Millones de niñas y niños sufren de enfermedades gastrointestinales que causan malnutrición y limitan su desarrollo físico y cognitivo. Niñas y adolescentes en escuelas rurales padecen su periodo de menstruación porque no hay agua. Decenas de miles de mujeres cargan a diario tambos de 30 litros por más de un kilómetro para llevar a sus casas el líquido vital.

La mayoría de las familias del país pierden una parte significativa de sus ingresos en comprar garrafones, instalar tinacos o cisternas, esperar a que el agua tandeada llegue a sus hogares, pagar pipas o cubrir los costos de enfermedades derivadas de la falta de agua o de su mala calidad.

Esta problemática es generada por un modelo de gestión que ha excluido a la población de la participación en la toma de decisiones. Al mismo tiempo, ante la profunda crisis, las comunidades y la ciudadanía han desarrollado propuestas que nos dan aprendizajes, rumbo y fuerza. Propuestas que, a pesar de los aplastantes golpes del sistema y las dolorosas pérdidas, buscan construir acuerdos entre la población y el gobierno con la firme convicción de que el agua es un bien común que debe ser gestionado por entidades públicas y comunitarias a través de procesos democráticos y con una perspectiva de derechos humanos.

En Oaxaca, después de 300 años de colonia, 100 de cacicazgos, 70 de un régimen autoritario y 30 de políticas neoliberales, los pueblos de los Valles Centrales han combinado su conocimiento tradicional, sus instituciones comunitarias, la defensa jurídica y la articulación, no solo para que el agua regrese a sus pozos, sino que también para lograr que el Estado mexicano dé un primer paso en reconocer sus derechos.

Con acuerdos comunitarios detuvieron la sobreexplotación que secó los pozos y con acciones colectivas de reforestación e infiltración nutrieron con agua el subsuelo. Con su lucha acordaron la primera concesión colectiva de Conagua, una condición importante para sostener sus prácticas regenerativas evitando la división y desarticulación.

El camino continúa para replicar estos aprendizajes y llegar al ejercicio pleno de los derechos constitucionales de los pueblos originarios a gestionar los recursos naturales en sus territorios.

A mil kilómetros al noroeste, en los Altos de Jalisco, tres pueblos sufrieron más de 15 años de hostigamiento de todo el sistema institucional, político y económico de la hidrocracia de México que buscaba llenarse los bolsillos y parchar las fallas cometidas en la gestión del agua en Guadalajara y León.

¿Cómo es posible que la Conagua y los estados de Jalisco y Guanajuato prefirieran despilfarrar más de 50 mil millones de pesos y tratar de inundar a tres pueblos, que invertir en recuperar los ecosistemas en sus microcuencas, modernizar las redes urbanas, reducir fugas y fortalecer los sistemas operadores para lograr una gestión responsable y sostenible del agua?

Ante esta aberración y violencia, Temacapulín, Acasico y Palmarejo, acompañados de movimientos nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil y la academia, conjuntaron estrategias de comunicación, litigio estratégico y ciencia avanzada para que el Poder Judicial y el Ejecutivo federal pusieran un tope a la altura de la presa sin inundarlos. Y acordaron un plan de justicia que sienta las bases para la reparación de daños y la construcción de un referente de cómo organizarnos y que lo que tiene que cambiar en el sistema para no volver a permitir otra gran estafa, como el proyecto de El Zapotillo.

En Chiapas, donde la marginación es más abundante que el agua, las comunidades han formado comités y patronatos que abastecen del vital líquido a más de tres millones de personas, a pesar del olvido de las instituciones.

En una región en la que a lo largo de la historia los gobiernos han buscado destruir el tejido social, decenas de comunidades indígenas de Sitalá y Chenalhó han conformado las primeras asociaciones de patronatos a través de las cuales comparten experiencias de cómo captar el agua de lluvia, proteger sus fuentes, conservar las áreas de recarga, desinfectar el agua, mantener sus redes de distribución, hacer análisis de calidad y gestionar recursos públicos para avanzar en cumplimiento del derecho humano al agua.

Con la fuerza de la protesta con propuesta, en 2023 más de 500 representantes de procesos asociativos de la gestión comunitaria del agua, infancias, mujeres y pueblos originarios se encontraron para crear la Agenda Chiapas por el Agua, la cual ha sido respaldada ampliamente por presidentes municipales y diputados electos, sentando las bases y acuerdos para construir una ruta hacia la justicia hídrica.

En Berriozábal, también en Chiapas, el ayuntamiento y los comités acordaron la creación del primer organismo público-comunitario de agua en México, una institución descentralizada del municipio con una junta de gobierno compuesta por la mitad más uno de representantes elegidos directamente por la asamblea de comités y la mitad menos uno de representantes elegidos por el presidente municipal.

Con este esquema de corresponsabilidad y participación efectiva de la ciudadanía, las comunidades de Berriozábal han visto una transformación positiva de su realidad. El seguimiento de la planeación estratégica a diez años y los planes operativos anuales construidos de forma conjunta entre pueblo y gobierno ha permitido que los comités avancen en erradicar el acarreo, integren a mujeres en la toma de decisiones, reduzcan el acaparamiento de fuentes de abastecimiento, distribuyan el agua de forma equitativa y pasen de dotar el agua dos veces a la semana a hacerlo todos los días.

Pocas soluciones surgirán dentro del sistema que ha producido los problemas que enfrentamos. Hay que buscar las propuestas de cambio en los márgenes y en la resistencia.

Afortunadamente, nuestro país cuenta con una gran riqueza de movimientos, alianzas, coaliciones, iniciativas y colaboraciones que plantean nuevos paradigmas para la transformación positiva de la crisis que vivimos en México.

Entre muchos más, se encuentran: el Inventario Nacional de Calidad de Agua que trabaja por la transparencia en la información y evitar que la gente consuma agua con arsénico y fluoruros; las Contralorías Ciudadanas del Agua que están formando un contrapeso al control ejercido históricamente por los grandes intereses sobre las instituciones; la Alianza por la Salud Alimentaria que busca detener abusos de la industria refresquera que han contribuido a las epidemias de diabetes y obesidad; la Unidad de Riego el Chapotal de citricultores en Montemorelos que a través de un proceso democrático decidió apoyar con su agua de riego al uso público-urbano de la Zona Metropolitana de Monterrey en el abastecimiento de agua a la población durante la crisis del 2022; los sistemas comunitarios de las Escuelitas del Agua que proveen de agua decenas de miles de personas en localidades periurbanas de Morelos y el Estado de México; Redes del Agua que promueve los derechos asociados al agua desde lo local hasta al ámbito internacional; y la Alianza contra el Fracking que lucha para proteger al país de una devastadora e irreversible contaminación.

En cada una de estas experiencias existen principios, propuestas, procesos y aprendizajes que conforman las bases para generar nuevos modelos de gestión hídrica.

La transformación también se genera cuando instituciones públicas, como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), la Conagua y Semarnat, fortalecen las capacidades de la población, las comunidades, las organizaciones y los sistemas de agua, construyendo un cambio conjunto.

La ruta a seguir es un camino de transformación del sistema actual, a través de la construcción de acuerdos en todas las escalas del territorio. Acuerdos que se codifiquen en el marco normativo, las políticas públicas y las instituciones del Estado mexicano para garantizar los derechos humanos y la gestión equitativa y sustentable del agua.

A partir de estos acuerdos es posible construir un México en el que: las familias capten agua de lluvia y las mujeres usen la fuerza de su palabra y no la de su espalda; el agua llegue todos los días a los hogares rurales como lo hacen en San Isidro de Berriozábal; la diarrea crónica sea un recuerdo del pasado y los niños desarrollen todo su potencial; las niñas y adolescentes puedan vivir su menstruación con dignidad en las escuelas.

Además, que quienes residimos en la ciudades podamos tomar agua de la llave y no tengamos que salir a comprar el garrafón; la vida regrese a los ríos y los ecosistemas sostengan su flujo a lo largo del año; la eficiencia y buena gestión permita que el agua alcance para que la economía se fortalezca con certidumbre y competitividad; el agua, como la de los Valles Centrales regrese a los pozos agrícolas y con la tecnificación se fortalezca el campo, y la colaboración por el agua nos brinde ejemplos de cómo seguir construyendo en otras dimensiones de nuestra sociedad.

Fermín Reygadas Robles Gil*
Correo-e: [email protected]

*Fermín estudió física en la UNAM y un doctorado interdisciplinario en agua de la Universidad de California en Berkeley. Es cofundador y director general de Cántaro Azul, integrante de la junta de gobierno del organismo público-comunitario de agua en Berriozábal y miembro de la asamblea de la Red de Integridad por el Agua.
Ha participado como asesor de las Comisiones de Recursos Hidráulicos en el Congreso de Chiapas y en la Cámara de Diputadas y Diputados de México. Por su trayectoria de 20 años en la innovación y el cambio sistémico, Fermín ha sido reconocido como Emprendedor Social de Ashoka.