y los residuos.

En el capítulo de minería se pone de manifiesto el cinismo de los discursos de “minería sustentable” y “minería y medio ambiente”, con que las corporaciones mineras encubren la sobreexplotación y contaminación del agua y la repetida destrucción de ecosistemas; las violaciones de los derechos humanos, y la opacidad con que extraen sin medida bienes de la Nación. Sin contribuir al bien público y destruyendo la salud y la paz de los vecinos de las minas. La Ley Minera de 1992 fue resultado de la enorme captura institucional de las corporaciones mineras transnacionales.

Estas mismas corporaciones hoy, a través de sus personeros en la Cámara de Diputados, buscan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional la Ley de Minería de 2023, resultado de largas luchas de los pueblos afectados por el respeto de sus derechos.

Estas mismas corporaciones coquetean hoy con las campañas de los contendientes por la presidencia, reclamando ser escuchadas para mantener el statu quo.

En México, las corporaciones mineras han sido largamente escuchadas y abiertamente favorecidas. En cambio, las comunidades afectadas han sido constantemente ignoradas y criminalizadas. La responsabilidad de quienes se asumen como de izquierda no es escuchar a los mineros, no es promover acuerdos imposibles entre ellos y las comunidades. Su responsabilidad, y sobre todo la del Estado, es proteger la vida frente a los intereses del gran capital transnacional.

En este segundo número de La Jornada Ecológica dedicado a la Agenda socioambiental 2024 también se aborda el tema del agua, en un artículo elaborado por Omar Arellano, en el que se analiza el excepcional periodo de sequía en el que estamos inmersos. Se explica por qué la administración que concluye se quedó sumamente limitada en su responsabilidad de sacar adelante una Ley General de Aguas basada en el derecho humano al agua y al saneamiento. Y cuáles son los temas que la próxima administración debe abordar sin más dilaciones.

Y, aunque no es parte de la agenda gris, también se incluye un artículo sobre la situación de los océanos, elaborado por Escobar, Jardel, Martínez, Arizmendi y Merino. Si hay un tema al que el país le ha dado la espalda es el de los océanos y los ecosistemas marinos; esto, a pesar de estar rodeado por océanos y tener millones de habitantes en las regiones costeras.

Los océanos son el gran vertedero de residuos, las pesquerías están en crisis y no hay políticas para enfrentar los desafíos que representan temas como el sargazo, los procesos de defaunación y los impactos del cambio climático. Otro tema de atención urgente.

En todos los trabajos se destaca la opacidad y ausencia de información sobre la operación de las empresas extractivas y contaminantes, sobre sus ganancias, y sobre sus impactos ambientales y en la salud pública, violando así el derecho ciudadano a la información ambiental, reconocido en los Acuerdos de Ezcasú signados por México.

Gracias, nuevamente, a Iván Restrepo, a Laura Angulo y Estela Guevara, por darnos la oportunidad de traer este llamado de atención a La Jornada Ecológica. En estos tiempos de contienda política, la agenda ambiental debe ser determinante para la toma de decisiones.

Leticia Merino
Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM
Cecilia Navarro
Colectiva Cambiémosla Ya
Correo-e: [email protected]