Promover mecanismos adecuados para impulsar una producción regulada entre pequeños propietarios es también un tema de integración social y económica. Se requiere revisar las políticas públicas del sector forestal para que sean incluyentes, proporcionales y adaptadas a las condiciones de este país.
El problema de la tala ilegal y la presencia del crimen organizado no es un asunto exclusivo de orden policiaco. Al contrario, es un tema estructural que requiere una perspectiva integradora, que recupere el significado vital de los bosques y selvas del país.
Desde 2016 hasta hoy se han realizado reformas legales, reducciones presupuestales al sector ambiental y cambios institucionales que han erosionado las capacidades del Estado mexicano para frenar los proyectos, obras y acciones que promueven el deterioro de los ecosistemas forestales.
Para cumplir con el objetivo de justicia social y superación de pobreza en las regiones forestales se requiere recuperar la acción y la inversión gubernamental para restaurar y gestionar sosteniblemente los bosques y las selvas.
Agenda socioambiental para México